CNDH urge a los tres niveles de gobierno incrementar los esfuerzos para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de trata de personas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subraya la falta de una política integral que tenga como eje central la restitución de derechos a quienes han sido víctimas de la trata de personas y diversas formas de explotación sancionadas en la legislación mexicana, las cuales siguen sin ser detectadas e identificadas por las autoridades, a pesar de que México cuenta con instrumentos internacionales ratificados y leyes en la materia.

En ocasión del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición –23 de agosto—, la CNDH exhorta a las Procuradurías y Fiscalías Generales, al Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a sus homólogas en las entidades federativas a intensificar las acciones para identificar posibles víctimas de trata de personas, y dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en la Ley General de la materia, los instrumentos internacionales y los protocolos institucionales diseñados y aprobados para tales fines, y garantizar el principio de máxima protección tanto a posibles víctimas mexicanas como extranjeras.

De igual forma, esta Comisión Nacional extiende su llamado a todas las y los servidores públicos que desempeñen funciones de primer contacto como las y los inspectores del trabajo, personal de atención a víctimas del delito, policías, agentes migratorios y personal del sector salud a capacitarse y conocer sus obligaciones en materia de detección e identificación de víctimas de los delitos en materia de trata de personas, con la finalidad de que contribuyan con su labor al combate de esa problemática creciente que afecta de manera permanente a las personas que son víctimas y a las comunidades vulnerables.

En este sentido, el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México publicado por la CNDH el pasado 9 de julio señala que entre el 15 de junio de 2012 y el 31 de julio de 2017, 5,245 personas fueron identificadas como posibles víctimas de los delitos en materia de trata de personas por las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia a nivel local y federal. De éstas, 4,403 son mexicanas (84%), 658 son extranjeras (13%) y de 184 (3%) las autoridades que proporcionaron información indicaron que se desconocía su nacionalidad. De las 658 posibles víctimas identificadas como extranjeras, las autoridades desconocen el país de origen del 43%.

Ante la falta de información sistematizada sobre la nacionalidad de posibles víctimas en el país, el Diagnóstico detectó que las Procuradurías y Fiscalías Generales desconocen si éstas pertenecen a alguno de los grupos identificados en condiciones de vulnerabilidad frente a los delitos en materia de trata de personas, como personas de una comunidad indígena, con discapacidad, de la comunidad LGBTTTIQ y migrantes en tránsito. Para el 72% de las víctimas no se tuvo registro de esa información y del 27% se indicó que no pertenecían a ninguno de estos grupos. Solamente se tuvieron informes de la identificación de 29 posibles víctimas pertenecientes a una comunidad indígena, de cuatro con discapacidad, seis de la comunidad LGBTTTIQ y tres en condición migratoria en tránsito.

Además, este Organismo Nacional detectó una diferencia sustancial entre las cifras reportadas por las diversas dependencias y entidades que tuvieron contacto con posibles víctimas extranjeras, ya que si bien las Procuradurías y Fiscalías Generales informaron haber identificado por lo menos 658 personas extranjeras, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que en el mismo periodo, del 15 de junio de 2012 al 31 de julio de 2017, detectó solamente 133 víctimas de trata de personas, lo cual es de observarse dado que es el INM la autoridad facultada para la expedición de las visas humanitarias a las personas extranjeras que son víctimas de delitos en México.

Por otra parte, a pesar de que las víctimas extranjeras representan el 13% de las totales identificadas por las Procuradurías y Fiscalías Generales, dicha proporción no se refleja en el número de las atendidas por las comisiones de atención a víctimas federal y estatales, dado que éstas son únicamente el 3%. Esta información cuestiona si los derechos a la asistencia, atención, protección y reparación integral se garantizan en igual proporción a las víctimas extranjeras que a las mexicanas.

La falta de registro respecto a la nacionalidad de las víctimas por las Procuradurías y Fiscalías Generales impide conocer si son personas migrantes y, por ende, si se les proporcionó la atención diferenciada que su condición de movilidad requiere y si se garantizaron los derechos que la legislación mexicana brinda a las víctimas extranjeras de trata de personas; por ejemplo, el derecho a no ser retenidas en estaciones migratorias o algún centro de detención, a recibir asistencia e información jurídica en un idioma que entiendan, a la protección y asistencia consular, al retorno voluntario asistido y a la regularización de su situación migratoria, entre otros.

De igual manera, la falta de registro sobre la nacionalidad de las víctimas identificadas impide el diseño de acciones preventivas eficaces e, incluso, iniciar investigaciones colaborativas con el país de origen de las víctimas detectadas.

En esta fecha conmemorativa se recuerda a las víctimas de la trata transatlántica y de todos quienes lucharon el 23 de agosto de 1791 en Santo Domingo, hoy Haití, y la República Dominicana, en la rebelión que conduciría a la abolición de la esclavitud.