A 2 años del 19S la emergencia continúa por culpa de la corrupcion
Han pasado ya 2 años desde el sismo que nos cambió la vida. Miles de damnificadas y damnificados seguimos sin lograr regresar a casa, la emergencia no ha terminado.
Seguimos cargando el dolor -ese que nunca se va- por la pérdida de familiares, amigos y vecinos que fallecieron durante el sismo y por muchos otros que también han partido esperando el ansiado regreso al hogar sin alcanzarlo. Ajenos nos resultan los intentos oficiales por olvidar nuestra emergencia atrás de actos insensibles como simulacros e informes simulados que llaman a cerrar el tema y dejarlo como un asunto del pasado, un momento más de la tantas veces trágica historia de este país.
Han sido 730 días de una lucha que a veces nos la presentan interminable por justicia y por reconstrucción digna sin créditos, sin redensificación, con seguridad, con habitabilidad y con transparencia.
El primer año estuvo marcado por la lucha para acceder a los recursos públicos para la reconstrucción. Significó obligar al Estado a asumir la responsabilidad que trataba de evadir: su obligación de garantizar la preservación y recuperación del patrimonio de su población.
Gracias a la lucha de Damnificados Unidos y de otras damnificadas y damnificados, hoy se reconoce el derecho a acceder a los fondos públicos para recuperar nuestras viviendas. Incluso, muchos hemos podido ya contar con la asignación de recursos para ejecutar las obras de rehabilitación o reconstrucción de los inmuebles dañados durante el sismo.
Durante este segundo año, hemos tenido que luchar contra la voracidad del capital inmobiliario que utiliza nuestra emergencia como pretexto para hacerse de negocios millonarios con ganancias extraordinarias. Situación favorecida mediante la indiferencia, la soberbia y la corrupción de funcionarios de los gobiernos de Mancera y Sheinbaum.
La reconstrucción fue secuestrada por empresas constructoras que incumplen fechas de entrega, cobran sobre precios escandalosos, realizan malos trabajos y promueven la división entre vecinos mediante la diferenciación en condiciones de los departamentos entre quienes exigimos cumplimiento y transparencia y aquellos que han aceptado manifestar una y otra vez su agradecimiento a estos empresarios. Destacan los suntuosos acabados con que se entregan los departamentos de algunos administradores frente a la precariedad de los trabajos realizados en las viviendas del resto de vecinos.
Nuestro querido Multifamiliar Tlalpan, siempre prioridad para Damnificados Unidos de la Ciudad de México, es ejemplo claro del negocio y la corrupción. Funcionarios de Miguel Ángel Mancera acordaron, el 12 de octubre de 2017, reconocer como únicos interlocutores a quienes designaron como representantes entonces y que después se convirtieran en administradores de la mayoría de los edificios. En ese mismo acto, comprometieron la asignación de 10 millones de pesos cuyo uso jamás se transparentó y que decidieron invertir, antes que en el edificio colapsado, en los inmuebles que presentaban menos afectaciones. Hoy, gracias a la página de transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios, sabemos que de espaldas a la mayoría de las y los damnificados, el gobierno de la Ciudad asignó por adjudicación directa contratos, entre diciembre de 2017 y septiembre de 2018, por más de 39 millones de pesos a empresas como Surisa, S.A. de C.V., Nogver Ingeniería, CONSULPRO, FAGAS Ingenieros Asociados, S.A. de C.V., Quiron Promotora Inmobiliaria, S.A. de C.V. y Grupo de Diseño, Proyecto de Construcción y Supervisión, S.A. de C.V. para trabajos que nunca fueron realizados.
Ya en octubre de 2018, como resultado de nuestra exigencia, se asignaron contratos por más de 300 millones de pesos a las empresas Corporación de Servicios Nacionales, S.A. de C.V., Desarrollo de Proyectos Especializados, S.A. de C.V., Gerencia y Administración de Proyectos, S.A. de C.V. y REM Reingeniería Ecológica, S.A. de C.V. para rehabilitar los edificios del Multifamiliar; y a otras como Arquitectura Inmobiliaria Darmi, S.A. de C.V. para la atención de otros edificios. De acuerdo a los resultados preliminares presentados en julio de la revisión realizada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, estas empresas presentan retrasos en las obras de más 3 meses, falta de documentación como planos, anexos a contratos y bitácoras de obra, han incumplido en dos ocasiones con la fecha de entrega y no logran justificar el gasto de más de 124 millones de pesos.
La negativa de la Jefa de Gobierno y su equipo respecto a entregar los resultados definitivos de las auditorías y sancionar a estas empresas, junto con la simulación de cumplimiento mediante supuestas “pre entregas” que ocultan que, a un año de iniciadas las obras, seguimos sin poder habitar nuestras viviendas, facilitan las arbitrariedades que las constructoras siguen cometiendo en nuestro perjuicio. La impunidad de la que gozan permite que hoy nos nieguen el acceso a nuestros propios inmuebles, recurriendo a veces hasta a agresiones físicas a algunas de nuestras vecinas.
Los malos manejos de las constructoras prevalecen con este nuevo gobierno. Junto a retrasos en los programas de obra tanto en la reconstrucción de viviendas unifamiliares en Tláhuac e Iztapalapa como en diversos edificios multifamiliares, destaca el caso de YC Construcciones del Sur, S.A. de C.V. que debió concluir la rehabilitación de Ámsterdam 27 el 5 de agosto pasado. Pero ha ocasionado mayores daños gracias a la mala ejecución de sus trabajos. Afortunadamente, aún es posible rehabilitar el edificio aunque YC Construcciones del Sur intenta, con la complicidad de la Comisión para la Reconstrucción, obligar a la demolición para mediante la redensificación hacerse de 4 departamentos adicionales para la venta, a pesar de que la asamblea de condóminos ha votado una y otra vez en contra de ese esquema y defendido la rehabilitación.
A las y los damnificados nos urge recuperar nuestras vidas. Esa recuperación necesariamente pasa por volver a nuestros hogares. No estamos dispuestos a cumplir un tercer año en estas condiciones. Estamos cansados de exigir la transparencia y sanción a funcionarios y empresas corruptos que el gobierno ha mostrado no estar dispuesto a otorgar. Por ello, emplazamos al Gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo a proporcionar solución definitiva para la recuperación de las viviendas de todas y cada una de las familias organizadas en Damnificados Unidos de la Ciudad de México, sin créditos ni redensificación, antes del 30 de septiembre. En caso contrario, con los dos años de desgaste y dolor que cargamos sobre nuestros hombros, habremos de recurrir a acciones que pongan de cabeza esta Ciudad para hacernos escuchar.
Entre otras demandas que hemos expuesto en decenas y decenas de reuniones, podemos mencionar: la entrega en completas condiciones de seguridad y habitabilidad de los edificios que comenzaron obras con la administración pasada; el respeto a los proyectos y recursos asignados a los edificios que comenzaron obras con este gobierno, destacando la inmediata rehabilitación de Ámsterdam 27; el cumplimiento con el programa de obras de rehabilitación y reconstrucción de viviendas en Tláhuac e Iztapalapa; la publicación inmediata del programa de reubicación para aquellas familias que no podrán volver a habitar en sus predios debido a fallas geológicas en sus terrenos y que no implique la precarización de sus condiciones de vida; la inmediata expropiación de Av. Taller 21 y desincorporación de Lic. Primo De Verdad 7 para que inicie la ejecución de sus proyectos de vivienda; la asignación de recursos públicos o de donaciones suficientes para ejecutar la rehabilitación o reconstrucción de los edificios que siguen esperando inicio de obras, como Atlixco 124, Querétaro 170, San Antonio Abad 39, Chihuahua 129, Alfonso Reyes 188 y otros; la urgente realización de los estudios que ofrezcan certeza sobre la seguridad o riesgo de Xochicalco 38; la ejecución de obras injustificadamente detenidas de Pacífico 455 y Saratoga 714; entre otras.
Nuestro único objetivo es volver a casa. Tan pronto como alcancemos esa meta, Damnificados Unidos de la Ciudad de México desapareceremos para que cada uno pueda volver a su vida, vivir sus duelos y, con el tiempo, sanar nuestras heridas. Del gobierno depende cuánto tiempo más habremos de sostener esta lucha en las calles y manteniendo vivas nuestras demandas frente al olvido que intentar imponernos.