Solicita CNDH a SEGOB implementar medidas cautelares para impedir violación a los derechos humanos de los niños con motivo del recorte presupuestal del programa de estancias infantiles

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de Gobernación la implementación de seis medidas cautelares para impedir la violación a los derechos humanos de niñas y niños con motivo del recorte presupuestal de casi 50% al “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos” y la emisión del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del “Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y los Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2019” (Programa de Apoyo 2019).

Este Organismo Nacional ha recibido diversos escritos de queja al respecto, entre ellos, el presentado el 25 de febrero del año en curso, suscrito por Responsables de Estancias Infantiles de diversas entidades federativas del país, en el cual solicitaron la emisión de medidas cautelares relacionadas, entre otros, con los siguientes aspectos:

Medidas de seguridad urgentes para las responsables de estancias infantiles que hayan sufrido agresiones o amenazas derivadas de la información publicada relacionada con acusaciones de corrupción y por realizar la defensa de los derechos humanos de niñas, niños y mujeres; el pago de los apoyos de enero y febrero, en los términos en que operaba en 2018. Asimismo, piden una disculpa pública de las autoridades federales «por haber difamado y acusado de corruptas y de operar irregularmente a las responsables de las estancias infantiles», toda vez que se dañó su imagen y reputación, y frenar el hostigamiento a las responsables de esas instalaciones por parte de autoridades federales y en algunos casos, estatales y municipales.

Por ello, en Oficio dirigido al Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, la Comisión Nacional le solicita acordar seis medidas cautelares: Generar las acciones de coordinación necesarias entre autoridades federales y locales que eviten la violación de los derechos de niñas y niños con motivo del recorte presupuestal en la asignación de recursos destinados al Programa de Apoyo 2019 y su modificación en la forma de asignar los apoyos económicos, privilegiando en toda actividad estatal el interés superior de la niñez; gestionar ante las autoridades que correspondan, la implementación de las medidas que resulten necesarias para garantizar y salvaguardar la integridad y seguridad de las personas responsables y trabajadoras de estancias infantiles que han sido amenazadas, agredidas y hostigadas.

Propiciar la coordinación entre autoridades federales y locales, a fin de evitar la estigmatización de las personas responsables y trabajadoras de las estancias infantiles, además de continuar siendo un vínculo de interlocución con ellas que permita encontrar solución a la problemática que han planteado; establecer las acciones que permitan hacer efectivo el derecho de participación de madres trabajadoras y padres solos o tutores con motivo de las medidas administrativas y legales que en su caso se adopten en relación con el Programa de Apoyos 2019, teniendo presente en todo momento el interés superior de niñas y niños.

Buscar la generación de políticas públicas de igualdad entre los géneros que permitan a las mujeres conciliar el ejercicio del derecho al trabajo y el derecho a la familia, que redunden en el mayor beneficio de las niñas y los niños; gestionar las medidas que resulten necesarias a fin de evitar regresión alguna en el ejercicio de los derechos económicos y sociales de todas las personas beneficiarias del Programa.

En el documento, la Comisión Nacional subraya que ha expresado públicamente su preocupación por el impacto de las medidas anunciadas en los derechos de niñas y niños, sus familias, así como responsables y trabajadoras de estancias infantiles, entre otras, por las razones siguientes:

1. La posible restricción a los derechos de la primera infancia como son el de educación, estimulación temprana, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Por ello, las políticas públicas emprendidas por las autoridades federales y locales deben garantizar los derechos de la niñez y su interés superior, asegurando la asignación prioritaria de recursos para tal efecto;
2. El recorte presupuestal y la desaparición del Programa de Estancias Infantiles, puede propiciar que madres y padres afectados en la atención y cuidado de sus hijas e hijos, busquen otras  opciones  que deriven  en un gasto familiar  imprevisto, o dejar el cuidado de ellas  y  ellos  a  personas  que  no  cuenten  con  las  habilidades  y  preparación.
3. El Comité de los Derechos del Niño ha destacado la importancia de que los Estados Nacionales realicen inversiones en el desarrollo de la primera infancia, lo cual tendría un efecto positivo y directo al romper ciclos de pobreza y generar una elevada rentabilidad económica en el futuro, sin soslayar que el Estado  Mexicano en el año 2020 tendrá que comparecer ante ese Comité con motivo del Sexto Informe Periódico de Cumplimiento de  la  Convención  sobre  los  Derechos del Niño, en cuyo caso podría haber alguna Observación a las autoridades mexicanas;
4. Se podrían profundizar las brechas de desigualdad de género en el país, toda vez que las mujeres trabajadoras se verían obligadas a renunciar a su empleo para asumir el cuidado total de sus hijas e hijos.
5. De conformidad con las Reglas de Operación del Programa de Apoyo 2019, la ayuda se entregará directamente a la madre, padre solo o tutor, sin embargo, es conveniente evaluar si las transferencias económicas directas a las familias resultan el mecanismo idóneo para garantizar los derechos de niñas y niños o servirán para satisfacer otras necesidades básicas;
6. Adicionalmente, el cierre de estancias infantiles tendría como consecuencia la afectación de derechos de las personas responsables y trabajadoras de esos establecimientos, sin desconocer que esos apoyos económicos se destinan a la población en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y marginación social. En este sentido, la disminución de recursos presupuestarios y la transferencia directa de los apoyos a la madre, padre solo o tutor, podría acentuar las diferencias entre las acciones destinadas a los beneficiarios de los sistemas de Seguridad Social ya establecidos y las personas que no cuentan con acceso a ellos.
7. Ante señalamientos de actos de corrupción, irregularidades o problemas administrativos, es incuestionable la obligación de las autoridades de investigar y sancionar a los responsables, sin embargo, sin prejuzgar a priori, no se puede estigmatizar a las personas encargadas y trabajadoras de las estancias infantiles, pues algunas de ellas han expresado haber sido víctimas de amenazas e insultos;
8. Es preciso señalar, de acuerdo con la información que se desprende del escrito de queja del 25 de febrero del año en curso, que la Auditoría Superior de la Federación evaluó el Programa de Estancias Infantiles durante el periodo 2017 y 2018, habiendo detectado irregularidades en 319 estancias infantiles de un total de 9,565, lo que representó el 3.3% de los establecimientos en el país e hizo observación sólo al 1.8% del presupuesto del programa.
9. Las responsables de más de 8,000 estancias infantiles fueron capacitadas por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) para la detección y atención temprana de personas menores con discapacidad, y
10. De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Apoyo 2019, éste estará dirigido a personas que habiten en municipios indígenas de alto rezago social, pobreza extrema y zonas con alto grado de marginación y altos índices de violencia, no contemplando a las mujeres trabajadoras y padres solos o tutores que viven en situaciones de pobreza urbana y que no cuentan con seguridad social ni recursos para pagar los servicios de cuidado infantil, entre otros supuestos.

Esta Comisión Nacional continuará integrando el expediente de queja y en su momento emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.