Se pronuncia la CNDH porque los proyectos de desarrollo por el gobierno federal consideren la celebración de la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas

En su más reciente sesión de trabajo, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acordó hacer un pronunciamiento público para que los proyectos de desarrollo anunciados por el Gobierno de la República a realizarse en nueve entidades federativas y 108 municipios con población indígena, consideren en todos los casos la celebración de la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada con la finalidad de obtener su consentimiento, de conformidad con la legislación nacional y estándares internacionales que norman su debida ejecución, la cual puede ampliarse al resto de la población que habita en esas localidades.

Lo anterior, dado que algunos de los referidos proyectos impactarán áreas de gran importancia ecosistémica y cultural. Destaca la región donde se pretende llevar a cabo el Tren Maya, en la que existen diversas áreas naturales protegidas, como los Parques Nacionales Palenque y Tulum, el Área de Protección de Flora y Fauna Cañón del Usumacinta, las Reservas de la Biósfera Los Petenes y Sian Ka’an, así como la Reserva de la Biósfera Calakmul, área considerada como la mayor reserva de bosque tropical del país, caracterizada por albergar ecosistemas con gran riqueza biológica y por contener uno de los agrupamientos de zonas arqueológicas de la cultura maya más importantes.

Por ello, el Consejo Consultivo de la CNDH exhorta al Ejecutivo Federal a poner en marcha las recomendaciones del Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como para revisar y, previa generación de los mayores consensos, asumir los términos de la Recomendación General No. 27/2016, en la que se solicita presentar  una Iniciativa de Ley al Congreso de la Unión sobre el derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para pueblos y comunidades indígenas del país.

También llama a que el Estado mexicano ratifique el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe –Acuerdo de Escazú—, cuyo objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Sin desconocer la utilidad que pudieran tener los diversos ejercicios de consulta que, con carácter general, se han realizado en los últimos meses, como mecanismos para un primer acercamiento de las instituciones gubernamentales con las poblaciones indígenas vinculadas, así como en los procesos de planeación y ejecución de esos proyectos, el Consejo Consultivo de la CNDH insiste en

la necesidad de que también se realicen, de conformidad con las disposiciones aplicables, los ejercicios específicos de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada con los pueblos y comunidades interesados.

Este Cuerpo Colegiado hace un llamado para que las instituciones responsables de los proyectos de desarrollo implementen, de manera inmediata, un Programa de Promoción sobre el Derecho de Consulta Previa, Libre, Informada, de Buena Fe y Culturalmente Adecuada, dirigido en lo general a la población indígena y afromexicana del país; y, en lo particular, a los pueblos y comunidades que habitan en los territorios considerados para la ejecución de las obras referidas.

Asimismo, considera relevante destacar que, aun sin iniciarse, en algunos casos, la fase constructiva de los proyectos, la CNDH ha recibido recursos de queja contra esos proyectos, además de solicitar Medidas Cautelares a diversas instituciones federales por hechos vinculados con el desarrollo de la consulta pública (23-24 febrero de 2019), para determinar el consentimiento y operación de la Planta Termoeléctrica del Proyecto Integral Morelos, así como de las consultas comunitarias (30-31 marzo de 2019) del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Los proyectos de desarrollo anunciados son identificados como: la Refinería Dos Bocas, (estado de Tabasco); Tren Maya (en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán), el Aeropuerto Internacional Mixto de Santa Lucía (Estado de México); la Planta Termoeléctrica del Proyecto Integral Morelos, (Morelos), y el Plan de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec (en los estados de Oaxaca y Veracruz).

El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresa su respeto a la decisión del Ejecutivo Federal para llevar a cabo proyectos que permiten impulsar el desarrollo de México, y exhorta a que cualquier actividad estatal de desarrollo garantice los derechos humanos de las personas y colectivos que puedan resultar impactados por esos proyectos.