La SHCP anuncia acciones para apoyar la economía

La economía mundial experimenta una desaceleración, cuyos principales precursores son factores de incertidumbre relacionados con: (1) tensiones comerciales, principalmente entre Estados Unidos de América y China, y (2) tensiones geopolíticas en algunas regiones del mundo, entre las que destacan la salida del Reino Unido de la Unión Europea (BREXIT) y conflictos de diversa índole en Medio Oriente.

Mediante el conjunto de Acciones para Apoyar la Economía que hoy se presenta se pretende eliminar la inercia de diversos factores, tanto estructurales como coyunturales, otorgando una capacidad de respuesta más eficiente ante impactos provenientes de condiciones externas.

En estos primeros ocho meses el gobierno federal ha invertido recursos para fortalecer las capacidades de resiliencia de la población más vulnerable. Esta red de beneficios sociales y para la formación de capacidades productivas permite atenuar diversos impactos negativos sobre el bienestar de los hogares. Con las Acciones para Apoyar la Economía se activan recursos para que sectores productivos más amplios se involucren en el fortalecimiento de la actividad económica.

Mediante estas Acciones para Apoyar la Economía se orientará un total de recursos por 485 mil millones de pesos para impulsar la creación de infraestructura y para financiar inversión física y consumo privados. Asimismo, se adelantarán licitaciones del gobierno federal del ejercicio fiscal 2020, que, junto con las demás acciones, robustecerán la capacidad de respuesta del aparato productivo nacional.

Para acelerar la creación infraestructura, se detonarán 50 mil millones de pesos, sin impacto presupuestal, en diferentes regiones del país. El gobierno, junto el sector privado, trabajarán en proyectos del sector carretero, hidráulico, transporte y desarrollo urbano, así como para telecomunicaciones y el manejo de residuos sólidos. Destaca el proyecto del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos en Nuevo León, por más 10 mil millones de pesos; el proyecto de transporte urbano en Ciudad Juárez, Chihuahua, por más 2 mil millones; así como la Planta Desaladora “Los Cabos”, en Baja California Sur, por mil millones de pesos.

Por otra parte, mediante la Banca de Desarrollo se otorgarán nuevos créditos y garantías a más de 130 mil pequeñas y medianas empresas y 370 mil micronegocios, detonando financiamiento hasta por 270 mil millones de pesos, fortaleciendo y modernizando este sector. Asimismo, se amplía el programa de Cadenas Productivas de NAFIN, donde se apoyarán a 16 mil nuevas micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras del gobierno.[1]

En apoyo a los trabajadores, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo a los Trabajadores (Fonacot) otorgará 1.2 millones de nuevos créditos a tasas preferenciales, así como créditos de nómina en efectivo que tendrán mejores condiciones en plazo y tasas, apoyando la economía familiar en este periodo de inicio del ciclo escolar, así como la cobertura de otros gastos extraordinarios.[2]

La Sociedad Hipotecaria Federal lanzará, en la primera semana de septiembre, créditos hipotecarios para trabajadores con ingresos mixtos. Trabajadores con más de una fuente de ingreso podrán tener acceso a financiamiento para la adquisición de vivienda nueva o usada por un valor de hasta 1.5 millones de pesos.[3]

Se abre una ventanilla única en NAFIN y Bancomext para agilizar el proceso de análisis, aprobación, y otorgamiento de créditos. NAFIN atenderá a todos los contratistas de PEMEX y proveedores del gobierno federal que requieran financiamiento. Bancomext atenderá los proyectos de los sectores de energía y minería.

Mediante FIRA y FND se beneficiará a más de 500 mil productores del sector agroalimentario de la Región Sur-Sureste del país. Se otorgará financiamiento hasta por un monto total de 50 mil millones de pesos, para integración de cadenas de valor, modernización de la infraestructura y agro-logística (procesar, almacenar, refrigerar, transportar, etc.)[4].

Por último, las contrataciones del gobierno vinculadas a procesos de este año y a licitaciones anticipadas 2020 de bienes y servicios, alcanzarán un monto por hasta 116 mil millones de pesos, permitiendo a diversas empresas anticipar sus proyectos de proveeduría al sector público.