Presenta la CNDH el análisis de las principales dinámicas económicas, sociales y políticas de los estados con mayor problemática penitenciaria, en coordinación con el CONACYT

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) analizó las condiciones económicas, sociales y políticas de las 12 entidades federativas que observaron un sistema carcelario vulnerable, ya que han presentado problemas de autogobierno, sobrepoblación y actividades ilícitas como cobros y extorsiones, por lo cual es fundamental que autoridades, instituciones educativas, especialistas y organizaciones de la sociedad civil sumen esfuerzos para mejorar las condiciones de reclusión con pleno respeto a los derechos y la dignidad de las personas que se encuentran privadas de la libertad.

Los centros penitenciarios de Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco y Zacatecas representan un microcosmos en el cual se reflejan diversos problemas en la dinámica de esas entidades en materia social, económica, política e institucional, entre ellas las relacionadas con la COHESIÓN SOCIAL, entendida ésta como la posibilidad de convivir en un entorno armonioso y con acceso a oportunidades, así como las CAPACIDADES ESTATALES existentes para garantizar seguridad, desarrollo de políticas públicas, entrega de bienes y servicios públicos, entre otros. Estos dos aspectos fueron el motivo de análisis en el estudio.

Así lo expresó, Ruth Villanueva Castilleja, Tercera Visitadora General de la CNDH al presentar los resultados del Análisis de las Principales Dinámicas Económicas, Sociales y Políticas de los Estados con Mayor Problemática Penitenciaria, realizado conjuntamente por este Organismo Nacional y el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geo Espacial (Centro Geo) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), cuyo objetivo es reflejar el contexto que prevalece en los estados de la República Mexicana cuyo sistema penitenciario presenta una situación vulnerable.

En el Análisis se muestran las condiciones de los Estados que en promedio tuvieron una calificación reprobatoria de 2013 a 2017 y las cifras del último año en cuanto a su población, observando que en conjunto albergaban a 38,827 internos, lo que representaba el 24% de la población total en los centros locales.

En estas entidades se detectó en su sistema penitenciario condiciones de autogobierno, existencia de conductas ilícitas como cobros y extorsiones, además de sobrepoblación y hacinamiento, entre otras irregularidades en común.

Acompañada por José Ignacio Chapela Castañares, Director del Centro Geo, y Elvia Martínez Viveros, investigadora de dicha institución, Villanueva Castilleja indicó que para revertir esa situación es necesario contar con infraestructura adecuada y personal capacitado y certificado conforme a los parámetros establecidos por la Secretaría de Educación Pública, conforme a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela.

De acuerdo al documento realizado en el marco del convenio de colaboración firmado entre la CNDH y el Centro Geo en junio del año 2018 y partiendo de los resultados obtenidos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) que anualmente elabora la CNDH, se han visibilizado deficiencias importantes en los últimos años en este tema.

Al observar la calificación reprobatoria, la recurrencia en los estados que fueron calificados con esta evaluación ha sido muy importante, de donde surgió la necesidad de llevar a cabo un análisis específico, partiendo de la hipótesis de que las prisiones son el reflejo de la sociedad, encontrándose por ejemplo, que en diversas entidades se hallaron indicios de violencia política (en términos de homicidios electorales) o de corrupción de servidores públicos, apuntando claramente a los Estados que ya de por sí se detectaban con problemáticas más complejas.

Al comentar los principales resultados del Análisis, Chapela Castañares destacó el trabajo de la CNDH en los últimos cinco años para contribuir al mejoramiento de la situación del sistema penitenciario del país que dijo, constituye la parte más vulnerable del sistema de justicia penal y en el cual persisten retos como erradicar la sobrepoblación, corrupción y autogobierno, además de mejorar las condiciones de internamiento y la alimentación de las personas internas.

Por su parte, Elvia Martínez Viveros explicó que para la realización del Análisis se consideraron diversas variables y se recurrió a los datos proporcionados en varios instrumentos de medición como los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, la Encuesta Nacional de la Población Privada de su Libertad y el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal, documentos estos últimos elaborados por el INEGI, mostrando la metodología empleada para llevar a cabo la mencionada investigación.

Señaló que en el rubro de COHESIÓN SOCIAL conforme a los 4 índices que miden sus dimensiones, se observó que existen dos grupos:

• En el primero se encuentran 11 entidades que califican por abajo del promedio nacional: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, observando que 7 de ellas han resultado con calificaciones reprobatorias en los DNSP; otras 3: México, Puebla y Veracruz, se consideran en riesgo de reprobar, mientras que Michoacán es el contraejemplo de una entidad que cuenta con un sistema penitenciario con desempeño robusto a pesar de que sus condiciones de COHESIÓN SOCIAL son relativamente adversas. En estas entidades la evolución del desempeño de su sistema penitenciario podría beneficiarse de programas inclusivos de desarrollo económico y social, o sea también de prevención del delito.

• En el segundo se encuentran las entidades con índices de COHESIÓN SOCIAL superiores al promedio: Baja California Sur, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas, todas ellas con una evaluación reprobada en desempeño de sus prisiones, mismos que pueden encontrar en las CAPACIDADES ESTATALES algún referente para buscar políticas de mejora.

De igual forma, señaló que en el rubro de CAPACIDADES ESTATALES se incluyen condiciones de seguridad, índices de confianza en el Estado de Derecho, problemas de impartición de justicia y percepción de corrupción, todo ello desarrollado en el documento presentado, en donde por ejemplo se observó, entre otros datos lo siguiente:

• Entidades altamente inseguras: Guerrero, México, Nuevo León, Tabasco y Veracruz.
• Entidades inseguras: Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas.
• Entidades con seguridad intermedia: Chiapas, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Sinaloa.

Este estudio será enviado a las autoridades de todas las entidades federativas del país, ya que aborda otras dimensiones y fenómenos sociales como la inclusión económica y social, distribución desigual de los recursos, relaciones sociales, participación política y cívica, confianza en el Estado de Derecho, seguridad, violencia, percepción de la corrupción y problemas en la impartición de justicia.