Función Pública dará seguimiento a los Programas de Mejora Regulatoria
La Titular de la Dependencia, Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, afirmó que en esa materia el gobierno se debe conducir con austeridad y rendir cuentas a la sociedad.
Tras urgir a establecer en los programas de Gobierno mecanismos que cierren espacios a la corrupción, la Secretaria de la Función Pública, Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, anunció que, a través de los Órganos Internos de Control (OIC), la transversalidad de la Dependencia a su cargo dará seguimiento a los compromisos de la Administración Pública Federal (APF) en materia regulatoria.
Al participar en la inauguración de los Programas de Mejora Regulatoria 2019-2020, subrayó que esta acción implica que el gobierno se conduzca con austeridad y rinda cuentas con toda oportunidad y claridad a la sociedad, en su exigencia de poner fin a prácticas indebidas que se alejan de un ejercicio ético de la función pública.
Señaló que, por ello, los OIC de la Función Pública, a los que definió como la estructura madre de reacción inmediata, y sistema nervioso de la APF, seguirán de manera puntual los programas para simplificar trámites en beneficio de la sociedad, principalmente en lo referente a la consulta pública que promoverán la Secretaría de Economía y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), donde los ciudadanos podrán expresar sus experiencias, opiniones o recomendaciones para hacer más sencillos los servicios.
Puntualizó que los titulares de los OIC serán capacitados en aspectos técnicos relacionados con la operación de la plataforma electrónica diseñada por la Conamer, con la cual podrán dar seguimiento a cada una de las fases e interactuar con las dependencias y entidades bajo su supervisión.
Refirió que de esta manera se da también cumplimiento a la encomienda establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 para atender el Eje Transversal “Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública”, donde se mandata a eliminar la sobrerregulación, que abre espacios a la corrupción y desincentiva la innovación de nuevas empresas.
Mencionó que según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, realizada en 2017 a nivel nacional por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población gastó 7 mil 200 millones de pesos y las empresas mil 600 millones de pesos en actos de corrupción para realizar trámites o para acceder a servicios, por lo que urge establecer acciones que garanticen la honestidad en la administración de los recursos públicos.
Destacó que, en congruencia con lo establecido en el Eje Transversal, la Función Pública articuló cinco ejes estratégicos que también coadyuvarán con los programas de mejora regulatoria.
“Desde el primero de diciembre de 2018, en la Función Pública trabajamos para materializar la visión de construir una nueva ética pública, que siente las bases del desarrollo nacional para eliminar el derroche, terminar la ineficacia, fiscalizar los fondos públicos, castigar la corrupción, proteger la denuncia, garantizar la transparencia y generar ahorros para financiar el desarrollo”, concluyó la Dra. Sandoval Ballesteros.
Por su parte, la Secretaria de Economía, Dra. Graciela Márquez Colín, externó un reconocimiento a los OIC de la Función Pública por el trabajo que aportarán para que las simplificaciones y mejoras regulatorias sean para el beneficio de los ciudadanos.
Agregó que, junto con la Función Pública, se trabaja para lograr de manera fehaciente el mandato presidencial del combate a la corrupción, para poder promover sus tres pilares: desarrollo de la innovación, diversificación y la inclusión en todas las regiones del país.
En el evento, realizado en la sede de la Secretaría de Economía, estuvieron el Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria, Dr. César Emiliano Hernández, además del Mtro. Roberto Salcedo Aquino, Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública; el Lic. Daniel García Cortés, Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control, y el Lic. José Luis Chávez Delgado, Titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública, de la Función Pública.