Denuncia CNDH falta de evidencias de autoridades sobre implementación de una política pública preventiva en zonas de alta vulnerabilidad a la trata de personas
En el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos –25 de marzo—, el Organismo Nacional evidencia incumplimiento de la Ley General en materia de Trata de Personas por parte de autoridades, a casi 7 años de su entrada en vigor
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirma que, a casi 7 años de la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos (Ley General), no existen evidencias de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno hayan implementado una política pública dirigida a la atención preventiva en zonas y grupos de alta vulnerabilidad.
De acuerdo con un análisis realizado por este Organismo Nacional sobre el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades en torno de la Ley General, no existe una evaluación o diagnóstico que permita identificar a las regiones y localidades con rezagos en la atención a los delitos en materia de trata de personas, ni se han desarrollado los programas complementarios mandatados por la Ley General en materia preventiva para cumplir con las disposiciones señaladas en los capítulos relativos a la Atención Preventiva a Zonas y Grupos de Alta Vulnerabilidad y Atención a Rezagos del citado ordenamiento.
Tampoco se cuenta con evidencia de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en los ámbitos de sus respectivas competencias y en términos de las disposiciones aplicables, hayan generado, como les mandata la Ley General, indicadores sobre la aplicación y resultados de los programas para prevenir los delitos en materia de trata de personas, con la finalidad de que los avances puedan ser evaluados.
De acuerdo con los últimos datos obtenidos por este Organismo Autónomo, a nivel nacional no se cuenta con información del 72% de las víctimas identificadas por las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia Federal y Estatales, respecto de su pertenencia a algún grupo en condiciones de vulnerabilidad ante los delitos en materia de trata de personas, lo que impide contar con un panorama nacional sobre poblaciones en mayor riesgo.
El Reporte Global de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2018, señala que, de las más de 24,000 víctimas detectadas en 2016 en nuestro país, la mayoría son mujeres (72%) y que, aunque las víctimas sean principalmente mujeres mayores de 18 años, el número de niñas está en aumento. Datos obtenidos por este Organismo Nacional a partir de información solicitada a las procuradurías y fiscalías federal y estatales indican que el número de mujeres víctimas de los delitos en materia de trata de personas identificadas en México es aún mayor, representando el 85% del total de las víctimas.
Los datos obtenidos señalan que las mujeres adultas representan el 64% de las víctimas en México, mientras que, a nivel internacional, de acuerdo con dicho Reporte, el 49%, en tanto que los hombres adultos son el 9% de las víctimas en México, y a nivel internacional representan 21%. En nuestro país el 84% de las víctimas son nacionales, y a nivel internacional el Reporte apunta que 58% son nacionales del país en que fueron identificadas.
En el marco del Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, la CNDH insta a los gobiernos Federal y Estatales a acrecentar la lucha contra la pobreza, la discriminación –sobre todo la de orden estructural—, el analfabetismo, la violencia de género, la exclusión y la violencia, que sitúan a las mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes en altas condiciones de vulnerabilidad, garantizando su derecho a no ser sometido a trata de personas.
Asimismo, a que se realicen los diagnósticos que permitan identificar las regiones y localidades con rezagos en la atención a la trata de personas; a que se generen los indicadores sobre la aplicación y resultados de los programas para prevenir los delitos en la materia mandatados en la Ley General; y a que se cuente con una correcta sistematización respecto a los perfiles de las víctimas de los delitos en materia de trata de personas, especialmente, la identificación de pertenencia a algún grupo en situación de vulnerabilidad.
