Analizará Congreso local la propuesta de la Jefa de Gobierno para expedir ley de Planeación de Desarrollo

El Congreso de la Ciudad de México recibió de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, la iniciativa para expedir la Ley de Planeación de Desarrollo, que impulse una planificación democrática, prospectiva, abierta, participativa, descentralizada, transparente, transversal y con deliberación pública.

La capital del país necesita revertir el deterioro urbano registrado principalmente en materia de movilidad, seguridad, medio ambiente, manejo de residuos, disponibilidad de recursos naturales, bienestar económico y social y el desarrollo urbano y territorial, debido a la ausencia de políticas públicas eficaces que atiendan las diversas problemáticas, señala el documento.

Para ello se debe resolver y dar cauce al complejo sistema de relaciones económicas, sociales, culturales y ambientales que lo producen, tomando en cuenta que uno de los problemas más acentuados es la desigualdad de ingresos y oportunidades, situación que dificulta su cohesión y genera desequilibrios que la convierten en una metrópoli donde sectores urbanos periféricos con muy baja habitabilidad conviven y contrastan con zonas de alto desarrollo y nivel de vida.

Lo anterior presenta desafíos de planeación y ejecución, debido a la visión sectorial que persiste sobre las estrategias de desarrollo. En consecuencia, una visión innovadora necesitará la cohesión de esfuerzos interinstitucionales que ayuden a controlar y regular el territorio y las acciones económico-sociales.

La iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno retoma los objetivos de la planeación establecidos en la Constitución e incluye un conjunto de principios rectores como el enfoque de derechos, de desarrollo sustentable, de resultados, la participación ciudadana, el gobierno abierto y una necesaria visión integradora.

En la propuesta recibida por los diputados locales se prevé la elaboración de instrumentos de planeación, iniciando por el Plan General que entrará en vigor el 1 de octubre del año 2020; eje rector a partir del cual se debe formular el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México que el Congreso procurará aprobar antes del 31 de octubre de 2019.

Asimismo y con el propósito de avanzar en la configuración de un marco regulatorio integral de las acciones sociales y actividades institucionales de desarrollo social de todas las dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la Administración Pública Local y de las alcaldías, el Congreso local recibió una serie de reformas a la Ley de Desarrollo Social y la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

Destaca en la propuesta establecer en la Ley de Desarrollo Social prevenir y sancionar la utilización de programas y acciones sociales con fines o propósitos electorales. Si bien esta adición no supone una innovación jurídica, en términos de la estructura normativa vigente en la Ciudad de México, al encontrarse ya tipificados como delitos electorales, no resulta ocioso reiterar y enaltecer la presencia del citado principio también en la norma citada, señala el documento.

Asimismo, se plantea la prohibición de que las acciones sociales se aprueben e implementen seis meses antes de cualquier jornada electoral. Lo anterior se plantea como herramienta de blindaje electoral y garantía democrática de neutralidad de las instituciones ante los procesos electorales.

Con dicha iniciativa se contribuye al diseño de una regulación análoga y semejante a la existente para los programas sociales, los cuales precisan ser aprobados por el Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México y, además, son objeto de evaluación sistemática por parte del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México.

La iniciativa que será analizada busca impulsar un modelo de gestión armonioso con los objetivos de certeza y transparencia en el uso de recursos públicos; en la medida en que uno de los propósitos fundamentales del marco jurídico y operativo de los programas sociales es, además de garantizar su eficacia y contribución a los derechos sociales, normar su funcionamiento y evitar la utilización y aplicación arbitraria y discrecional de los recursos públicos.

La Jefa de Gobierno propone cambios orientados para integrar el marco jurídico de regulación de las acciones sociales de gobierno, que actualmente es virtualmente inexistente, además de avanzar en la armonización jurídica y regulatoria de los dos principales productos de la acción gubernamental con impacto directo en las condiciones de vida de la población.