Reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública del gobierno de Veracruz por la desaparición forzada de 5 jóvenes en el municipio de Tierra Blanca
En cumplimiento de la Recomendación 5VG/2017 por violaciones graves a derechos humanos, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
El pasado 19 de julio de 2017, este Organismo Nacional acreditó violaciones graves a derechos humanos, entre ellas desaparición forzada, de que fueron objeto cuatro jóvenes y una menor de edad en dicho municipio, ocurrida el 11 de enero de 2016, que, por su naturaleza y gravedad del hecho, trascendió el interés del estado de Veracruz e incidió en la opinión pública nacional e internacional.
En la recomendación específica número cuatro se estableció la necesidad de ofrecer una disculpa pública a las víctimas indirectas que se traduzca en un compromiso ético, moral, jurídico y político de orientar el desempeño institucional en un marco de respeto a los derechos humanos, con el objetivo de evitar por todos los medios legales que sucesos como los ocurridos se repitan.
En un evento público celebrado este día, en el Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, la señora Carmen Garibo, madre de Susana Tapia Garibo; y los señores Bernardo Benítez, padre de Bernardo Benítez Arróniz y José Benítez, padre de José Benítez de la O, llamaron a sensibilizar a jueces, fiscales y autoridades que llevan el caso para exigir justicia, juzgar a los culpables de tales hechos, ya que hasta la fecha no han sido sentenciados, así como finalizar el caso de manera positiva. Coincidieron en llamar al gobernador de Veracruz, a caminar junto con las víctimas y transformar a las instituciones, para depurarlas, lo que contribuirá en hacerles justicia.
Por su parte, José Benítez, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, señaló que está hartó de “juzgar a las autoridades por atrás para que caminen”, y pidió que todo tipo de autoridades deben de sensibilizarse como personas y padres de familia, pues solo así se podrá llegar a la justicia.
En su momento, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ofreció una disculpa pública a las familias de los cinco jóvenes. Señaló que, en cumplimiento de la Recomendación dictada por la CNDH, reconoce la responsabilidad estatal por la conducta llevada a cabo el 11 de enero de 2016 por servidores públicos locales, que ocasionó la desaparición forzada y tortura de los jóvenes, lo que violó sus derechos a la integridad personal, seguridad y a la vida, y a los familiares por la violación al derecho a la verdad e integridad jurídica.
Reconoció que las autoridades estatales no actuaron de manera pronta y diligente en la búsqueda de sus hijos, no brindaron seguridad a las víctimas, así como criminalizaron falsamente a los jóvenes: José Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco, Susana Tapia Garibo, José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arróniz, quienes eran inocentes. Subrayó que, toda violación a derechos humanos, debe tener la sanción que le corresponde, por lo que trabajarán para dar cumplimiento a los puntos recomendatorios de la CNDH y reparar de manera integral el daño a las víctimas, para que puedan acceder a la verdad y la justicia. Y reafirmó “que quedé muy claro, Fernando, José, Susana, José Alfredo y Mario Arturo eran inocentes y nunca debieron vivir los hechos que sufrieron”.
Por su parte, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, Alejandro Encinas, dijo que la disculpa pública no repara el hecho, pero es un paso en el reconocimiento del Gobierno de Veracruz para hacer justicia y una oportunidad para construir un Estado más justo y frenar las violaciones a los derechos humanos.
En representación del Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, asistió Ismael Eslava Pérez, Primer Visitador General de la CNDH; también participaron; Sara Irene Herrerías, Titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de la República (FGR); Jaime Rochín, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); Mario Patrón, Director del Centro de Derechos Humanos José Agustín Pro Juárez, así como los familiares de las víctimas; José Benítez, Carmen Garibo, Bernardo Benítez, Dionisia Sánchez, María del Carmen Díaz, y Celestino Espinoza, abogado de las familias.
