Señal Coparmex: Responsabilidad Financiera
Estimados amigos,
La semana pasada dejó marcada a la economía mexicana. Tanto Fitch Ratings, como Moody’s, agencias internacionales reconocidas, degradaron las calificaciones de Pemex y CFE. La degradación dejará graves consecuencias que no sólo se acotarán al sector público, sino que afectarán la capacidad productiva de la economía mexicana en su conjunto.
Las decisiones equivocadas del gobierno son las claras responsables de estos hechos. Ambas agencias justificaron sus decisiones de degradación en la desconfianza que les generan las estrategias del gobierno federal.
Ante esto, es indispensable que se replantee de forma estratégica y responsable el manejo de las finanzas públicas de nuestro país, así como los grandes proyectos de inversión del sexenio. Esta semana negra es solo un primer ejemplo de las consecuencias que pueden detonar las medidas poco planeadas y cortoplacistas del gobierno en curso.
Implicaciones de la degradación
Las consecuencias de la reducción en calificaciones son importantes. A partir de ahora será más difícil que PEMEX y CFE atraigan inversionistas nuevos, además el costo del pago de su deuda se incrementará. Todo esto impide que ambas compañías sean atractivas y sobre todo, dejan al gobierno federal en una situación aún más precaria en cuanto a su deuda.
El ajuste reciente al crecimiento esperado hecho por Banxico, que pasó de 1.52 a 1.32%, es parte de las reacciones que se tienen ante una estrategia energética sin sentido, que se enfoca en inversiones de poco valor, como una refinería, en vez de la exploración y extracción de crudo.
Cada una de las decisiones equivocadas del gobierno federal se reflejan en aumentar los costos del endeudamiento del sector público y privado en los mercados internacionales. Así, cada vez resulta más costoso y arriesgado invertir en nuestro país o en empresas mexicanas. Nos estamos volviendo menos competitivos a nivel mundial.
Aún más, lo que la degradación nos muestra es que Fitch Ratings y Moody’s tienen claridad respecto a los errores que se están cometiendo actualmente en materia de política energética y administración pública.
Ambas observan un deteriorado perfil crediticio de Pemex y concuerdan con que la perspectiva macroeconómica del país no es sólida. Más aún, mencionan que será difícil cumplir con los objetivos fiscales en 2020, sobre todo si se continúa con la política energética del gobierno actual. Las inversiones contempladas para PEMEX son insuficientes y CFE observa importantes presiones crediticias.
Urge que el gobierno federal cambie el camino y se enfoque en crear certeza para las inversiones privadas e internacionales.
Actuar con responsabilidad
Ante esta coyuntura, el gobierno debe actuar con inteligencia y responsabilidad. Se debe procurar la sostenibilidad financiera del país gastando de forma eficiente, buscando en cada inversión los más altos retornos económicos y sociales.
Los grandes proyectos de inversión necesitan estar apegados a los más altos estándares técnicos, ambientales y legales, así como contar con claridad en su ejecución y viabilidad financiera.
Ni el Aeropuerto de Santa Lucía, ni la refinería de Dos Bocas, los proyectos estrella de esta administración, están cumpliendo a cabalidad estos requisitos. En Santa Lucía se acaban de suspender las obras de su construcción hasta que no se cuenten con los estudios ambientales y arqueológicos pertinentes.
En la refinería de Dos Bocas el problema no es menor. Aún no se cuenta con la autorización de impacto ambiental correspondiente, y a estas alturas, ya se habla de que el costo puede ser al menos 50% superior al planteado, además de que su construcción demoraría hasta 5 años más de lo contemplado.
En Coparmex, hacemos un llamado a la responsabilidad financiera en el gobierno. A conducirse con una visión de largo plazo que garantice la viabilidad económica, ambiental y social de nuestro país.
Los anuncios de las agencias calificadoras son sólo uno de los primeros efectos de una economía que se desacelerará de seguir el rumbo actual.
México requiere proyectos de inversión estratégicos que cumplan con la ley y no sean producto de caprichos políticos.
