Convoca CNDH a Ombudsperson del país a defender su autonomía y reforzar su presencia pública frente a los abusos de poder y los requerimientos de las víctimas

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, alertó a los Ombudsperson del país sobre los cuestionamientos que enfrentan, de diversos modos y desde diversas instancias, los sistemas de protección y defensa de los derechos humanos, así como la utilidad y vigencia de tales prerrogativas, ante lo cual subrayó que no debe permitirse que los avances del país en materia de derechos humanos se reviertan y se vea a esos derechos como simples postulados teóricos o meras disposiciones programáticas, sin posibilidad real de defensa o vías para exigir su cumplimiento, más allá de la promoción de acciones judiciales sujetas a formalismos y requerimientos técnicos.

Señaló que los retos que enfrentan los Organismos Públicos de Derechos Humanos no son sencillos, ya que van desde afectaciones presupuestales, que restringen y condicionan la capacidad operativa de los Ombudsperson, hasta iniciativas de reformas normativas que, al desconocer y desnaturalizar la esencia de su trabajo, lo debilitarían al reducir sus funciones a las de un participante más en los procedimientos judiciales y le imposibilitarían ejercer su papel como contrapeso frente a las autoridades, guardián de la legalidad y factor en el equilibrio constitucional entre poderes, y refirió que la tan repetida frase “trabajemos por la consolidación  y vigencia de los derechos humanos en México” es más actual que nunca.

Al inaugurar el L Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), en el Museo Rafael Coronel, de esta ciudad de Zacatecas, planteó a sus homólogos adoptar un plan básico de acción enfocado a tres puntos fundamentales –fortalecer la tarea pedagógica sobre el Ombudsperson, defender la autonomía y atribuciones de los Ombudsperson y reforzar la presencia pública de los Ombudsperson frente a los abusos de poder y los requerimientos de las víctimas—, para actuar en beneficio de los derechos de las personas, de la legalidad y de la institucionalidad democrática y republicana en nuestro país.

Acompañado en el presídium por el Secretario General de Gobierno de Zacatecas, Jehú Salas Dávila; la Presidenta de la FMOPDH, Namiko Matzumoto Benítez, y la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, María de la Luz Domínguez

Campos, González Pérez refrendó que la función de los Ombudsperson es coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos; salvaguardar y protegerlos mediante las acciones que legalmente tienen encomendadas, de ahí que sus pronunciamientos no buscan denostar o debilitar gobiernos, autoridades o instituciones, sino fortalecerlos, al darles la oportunidad de hacer expreso su compromiso con la legalidad y la dignidad humana, reparando las violaciones a derechos humanos que se cometieron.

Precisó que los ciudadanos mexicanos renovaron su compromiso democrático, que no puede lograr todo por sí mismo, sino a partir de una relación con los valores que dan sentido al constitucionalismo, es decir, con el respeto a los derechos humanos. Y agregó que no necesariamente las decisiones adoptadas por el principio de la mayoría o con la simpatía popular son acordes con los valores constitucionales. Los derechos humanos, dijo, solo pueden ser vigentes en el marco del Estado democrático de Derecho, por lo que es preciso que todo acto de autoridad respete y fortalezca el respeto y vigencia de los derechos fundamentales en nuestro país.

En su oportunidad, María de la Luz Domínguez destacó que una de las principales demandas de la sociedad mexicana a las autoridades de los tres órdenes de gobierno es la exigencia de paz, seguridad, justicia, erradicación de la impunidad, respeto al Estado de Derecho y cumplimiento irrestricto de los derechos humanos.

Namiko Matzumoto indicó que los organismos de derechos humanos deben asumir como parte de sus funciones que los derechos no son reglas de convivencia ni concesiones graciosas del Estado, sino auténticas normas jurídicas que disponen obligaciones al poder público, y la responsabilidad de los Ombudsperson es identificar las violaciones a derechos humanos y actuar frente a éstas a través de los mecanismos previstos por sus respectivas leyes orgánicas.

Con la representación del Gobernador Alejandro Tello, el Secretario General de Gobierno, Jehú Salas Dávila, refirió que ante el debate público sobre las funciones que tendrá la Guardia Nacional, es necesario garantizar que ésta se apegue a los principios de legalidad, objetividad, honradez y, sobre todo, de respeto a los derechos humanos, ya que solo en este camino se abonará para fortalecer el Estado de Derecho en México.

En este acto también se contó con la presencia de la Presidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura local, Susana Rodríguez Márquez; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Magistrado Armando Ávalos Arellano; el Presidente Municipal de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, así como de las y los presidentes de los Organismos Públicos de Derechos Humanos del país.

Posteriormente, al impartir la conferencia magistral “Reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional; su contenido, alcances jurídicos y su impacto en el ejercicio de los derechos humanos”, el Ombudsperson nacional aseguró que la Guardia Nacional no representa por sí misma la solución a todos los problemas de inseguridad y violencia, por lo que suponer que su entrada en operación cambiará la situación imperante en el país es, cuando menos, ingenuo.  Si se integra y opera debidamente, puede ser parte de la solución del problema, pero no es la solución en sí misma.

Indicó que por mejor capacitado que esté un cuerpo que asuma funciones policiacas, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad si no contamos con 33 fiscalías autónomas, eficientes, con recursos y capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y las sanciones a los responsables sean posibles, y criticó la falta de integralidad en la respuesta del Estado a la violencia e inseguridad, ya que las modificaciones al artículo 19 Constitucional, para ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, son un contrasentido a la reforma al sistema de justicia penal en detrimento de los derechos fundamentales de las personas y del diseño normativo que aún se encuentra en proceso de implementación.

Aseguró que es una perspectiva errónea centrar en el uso de la fuerza las esperanzas de que en México alcancemos verdadera seguridad y justicia; “no podemos seguir apostando a la reacción y al uso de la fuerza sobre la prevención, porque la violencia no acabará con la violencia, en todo caso servirá para controlar temporalmente situaciones concretas”.

Finalmente, sentenció que la reforma en materia de Guardia Nacional no agota la necesaria revisión y replanteamiento de nuestras políticas públicas en las áreas de seguridad y justicia, que debe continuarse de manera integral y multidisciplinaria, tomando como premisa el respeto y defensa de los derechos humanos.