Revela CNDH falta de atención al fenómeno migratorio de retorno

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subraya que la atención al fenómeno migratorio de retorno es responsabilidad conjunta de Estados y Gobiernos, y como país debemos darle respuesta adecuada que vaya más allá de las cartillas informativas, la agilización de trámites fronterizos o el acompañamiento en el camino de regreso. A las y los mexicanos que regresan debe brindárseles el entorno económico y social con las condiciones necesarias para que sus derechos sean vigentes y en el que puedan prosperar y desarrollarse. Ambiente y condiciones que, en su oportunidad, nuestro país no les ofreció y que, en buena medida, pudieron determinar que tomaran la decisión de migrar.

Ante la relevancia del fenómeno migratorio de retorno, que en general ha sido poco visibilizado y estudiado, la CNDH y El Colegio de México desarrollaron el estudio “Migración de Retorno y Derechos Sociales: Barreras a la Integración” mediante el cual se hacen patentes las necesidades de las personas retornadas y se presentan herramientas de trabajo para que las autoridades competentes implementen políticas públicas y legislativas dirigidas a esa dinámica migratoria que no ha sido suficientemente visibilizada ni cabalmente considerada por el Estado mexicano.

Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, quien destacó que en dicho estudio se desarrollan, desde una perspectiva multidisciplinaria que tiene como eje los derechos humanos, cada uno de los desafíos institucionales para que la migración de retorno tenga acceso a los derechos sociales en nuestro país, los retos para la integración escolar, las barreras en materia de salud, el derecho a la vivienda y el diseño normativo para atender dicho fenómeno.

México, explicó, es país de retorno para las y los mexicanos y también para quienes provienen de otros países, en particular centroamericanos, que después de haber cruzado el nuestro y solicitado asilo a los Estados Unidos son regresados a nuestro  territorio para esperar su audiencia ante el juez migratorio norteamericano y se desahogue el procedimiento correspondiente, por lo que el Estado mexicano debe adoptar una definición y establecer una postura clara frente a lo que parece la aceptación implícita de una determinación unilateral del Gobierno estadounidense de imponer a nuestro país la responsabilidad de servir como estancia temporal para quienes desean entrar a su territorio, con independencia de su nacionalidad, en lo que se desahogan y determina la procedencia de sus trámites migratorios.

Acompañado por Silvia Elena Giorguli, Presidenta de El Colegio de México; Carlos Heredia, profesor del CIDE; Esmeralda Flores, persona retornada, y Édgar Corzo, Quinto Visitador General, señaló que la falta de una definición clara del Gobierno mexicano ante dicho problema propicia cuestionamientos cuyas respuestas deben ser definidas para prevenir afectaciones posteriores, como la forma y términos de certeza de la identidad y nacionalidad de quienes regresan; los medios por los que podrán subsistir al carecer de permisos o autorizaciones para trabajar, y el destino de esas personas si el gobierno estadounidense les niega finalmente la autorización de ingreso. Todo ello, dijo, requiere recursos presupuestales suficientes y oportunos y acciones para salvaguardar sus derechos.

Tras mencionar que un análisis del fenómeno migratorio no está completo si solo se considera como un movimiento hacia un destino final, sin incluir la posibilidad del regreso al lugar de origen, dijo que, de acuerdo con información disponible en la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en promedio en los últimos cinco años al menos 200,000 personas de origen mexicano han vuelto a México. Tan solo en 2018, un total de 10,831 niñas, niños y adolescentes fueron repatriados desde Estados Unidos, de los cuales 9,586 viajaron no acompañados.

González Pérez demandó desarrollar una cultura de convivencia y respeto ante los fenómenos migratorios, para que quien cruce nuestro territorio o se vea forzado a permanecer en él cumpla con nuestras leyes y respete los derechos de las y los mexicanos, al tiempo que el Estado mexicano les brinde atención y ayuda. Se debe respetar a quienes migran y, con independencia de su país de origen, género o pertenencia étnica, se les brinden opciones para propiciar su inclusión social. Bajo ninguna óptica podemos exigir respeto a nuestros connacionales en el extranjero si no somos capaces de hacerlo en nuestro propio país.

Por su parte, Silvia Elena Giorguli indicó que en el país hay casi 600,000 personas que han retornado, y se requiere que puedan ejercer su ciudadanía en materias de vivienda, educación, salud y trabajo. Señaló que en la investigación se ven las barreras y trabas que enfrentan para establecerse, y se aborda la dimensión jurídica de ese problema. Destacó la incertidumbre sobre los programas, en términos de presupuesto y de su continuidad, así como que las personas migrantes de retorno tienen que enfrentar la no aceptación en los lugares a los que llegan.

Esmeralda Flores señaló que las personas que han retornado de manera voluntaria e involuntaria a México son estigmatizadas y discriminadas para ingresar a las escuelas y a trabajos, ya que son agredidas por utilizar inglés y no español como idioma y carecer de documentos de identidad. Refirió que ser una persona retornada no debe ser título de discriminación que violente su integridad.

Carlos Heredia expresó que las personas en situación de retorno presentan dificultad social- étnica de integración social en Estados Unidos y rechazó al retornar a México. Tras destacar que las ciudades de Tapachula y Tijuana son puntos críticos de migración, indicó que es necesario encontrar puntos de oportunidad en el país, donde existen vastas áreas geográficas, como Baja California y Nuevo León, donde los empresarios solicitan trabajadores, lo que es un área de oportunidad para las personas migrantes retornadas.