No existe pacto de impunidad, ni se investiga por consigna política a nadie: SFP

Con una exposición en la que destacó la aplicación del 1 de diciembre a la fecha de 2 mil 791 sanciones, 874 inhabilitaciones y multas por más de 4 mil 494 millones de pesos por corrupción en el servicio público, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, comparece esta tarde en el Senado de la República como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana de la Cámara Alta, Sandoval Ballesteros dejó claro el compromiso de la Función Pública con la imparcialidad en sus fallos e investigaciones. “En la Secretaría no existe pacto de impunidad, ni se investiga por consigna política a nadie. No tenemos filias ni fobias. En la Función Pública no hay intocables ni perseguidos”, afirmó.

Subrayó que “como lo reiteró el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la prioridad del gobierno es acabar con la corrupción y la impunidad y así lo refleja también el Plan Nacional de Desarrollo y el trabajo que, día con día, realiza la Función Pública para Instaurar una nueva ética de trabajo en el servicio público; un nuevo equilibro organizacional que auspicie la honestidad, la eficacia, la profesionalización y la trasparencia”.

Destacó que la meta es “terminar con los privilegios de la clase política, eliminar el sistema viciado por la corrupción y restablecer la confianza de los ciudadanos en el servicio público. Trabajar en el gobierno únicamente debe tener sentido si es útil al interés general”.

En su exposición, detalló que, en el caso de las contrataciones públicas, también se refrenda la cero tolerancia a la impunidad, y hasta el momento han sido sancionadas 178 empresas y establecido multas por mil 432 millones de pesos, 20% más que en el mismo periodo del año pasado. Asimismo, dijo, se ataca la simulación y, hasta octubre, se han realizado casi cuatro veces más investigaciones en el sector central que en todo el último año de la administración pasada.

Especificó que se han abierto más de 28 mil investigaciones a personas servidoras públicas de la administración actual y de la pasada por presuntas irregularidades, casi 30% más que en el mismo periodo de 2018, de las cuales se han concluido más de 5 mil.

Subrayó que este Gobierno reconstituyó la Función Pública como un verdadero instrumento, y “para erradicar el dispendio y la frivolidad e instaurar una nueva ética pública, con instituciones confiables y personas servidoras públicas íntegras, comprometidas con el mandato ciudadano”.

Mencionó entre los cambios para reactivar a la Función Pública la incorporación de los Órganos Internos de Control (OIC) a la secretaría y la realización de casi 2 mil actos de fiscalización, con 40% de auditorías de desempeño, que evalúan el resultado de las políticas públicas.

Como parte de esta transformación de la Función Pública ya se tienen los primeros resultados, pues los gobiernos estatales deben justificar o devolver a la Federación 46 mil 121 millones de pesos, 50 veces el presupuesto de la Función Pública en 2019.

En auditorías de obra pública, refirió que se tienen observaciones por un monto de 17 mil 319 millones de pesos, mientras que en Auditorías a Programas de Desarrollo y Operación Regional se ha llegado a 85% de ejecución, y en Auditoría Externa el avance, al mes de septiembre, fue de 99 por ciento.

Acentuó que combatir la corrupción y la impunidad ha implicado mejorar el trabajo e innovar áreas antes abandonadas. “Con ahorros de 30% en el costo de la nómina, superamos las metas de la administración anterior. En la Función Pública eliminamos una subsecretaría y más de 200 posiciones de mando, pero incrementamos el uso de tecnologías y mejoramos la coordinación”, señaló.

Desglosó en cinco ejes rectores la transformación de la Secretaría y el impulso de una nueva ética en la Administración Pública Federal: 1) Austeridad republicana, 2) Ciudadanización del Combate a la Corrupción, 3) Relanzamiento del Servicio Profesional de Carrera, 4) Democratización de las Tecnologías, y 5) Protección de las y los alertadores de la corrupción.

Sobre la austeridad republicana, explicó que acorde con sus principios de mantener el rigor en el gasto gubernamental y la separación de los poderes público y privado, la secretaría impulsó la Ley Federal de Austeridad Republicana, ya aprobada por el Congreso de la Unión, que establece disciplinas de gasto y de personal, así como medidas para prevenir el conflicto de intereses y combatir la corrupción.

“Estamos convencidos de separar categóricamente la función pública y los intereses particulares y, con esta ley, las y los servidores públicos deberán separarse legalmente de los activos e intereses económicos que estén relacionados con su encargo y no podrán ocupar puestos en empresas a las que hayan supervisado, regulado o para las que tengan información privilegiada, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años”, advirtió.

Señaló que se han eliminado duplicidades y fusionado áreas afines.  y el gobierno se propuso ahorrar más de 10 mil millones de pesos en servicios personales, 20% del valor de la nómina de mando y enlace, sin afectar a 92 de cada 100 personas servidoras públicas de base, nivel operativo o similares, privilegiando en todo momento el gasto sustantivo.

Esclareció que en ningún caso la austeridad republicana redujo el gasto en servicios públicos ni programas sociales. “Ninguna carencia en la prestación de servicios públicos puede atribuirse a la austeridad, pues, contraria al neoliberalismo, no funciona con el pisoteo de los derechos sociales ni la reducción de la justicia social”, indicó.

Sobre la ciudadanización del combate a la corrupción, dijo que la confianza de la población en las medidas anticorrupción del Gobierno se ha traducido en más de 28 mil 300 denuncias recibidas y se cuenta con el 63% de apoyo ciudadano a la política anticorrupción.

Añadió que, además, se trabaja en un nuevo modelo de contraloría social; se lanzó el Padrón de Integridad Empresarial consistente en un registro de proveedores certificados en probidad, y se consolida la protección de la denuncia de las y los alertadores internos en cuya plataforma se han recibido más de 2 mil denuncias.

Recalcó el relanzamiento del Servicio Profesional de Carrera con Perspectiva de Género, mientras que para democratizar las tecnologías informó que se trabaja en la incorporación de técnicas informativas que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas.

Mencionó como parte de este esfuerzo el Portal Nómina Transparente, donde se puede consultar el ingreso bruto y neto de más de 1.4 millones servidoras y servidores públicos del Gobierno de México y 1.7 millones de maestras y maestros en la nómina federalizada, frente a los apenas 100 mil ingresos que se podían consultar en el pasado.

Además, señaló que 100% del gabinete legal y ampliado hizo pública su declaración patrimonial y, como nunca, 10 secretarías de Estado, entre ellas la Función Pública, alcanzaron el 100% de cumplimiento de sus declaraciones patrimoniales. Dijo que, en total, se recibieron 292 mil 879 declaraciones patrimoniales, 20 mil más que en 2018.

Destacó que esta política redituó a México el “salto histórico que dio en el Barómetro Global de la Corrupción para América Latina en 2019 donde, de 2017 a 2019, registró un aumento de 37% en la confianza de la población mexicana en la estrategia del combate contra la corrupción, llegando a 61% y convirtiendo a México en el país que más avanzó en la región”.

Para su comparecencia, la secretaria Sandoval ballesteros atenderá inquietudes de la ciudadanía, por lo que, en un ejercicio transparente de rendición de cuentas, también da respuesta a preguntas y planteamientos de la población e integrantes de instituciones académicas, de investigación, colegios de profesionales y organizaciones de la sociedad civil, y no sólo de senadoras y senadores.

La secretaria Sandoval Ballesteros aseguró que la Función Pública ganará la lucha “sin precedentes” que lleva a cabo contra la corrupción, “porque no sólo es el gobierno el que sostiene esa batalla, sino también miles de ciudadanos que denuncian la corrupción y que, por primera vez en décadas, consideran que vamos en el sentido correcto. Si la corrupción es una enfermedad, también tiene una medicina: la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia”, concluyó.