Afirma CNDH que, pese a las acciones emprendidas, las amenazas a los derechos de las personas migrantes mexicanas, han empeorado con posterioridad a 2016

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que, pese al cúmulo de declaraciones, buenos propósitos y medidas que se han implementado desde México para intentar apoyar a las y los mexicanos que viven en los Estados Unidos de América, lo cierto es que el alcance de tales acciones ha sido limitado y poco es lo que se ha podido hacer para contrarrestar expresiones como el  discurso de odio que desde el Poder Ejecutivo se ha articulado en contra de los extranjeros, discurso que si bien podría considerarse motivado por razones políticas, desafortunadamente se ha convertido en un problema social.

Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al presentar el Estudio “Amenazas a los Derechos Civiles e Incremento en la Hostilidad Social que Enfrentan las Personas Migrantes de Nacionalidad Mexicana en los Estados Unidos”, quien además precisó que aun cuando no hemos llegado a situaciones extremas de violencia, el constante uso político de la migración como causa de problemáticas vigentes y no atendidas en los Estados Unidos de América, ha generado un creciente clima de animadversión hacia nuestros compatriotas que afecta el normal desarrollo de su vida cotidiana. Tras mencionar que de acuerdo con cifras del Instituto para los Mexicanos en el Exterior hay doce millones de personas nacidas en México que viven en los Estados Unidos de América, destacó que la posibilidad de que la dignidad humana se niegue y transgreda es realidad y riesgo presente.

Acompañado por David Scott FitzGerald, Codirector del Centro de Estudios Comparativos de la Migración de la Universidad de California, San Diego (CCIS) y coautor del estudio; Gustavo López, coautor del estudio e investigador del CCIS; Tatiana Brofft, colaboradora en el Instituto para las Mujeres en la Migración, y Édgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la CNDH, González Pérez apuntó que las voces que hacen eco de la discriminación y la exclusión, así como las amenazas sobre los derechos y dignidad de las personas llaman a la acción, a volver los ojos a nuestros compatriotas en el extranjero, a reflexionar sobre la forma en que como Estado y sociedad podemos apoyarlos y solidarizarnos con sus necesidades, y a analizar la forma y términos en que en México se trata a los migrantes en situación irregular para que, en un ejercicio mínimo de coherencia, se les dé el mismo trato y garantías que se piden para las y los mexicanos migrantes en Estados Unidos.

Refirió que el estudio analiza las continuidades y los cambios en la aplicación de la ley de migración en los dos últimos períodos presidenciales de los Estados Unidos de América; estudiando las políticas de aplicación de la ley de migración, su implementación y sus efectos, con especial atención a la experiencia de los más de cuatro millones de personas migrantes mexicanas en California; y se presentan evidencias de violaciones directas de sus derechos civiles, incluidas las separaciones familiares como elemento disuasivo de la inmigración, la utilización del perfil racial de las y los mexicanos y otros latinos, así como casos de abuso en el uso de la fuerza por funcionarios de migración y la policía norteamericana.

Por su parte, David Scott FitzGerald señaló que para el estudio se enfocaron en las experiencias de las personas de origen mexicano que residen en Estados Unidos e identificaron los abusos en su contra durante las administraciones de Barack Obama y Donald Trump, y señaló que en la administración Trump se incrementó el discurso antilatino y antimusulman, lo que dificultó medir la discriminación y abusos, ya que no son reportados a las autoridades; sin embargo, utilizaron datos del Departamento de Seguridad Interior relacionados con delitos por odio racista, cifras de las organizaciones de la sociedad civil y encuestas con personas migrantes.

En su intervención Tatiana Brofft mencionó que el estudio sistematiza y compila los problemas que las personas migrantes enfrentan en Estados Unidos, por lo que constituye un insumo útil para reflexionar y elaborar propuestas de manera estratégica para una nueva política migratoria. En este sentido, planteó la construcción de un protocolo para la protección de las personas migrantes de origen mexicano y la necesidad de reforzar las acciones de protección consular, haciendo sinergia con los distintos actores y desde luego con el Gobierno Federal, propuestas con las que coincidió y a las que se sumó el Ombudsperson nacional, quien pondrá a disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores el Estudio presentado, a fin de que se utilice para las políticas que establezca y las acciones que emprenda.

Gustavo López indicó que, aunque en 2016 el 15% de los mexicanos que fueron deportados de los Estados Unidos denunció algún tipo de abuso, para 2017 el 22% indicó que fue víctima de agresiones, físicas y verbales, y detenido sin justificación. Indicó que de 2016 a la fecha más de 3,000 niñas y niños han sido separados de sus padres y madres y son violados sus derechos humanos ya que no se respeta el Acuerdo Flores, que ordena que deben estar alojados en un albergue y se tienen que priorizar la reunificación con sus familias.