Solicita CNDH al fiscal general de Veracruz medidas cautelares para preservar restos humanos hallados en fosas clandestinas en Úrsulo Galván
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz, la implementación de medidas cautelares o, en su caso, continuar las medidas tendentes a garantizar la preservación íntegra de los cuerpos y/o restos humanos localizados en fosas clandestinas en el Municipio de Úrsulo Galván, así como establecer mecanismos para brindar información a los familiares de personas desaparecidas y para facilitarles el acceso a las investigaciones ministeriales correspondientes y salvaguardar su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño.
Asimismo, se le pidió contar con un control y cuantificación precisos de dichas fosas y mantener un registro que contenga la identificación de las personas que intervengan en la cadena de custodia y de las que estén autorizadas para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios en esos hechos, así como los instrumentos, objetos o productos presuntamente delictivos.
Esta Comisión Nacional también le demandó que la notificación y entrega de cadáveres y/o restos humanos de personas localizadas en esas fosas a sus familiares se realice garantizando siempre la máxima protección, respeto y restitución de manera digna, acorde con sus tradiciones culturales y religiosas, sin omitir supervisar que las acciones de atención que se lleven a cabo en dichos procedimientos tomen en cuenta las necesidades específicas de las víctimas indirectas.
La CNDH destaca que la solicitud de implementación de medidas cautelares se emitió al conocer, mediante notas periodísticas, del hallazgo de probablemente 36 fosas clandestinas en el citado municipio, en las cuales se menciona que no se han tomado las medidas tendentes a la preservación del lugar y los hallazgos que se encuentren, por lo que se formularon con el propósito de evitar la consumación irreparable de la perdida de todo vestigio de posible identificación de los cuerpos y/o restos humanos de referencia, así como de la violación a derechos humanos de sus familiares a la justicia y a la verdad.
Dichas medidas se giraron en observancia al Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, y al Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense, ambos aprobados en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y los demás aplicables acordes con los estándares internacionales en la materia.
