Subraya Ombudsperson Nacional complementariedad de los sistemas Universal y Regional de derechos humanos
No son sustitutos de los Órganos Nacionales
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, subrayó hoy que los sistemas universal y regional de protección y defensa de los derechos humanos son complementarios y nunca sustitutos de los órganos nacionales. Esa complementariedad los enriquece al tener como objetivo común prevenir que se cometan violaciones a la dignidad de las personas, que haya justicia para las víctimas, se les restituyan sus derechos y la correspondiente reparación del daño.
Apuntó que la CNDH y el Poder Judicial son aliados para evitar afectaciones a la dignidad de las personas y restituirles los derechos conculcados. Recordó cómo la CNDH también activó el Sistema Regional, cuando acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y logró que esta institución solicitara medidas cautelares al Gobierno de los Estados Unidos para la protección de las niñas y niños en contexto de migración separados de sus familias.
Al participar en la Mesa de Discusión “Derechos Humanos y Estado de Derecho: el Papel del Juez en el Régimen Democrático”, dentro del “Encuentro de Coordinadores de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación: El Juez y el Estado de Derecho en las Democracias Contemporáneas”, organizado por la SCJN, González Pérez puso en relieve, asimismo, que el sistema no jurisdiccional abreva de las sentencias del Poder Judicial, y precisó que la jurisprudencia del máximo intérprete de la Constitución es hoja de ruta de la actividad de la CNDH.
Tras enfatizar que la CNDH, magistradas, magistrados, juezas y jueces no defienden delincuentes, sino la legalidad y el Estado de Derecho, expresó que para evitar la anomia en sus resoluciones el Poder Judicial debe darles un marco que establezca los parámetros sobre todo frente a un control difuso de convencionalidad.
Acompañado por el Ministro Alberto Pérez Dayán; la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos; Sergio García Ramírez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Luis López Guerra, profesor de la Universidad Complutense de Madrid; José de Jesús Orozco Henríquez, del IIJ-UNAM e integrante del Consejo Consultivo de la CNDH, el Ombudsperson nacional recordó que el Organismo Nacional es competente sobre actos y omisiones de carácter administrativo de todos los Poderes, con excepción del Judicial Federal.
Pérez Dayán dijo que a pesar de que los derechos humanos se han desarrollado en ideas democráticas de un Estado de Derecho, no todo es progreso ni todo crecimiento supone un desarrollo, pues hoy el orden jurídico entrega al juzgador un papel fundamental de gran poder, en que diseña indirectamente políticas públicas y establece criterios esperanzadores donde los retos y las dinámicas gubernamentales pueden no alcanzar los objetivos trazados. En tanto, la sociedad exige y encuentra en el juzgador un refugio para lograr la plenitud de sus derechos.
Agregó que el juez está llamado a ser responsable de esas exigencias, pero los nuevos poderes deben encontrar límites, pues se habla del voluntarismo judicial, una especie de aventura a través de la sentencia que llevada al contexto especifico en que se debe aplicar genera dificultades muy severas de cumplimiento.
La Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos refirió el que papel del juez constitucional es fundamental en un Estado Democrático de Derecho, ya que día a día legitima su labor a través del dictado de sentencias, estudio y actualización permanente. Además, todos los juzgadores tienen la obligación de respetar los derechos humanos y la responsabilidad de aplicar el marco jurídico nacional e internacional a cada resolución emitida, lo que contribuye a una mejor impartición de justicia.
Detalló que juezas y jueces deben implementar políticas públicas con perspectiva de género dentro de sus labores de impartidores de justicia para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, y con ello dar acceso a la justicia sin restricción alguna a ese grupo en situación de vulnerabilidad, ya que es parte de los pendientes que enfrenta México, y para ello la SCJN ha colaborado con innumerables precedentes.
José de Jesús Orozco se refirió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su encomienda de defender esos derechos en la región y ser órgano de consulta en la OEA. Explicó cómo la CIDH atiende casos de violencia doméstica con labor de acompañamiento, y cómo a petición del Gobierno de nuestro país intervino en el caso Ayotzinapa, sobre el cual, aunque sin carácter vinculatorio, expresó diversos señalamientos.
Opinó que en México los jueces constitucionales tienen la misión de atender con la mayor atención los derechos humanos, y para cumplir con ello deben preferir la aplicación de aquella norma que marque los estándares internacionales que los Estados se han comprometido a respetar.
Sergio García Ramírez, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, comentó que en tiempos de grandes cambios y expectativas la misión del juez constitucional es mantener la vigencia rigurosa, estricta y constante del Estado de Derecho, porque finalmente es la garantía para todos. Destacó, por último, que el juez ya no es más la boca que pronuncia las palabras de la ley. Hoy día el juzgador ha destronado al legislador, por lo que debe de tener una actitud dinámica frente al orden jurídico, no precipitada, no aventurera.
