22 de diciembre de 2024

OMBUDSPERSON mexicano propone a alianza global de instituciones nacionales, protocolo de cooperación que proteja a los migrantes

Al participar en la Conferencia Anual de GANHRI, Luis Raúl González Pérez pide la colaboración regional de Ombdusperson para cumplir con el Pacto Mundial para la Migración

El Ombudsperson mexicano, Luis Raúl González Pérez, se manifestó en favor de los derechos humanos de las personas en contexto de migración en el mundo, y llamó a los miembros de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) a implementar un Protocolo de Cooperación Interinstitucional que les proteja, así como incrementar la colaboración regional con otros Ombdusperson y Mecanismos Regionales de Protección a los Derechos Humanos, para que, de esta manera se contribuya a la aplicación, y seguimiento del Pacto Mundial para la Migración.

 

Al participar en la Conferencia Anual de GANHRI, González Pérez hizo patente el compromiso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como Órgano del Estado mexicano, de hacer esfuerzos para alcanzar los objetivos trazados en el Pacto Mundial para la Migración segura, ordenada y regular y en consecuencia lograr el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad internacional.

 

Ante representantes de las INDH de todas las regiones, de sus socios de las Naciones Unidas y de la sociedad civil, así como de los Estados Miembros, reunidos en el Palais des Nations, el Ombudsperson mexicano aseguró que para hablar del tema hay que considerar que antes de ser migrantes son personas, y que la migración en México debe de analizarse a la luz de que es un país de origen, tránsito, destino, y ahora también de retorno de connacionales.

 

Al participar en el Panel 3: La cooperación regional, subregional e interregional, el Presidente de la CNDH de México, presentó la Ponencia “Velar por la aplicación, el seguimiento y el examen del pacto mundial para la migración basados en los derechos humanos y con perspectiva de género: el papel de las instituciones nacionales de derechos humanos”, en la que enumeró las múltiples acciones desplegadas por la Comisión Nacional mexicana desde un enfoque de cooperación regional y de conjunción de esfuerzos en beneficio de las personas migrantes.

 

Durante su exposición, resaltó como caso ejemplar la solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la separación de niños migrantes de sus familias, en la frontera sur de Estados Unidos, realizada por las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano, en la que solicitaron adoptar todas las medidas necesarias para proteger el derecho a la integridad personal, la familia y la libertad personal, en relación con los derechos de la niñez.

 

Destacó que la iniciativa de dicha solicitud fue de la Comisión Nacional de México, apoyada por las INDH de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Colombia, quienes, por primera vez y marcando un precedente importante para el trabajo coordinado de las INDH, se unieron para solicitar medidas cautelares a la CIDH.

 

De la misma forma, la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano solicitó a la CIDH, una audiencia temática sobre desplazamiento forzado interno, misma que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia. En dicha recepción las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de los países de Honduras, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Chile, El Salvador, Guatemala y México presentaron una serie de propuestas de acciones a tomar por parte de las INDH, entre ellas, se propuso impulsar la aprobación de legislación de desplazamiento interno por las INDH, en aquellos Estados donde haya población desplazada, pero no existe dicha normatividad.

 

Además, se planteó que las INDH de la región suscriban la Declaración de México sobre Desplazamiento Forzado Interno, con el objetivo de promover la protección y asistencia de personas víctimas de desplazamiento interno; y, se propuso la construcción de instrumentos y herramientas de gestión que vinculen el enfoque de riesgo desde la perspectiva de los derechos humanos, entre otras iniciativas.

 

Un ejemplo más de cooperación regional fue la Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en la Región, misma que se coordinó entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República del Ecuador, Estados Unidos Mexicanos, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay, reunidos en la ciudad de Quito, con el objeto de intercambiar información y buenas prácticas con miras a articular una coordinación regional con respecto a la crisis migratoria de ciudadanos venezolanos en la región.

 

Finalmente, el Ombudsperson nacional también habló sobre las “Caravanas Migrantes”, señalando la importancia de la cooperación regional en el intercambio de información para la mejor protección de los derechos fundamentales de las personas en contexto de migración; resaltando el trabajo conjunto obtenido al respecto con las Defensorías del Pueblo de Honduras, Salvador y Guatemala.

 

El Presidente de la CNDH también participó en la Consulta sobre las experiencias y prácticas de las instituciones nacionales de derechos humanos en su labor de apoyo al establecimiento y mantenimiento de sociedades inclusivas y la aplicación de la Agenda 2030.

 

En dicha reunión se citó de manera permanente la Declaración de Mérida, sobre El Papel de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en la ejecución de la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015, durante la Conferencia internacional de INDH auspiciada por el Presidente de la CNDH de México y la cual se ha configurado como una hoja de ruta para todas las INDH del mundo.

 

Entre otros temas, Luis Raúl González Pérez, presentó y puso a disposición de los participantes la estrategia de la CNDH sobre la vinculación de los derechos económicos, sociales y culturales y la agenda 2030. Además, dio a conocer la serie de 17 fascículos sobre los ODS y los estudios sobre salario mínimo, presupuestos públicos con enfoque de derechos humanos, pobreza y derechos humanos; así como el Atlas de la Igualdad y el Programa de Empresas y Derechos Humanos, recientemente creado.

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