A dos años del sismo del 19-S, así van los trabajos de reconstrucción

Ciudad de México, 18 de septiembre, 2019.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó que, a finales de 2019, el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), uno de los prioritarios del Gobierno de México y que tiene por objetivo atender a las familias y comunidades afectadas por los sismos de 2017 y 2018, tendrá un avance de 41 por ciento en materia de vivienda y de 71 por ciento en acciones de educación, salud y cultura.

En el marco de la conferencia de prensa matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu, declaró que en diciembre de 2018 -al inicio de la actual administración- se le informó que había 185 mil 526 viviendas afectadas, 19 mil 198 escuelas dañadas, 297 centros de salud y hospitales afectados, así como 2 mil 340 edificios históricos con daños en más de 700 municipios con declaratoria de desastres; sin embargo, debido a la imprecisión de los datos, durante el proceso de transición se levantó un muestreo representativo en 114 municipios.

Meyer Falcón detalló que, al asumir la titularidad de la Sedatu, se identificó que no había un programa que planteara objetivos, estrategias o metas claras ni mecanismos de coordinación entre diferentes instituciones para reconstruir los inmuebles afectados, números certeros que permitieran conocer la magnitud del desastre. A ello se agregó un escaso acompañamiento en la reconstrucción de viviendas, donde tampoco se contó con adecuación cultural y local:

“En conclusión, señor presidente, cuando recibimos la estafeta nos dijeron que teníamos que dar la última vuelta; sin embargo, cuando arrancamos nos dimos cuenta de que estábamos iniciando. Ante esta realidad, la instrucción fue recorrer las comunidades, platicar con las familias afectadas y conocer de viva voz cuáles son sus necesidades y sus demandas. En cada uno de los recorridos que hemos hecho, se van sumando nuevas familias que no fueron censadas”.

En su intervención, David Cervantes Peredo, comisionado nacional para la reconstrucción, declaró que para atender a la población afectada, en esta nueva etapa se elaboró un programa bajo la responsabilidad del Estado, coordinado por el gobierno federal. Para ello se creó la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción (CIR), coordinada por la Sedatu, en la que participan diferentes sectores como ejecutores del programa: las secretarías de Salud, Cultura, Educación; así como la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Se han instalado coordinaciones estatales y las mesas técnicas en los estados afectados a través de las que se revisa la idoneidad de las normas para la construcción, e incluso se han elaborado normas técnicas para la construcción emergente, con el objetivo de garantizar la seguridad estructural de todo lo que se está reconstruyendo.

Además, se promueve la creación de programas de ordenamiento por parte de los municipios, con el fin de garantizar que no se sigan ocupando zonas de riesgo para asentamientos; también se analiza la vulnerabilidad en las zonas donde hubo vivienda dañada, para determinar si hay necesidad de reubicarlas.

En materia de vivienda, se garantiza la adecuada realización del diseño, seguridad estructural y adecuación cultural, mediante asistencia técnica a los beneficiarios; actualmente hay 220 asistentes técnicos que trabajan en lo particular, asociaciones civiles y pequeñas empresas.

“Dentro de las bases del programa y como obligación constitucional, todos los programas públicos tienen un enfoque de derechos humanos y en ese sentido, hemos venido trabajando para garantizar o restituir esos derechos; por un lado, garantizar el derecho a la información, a la participación de las personas y con la reconstrucción material, restituyendo el goce del derecho a la educación, a la vivienda, a la salud y a la cultura”, explicó el comisionado.

El PNR aplica criterios de prioridad para dar atención a las zonas con mayor grado de marginación, índice de violencia, pobreza, con población indígena y donde se registraron más daños. Como lineamiento general, el programa cumple con las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, por lo que se han conformado comités de contraloría social en los que hasta ahora, participan más de 23 mil beneficiarios, pues la participación ciudadana ha sido una característica del programa. Para contribuir al fortalecimiento o recuperación de la economía local, la mano de obra, profesionistas, pequeñas empresas que participan en el programa, son de las localidades.

Cervantes Peredo informó que respecto a las metas de este 2019, en materia de vivienda se tiene un avance de 26 por ciento. Además, el avance es de 59 por ciento en educación, 17 por ciento en salud y 47 por ciento en cultura, resultando un avance global de 30 por ciento.

En el proceso general de reconstrucción, en el caso de vivienda, tomando en cuenta datos de la administración anterior, a finales del 2018 se tenía un 21 por ciento de avance. A la fecha se ha logrado el 26 por ciento y a finales del ejercicio 2019 se prevé alcanzar el 41por ciento. En el caso de los demás sectores, a finales de diciembre de 2018 se tenía 52 por ciento de avance; a la fecha se ha llegado a 64 por ciento. Para finales de 2019, se tiene la proyección de alcanzar 71 por ciento.

“En conclusión, podemos decir que el avance respecto a las metas 2019 es del 30 por ciento. Asimismo, durante el resto del año y el primer trimestre del siguiente, se concluirán las 32 mil acciones en proceso. Es importante que la gente sepa que este programa no se acaba hasta que se acaba. Hasta que todas las familias y comunidades afectadas sean atendidas podemos decir que concluye el Programa Nacional de Reconstrucción”.