Frente a la persistente desaparición de personas en el país, demanda CNDH política de reparación integral a víctimas y abatir impunidad

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que, ante el flagelo que representa en nuestro país la desaparición de personas y la deuda pendiente que el Estado mexicano tiene con las víctimas de desapariciones y sus familiares, debe construirse una Política Nacional de Reparación Integral que tome en consideración a las personas, en particular a las víctimas, y busque esquemas para abatir la impunidad y reconstruir el tejido social, recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones y el rescate de comunidades por el camino del respeto de la legalidad democrática. “Una visión que no descarte la justicia transicional como camino para lograr la verdad y la reparación para las víctimas, así como una efectiva rendición de cuentas por parte de las autoridades”.

“Los reclamos de paz, seguridad y justicia de las víctimas y de la sociedad –dijo—no tienen filiación política o ideológica. Nacen del dolor y de la impotencia frente a la falta de respuestas debidas y pertinentes, desde hace varios años, por parte de las autoridades a la violencia, a las agresiones, a las conductas ilícitas que han afectado la normal convivencia entre las personas, haciendo que el miedo y la incertidumbre sean elementos con los que las personas han aprendido a compartir su existencia cotidiana. Esta situación debe cambiar”.

Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al participar en la presentación del Informe Temático 1/2019 “El Sistema Estatal de Atención a Víctimas en el Estado de Veracruz. El Derecho a la Reparación Integral, para las Víctimas, en Especial para Víctimas de Desaparición y Desaparición Forzada”, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), quien destacó que lograr el entorno de legalidad, justicia y vigencia de derechos es tarea de beneficio e interés común, y llamó a acabar con el miedo, violencia e impunidad, trascender nuestras diferencias y trabajar en beneficio de México y su sociedad.

Ante Marcela Zurita Rosas, representante de Colectivos de Familiares de Personas Desaparecidas; Mayra Ledesma Arronte, Directora General de Cultura de Paz y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz en representación del

Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la Presidenta de la CEDHV, Namiko Matzumoto Benítez, autoridades estatales y municipales, aseguró que “el abatimiento de la impunidad debe asumirse como una meta prioritaria. La impunidad constituye el mayor incentivo para que subsistan y se agraven las actividades delictivas, en tanto quienes incurren en ellas saben que lo más probable es que sus actos no reciban sanción alguna, ya que desafortunadamente la aplicación de la ley y el castigo a los responsables es la excepción y no la regla, en nuestro país”.

Reconoció y exaltó los esfuerzos de los colectivos, de las organizaciones de la sociedad civil e individuos que con su lucha perseverante han provocado que el tema de las desapariciones en México forme parte de la Agenda Pública Nacional, pero, sobre todo, ha permeado para que las voces de la sociedad se sumen en la exigencia al Estado mexicano de frenar la violencia y las desapariciones, y apuntó que la ilegalidad, inseguridad, violencia, corrupción e impunidad son los mayores sufrimientos de los que nuestro país debe deshacerse si aspira a lograr el desarrollo y convivencia pacífica que la sociedad demanda y necesita.

Durante el acto, realizado en El Colegio de Veracruz, explicó que los altos niveles de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad que prevalecen en algunas regiones del país son origen de las quejas que se reciben en los Organismos Públicos de Derechos Humanos, que indagan con profundidad y establecen posicionamientos concretos, como los Informes Temáticos o Especiales, para cumplir su rol garante y defensor de los derechos humanos, de ahí que el presentado por la Comisión Estatal tenga como objetivo trazar una ruta crítica para que las instancias correspondientes de la Administración Pública Estatal perfeccionen mecanismos, medidas o procedimientos para lograr una reparación integral del daño, con enfoque transformador, diferencial y especializado.

El Ombudsperson nacional puso en relieve que el Informe Temático presentado revela la complicada y dolorosa situación que enfrentan las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, y precisa que en Veracruz no existe un instrumento programático que establezca objetivos, estrategias y líneas de acción que rija a las instituciones y entidades públicas estatales y/o municipales, organismos autónomos y demás organizaciones públicas y privadas.

Subrayó que aun cuando en los últimos años, se ha llevado a cabo un importante avance en diversos procesos legislativos, la sola expedición de una Ley no resuelve el problema de la desaparición de personas, por lo que también es necesario que, además de otros factores, exista voluntad política de las instancias de gobierno, particularmente de las entidades federativas del país; la profesionalización de todos los actores encargados de su aplicación y, sobre todo, recursos suficientes para instrumentar sus contenidos.

Por su parte, Namiko Matsumoto Benítez señaló que el Informe Temático fue realizado en coordinación con la Agencia de Cooperación Alemana y busca coadyuvar en el diseño de rutas y programas que contribuyan al fortalecimiento del Sistema Estatal de Atención a Víctimas; en tanto que Mayra Ledesma Arronte afirmó que más allá de una compensación económica, las víctimas tienen derecho a la reparación integral del daño.

Finalmente, Marcela Zurita Rosas confió en que el Informe sea un instrumento que acompañe a las víctimas en su camino para exigir justicia, así como en el ejercicio de sus derechos humanos.

Al término de la presentación del Informe, el Ombudsperson nacional acudió, en compañía del Primer Visitador General de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, y de la Ombudsperson local, Namiko Matzumoto Benítez, al Municipio de Úrsulo Galván, donde observó la tenacidad de las familias que realizan los trabajos de búsqueda con las autoridades, y coincidieron en la exigencia de que haya recursos humanos y materiales suficientes y se sigan los protocolos sugeridos por la Cruz Roja Internacional para evitar la contaminación de las evidencias.