Alerta CNDH sobre riesgo de violaciones a derechos humanos de 12.96 millones de personas de 60 y más años

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que 12.96 millones de personas mayores en el país (10.5% de la población total, de acuerdo con el INEGI, 2017) están expuestas a la vulneración de sus derechos fundamentales, ya que el abuso y maltrato en la vejez es un problema de salud pública y social que disminuye su calidad de vida y lesiona la dignidad de las víctimas. Además, enfrentan diversos obstáculos para acceder a los mercados laboral y financiero, a bienes y servicios, los cambios en las estructuras familiares y las nuevas relaciones intergeneracionales.

Este Organismo Nacional puntualiza que el maltrato y abuso en la vejez son delitos que, por lo general, no se denuncian debido al vínculo familiar entre la persona que agrede y la víctima, la dependencia económica y física de la persona mayor respecto de quien genera la violencia, o la falta de acceso a las instancias de procuración de justicia.

De acuerdo con cifras de esta Comisión Nacional, en su Informe Especial sobre los Derechos de las Personas Mayores, publicado en febrero de este año, entre el 1 de enero de 2014 a 29 de febrero de 2016 se presentaron 34,200 denuncias por delitos contra personas mayores, de las cuales el 57% se inició por delitos patrimoniales (despojo, robo a casa habitación, fraude, daños en propiedad privada, entre otros); 16% por violencia familiar; 8% por lesiones; 5% por amenazas; 4% homicidio y, en menor porcentaje, ilícitos como violación y abuso sexual; privación ilegal de la libertad; abandono de persona; omisión de cuidados; responsabilidad médica; trata de personas; explotación y discriminación.

Para este Organismo Autónomo, el maltrato o la falta de acción apropiada que producen daño físico, psicológico o sexual contra las personas mayores, en la mayoría de los casos se comete por integrantes de su círculo más cercano, como el o la cónyuge, hijos o hijas, nietos o nietas, nueras, yernos y cuidadores.

En ocasión del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez –15 de junio—, la CNDH llama a sociedad y autoridades a fortalecer el papel de las familias como núcleo de desarrollo de las personas mayores, y la capacitación de las y los cuidadores informales en materia de derechos humanos y trato respetuoso hacia esa población.

Además, enfatiza la necesidad de fortalecer y profesionalizar la vigilancia y supervisión de los centros de asistencia social y albergues públicos y privados para garantizar la integridad, dignidad y seguridad de las y los usuarios; promover la capacitación de su personal y gestionar que se incorporen los enfoques de derechos humanos, de ciclo de vida, de género y la transversalidad como ejes rectores de la legislación, políticas públicas, planes, programas y cualquier medida dirigida a la población de 60 años en adelante.

Indica que las personas mayores LGBTTTI suelen enfrentar estigmas y prejuicios indebidamente asociados con su edad, los efectos de toda una vida de discriminación, que las coloca en riesgo de aislamiento social, violencia, pobreza, enfermedades crónicas, e incluso mortalidad prematura, por lo cual es preciso diseñar e implementar estrategias integrales y acciones diferenciadas para combatir estereotipos, exclusión y agresiones en su contra a causa de su identidad y expresión de género o su preferencia sexual.

El artículo 9 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores define la violencia como “(…) cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona mayor, tanto en el ámbito público como en el privado”, y otros tipos de abuso como el financiero, patrimonial, maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, “(…) la expulsión de su comunidad, y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar (…) que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra”.

No obstante, ese instrumento internacional no ha sido signado por el Estado Mexicano, por lo que este Organismo Nacional reitera su llamado a las autoridades para iniciar en lo inmediato las gestiones para su firma y ratificación, pues con ello, las autoridades estarán obligadas a armonizar las normas vigentes con su contenido y a implementar mecanismos para garantizar su cumplimiento, incluyendo la asignación de recursos económicos suficientes.

México asumió en 2015 los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que en su objetivo 16 establece la obligación de facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas, para reducir todas las formas de violencia, generar en todos los niveles instituciones eficaces y transparentes, garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades de las personas mayores, además de promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.

Esta Comisión Nacional destaca que la educación en y para los derechos humanos son las vías idóneas para combatir la violación sistemática de los derechos de ese sector de la población, que entre mejor los conozca podrá identificar las violaciones a los mismos y contar con herramientas para exigir su cumplimiento.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 66/127, designó el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, como una forma de visibilizarlo y exhortar a combatir los sufrimientos infligidos a las generaciones mayores.