Luis Raúl González Pérez se despide de la CNDH
El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, presentó la Memoria de Gestión 2014-2019
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), durante la gestión que concluye, desarrolló sus actividades en medio de un entorno crítico en el ámbito de los derechos humanos, actuando en favor de la legalidad, de la vigencia efectiva de los derechos de las personas y por la defensa de las víctimas frente a los abusos de poder, con independencia y al margen de intereses políticos, ideológicos o de autoridades y gobiernos. El ejercicio responsable e íntegro de su autonomía, indispensable para que el Ombudsperson cumpla con sus funciones, permitió que la prioridad y el interés del Organismo Nacional estuviera en la gente y en el respeto y defensa de sus derechos.
La autonomía en la actuación del Ombudsperson fue indispensable para el debido desarrollo de la gestión, ya que cualquier subordinación a autoridades o gobierno habría condicionado o impedido la posibilidad de denunciar la ilegalidad y los abusos de poder. Al defender los derechos de las personas frente a los actos arbitrarios o ilegales de la autoridad, el Ombudsperson necesariamente se vuelve un contrapeso sano, que opera en favor de las personas y de la sociedad en su conjunto, fortaleciendo nuestra institucionalidad democrática.
De la gestión institucional realizada en los últimos años dan cuenta el informe que se presenta, así como los demás que este Organismo Nacional ha hecho públicos. Es claro que existen múltiples aspectos institucionales susceptibles de perfeccionarse y que la gestión de la CNDH debe ser objeto de reflexión, análisis y mejora, para adecuarse a las necesidades y cambios que el país demanda. Pueden existir, y es sano que haya, diversas opiniones sobre el trabajo de este Organismo Nacional, pero no pueden desconocerse los hechos objetivos y públicos que dan constancia de su trabajo.
Defender los derechos humanos no es denostar o pretender debilitar instituciones o autoridades; por el contrario, lo que se busca es fortalecerlas al pugnar porque las leyes se respeten, se apliquen, y lograr que los derechos sean vigentes y se preserven. México es un país plural y diverso; el sustrato en el que nuestras diferencias pueden encontrar un piso común lo integran la ley, las instituciones y los derechos humanos. Más que profundizar o pretender crear divisiones ideológicas, nuestro país requiere unidad y trabajo conjunto por la legalidad, por el fortalecimiento de las instituciones democráticas y republicanas, y por el respeto de la dignidad humana. Los graves problemas que enfrentamos de violencia, inseguridad, pobreza, exclusión y desigualdad solo se podrán superar mediante el diálogo y la construcción de acuerdos en el marco de la ley, en unión, tolerancia y respeto a la pluralidad y el disenso.
Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al presentar laMemoria de Gestión de la CNDH 2014-2019, acto en el cual señaló que el auténtico compromiso de una autoridad o gobierno con los derechos humanos trasciende el ámbito discursivo, ya que la única forma de verificarlo es cuando en los hechos se demuestra que cada acto, política, acción o programa busca el respeto y vigencia de los mismos, conforme los principios constitucionales de universalidad, interdependencia, progresividad e indivisibilidad. Más allá de discusiones doctrinales, en nuestro país solo las autoridades pueden violar derechos humanos; las personas particulares que afectan la integridad, vida o derechos legales de otras cometen, en todo caso, delitos, cuya persecución y sanción corresponde a las autoridades ministeriales que, de no hacerlo, incurrirían en violación a derechos humanos y, en último caso, al Poder Judicial.
Tras puntualizar que el trabajo por el respeto y vigencia de los derechos humanos no conoce –“y hay que decirlo fuerte”— de ideologías o filiaciones políticas, expresó que el contexto que atraviesa el país demanda centrarnos en el trabajo en favor de la dignidad humana, de los derechos que son inherentes a la misma y porque las víctimas encuentren la verdad, la justicia y la reparación que les corresponde, dio la bienvenida a la nueva Ombudsperson nacional, Rosario Piedra Ibarra, a quien ofreció cooperación y deseó el mayor de los éxitos en su encomienda que deberá afrontar, entre otros retos, las problemáticas complejas como los casos de Culiacán, Iguala, Tamaulipas, Tlahuelilpan, las agresiones a la familia Le Barón, las muchas demandas sobre atención y servicios de salud, medicamentos o el hacer efectivos los derechos de las niñas y niños de la primera edad, así como los de las madres y padres trabajadores, y lo concerniente a consultas previas libres, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe a pueblos originarios en megaproyectos, entre otros asuntos relevantes que integran la agenda de este Organismo Nacional.
En acto celebrado en las instalaciones de la CNDH en el Centro Histórico de la Ciudad de México y acompañado por la Directora General de Planeación y Análisis, Laura Gurza Jaidar, señaló que, durante el periodo que se reporta, la CNDH brindó 1´537,377 servicios de atención al público, habiéndose iniciado como consecuencia 133,979 nuevos expedientes, concluyéndose 135,727 casos. Se emitieron 399 recomendaciones ordinarias, 30 por violaciones graves a derechos humanos y 20 de carácter general, habiéndose realizado 28 Informes Especiales y 147 Estudios especializados en temas relevantes de derechos humanos. De igual forma, se promovieron 230 demandas de acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN y se emitieron 1,699 medidas cautelares para proteger la integridad, vida y derechos de las personas en casos urgentes. Cerca del 55% de expedientes resueltos lo constituyeron la conciliación, los resueltos durante el proceso y los que quedaron sin materia.
Destacó que la gente acude cada vez más a la CNDH y los asuntos que plantea son cada vez más complejos, lo cual ha ocasionado que la gestión institucional sea más eficaz y eficiente para hacer frente a la creciente demanda de servicios y a las características inherentes a la misma. No en pocos casos, en particular en aquellos vinculados a la existencia de violaciones graves a los derechos humanos, la atención e integración de expedientes enfrentó la negativa u omisión de las autoridades para proporcionar la información requerida, lo cual ocasionó dilación en la resolución de los expedientes en tanto esta Comisión Nacional tuvo que obtener por su cuenta la evidencia y elementos objetivos de convicción que le permitieran sustentar debidamente sus pronunciamientos.
Pese a obstáculos como ésos, frente a la indiferencia u omisión institucional, este Organismo Nacional investigó y se pronunció en favor de las víctimas, la legalidad y la defensa de los derechos en casos de violaciones graves como Tlatlaya, recalificada como tal; Apatzingán, Tanhuato, Tierra Blanca, Papantla, Nochixtlán, Allende, Palmarito Tochapan, Iguala, Temixco, San Fernando y Luvianos, entre otros, en los que su investigación evidenció la ilegalidad de la conducta de diversas autoridades y contribuyó a llegar a la verdad y a la justicia a que las víctimas tienen derecho. Durante la gestión que concluye, esta Comisión Nacional no ha sido ni es cómplice o protectora de gobiernos o autoridades; su compromiso ha sido con la legalidad y las víctimas y su trabajo es muestra y prueba de ello. “Con hechos se prueba, no con narrativas”, aseguró.
Con el objetivo de combatir la impunidad relacionada con los actos u omisiones de personal del servicio público que en el ejercicio de sus funciones vulneró los derechos humanos de las personas, precisó que a lo largo de la gestión se presentaron 924 denuncias, de las cuales 275 son del ámbito penal y 649 del administrativo. De las denuncias por responsabilidad administrativa presentadas, desde el 16 de noviembre de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2019, 364 han sido concluidas y se ha sancionado a 412 personas servidoras públicas, mientras que, en el ámbito penal, se han emitido 14 sentencias condenatorias y se da seguimiento a 253 procedimientos de índole penal.
González Pérez aseguró que para la CNDH ninguna autoridad puede estar por encima de la ley ni vulnerar los derechos fundamentales que la misma reconoce, por lo que ha señalado en sus pronunciamientos la persistencia en México de prácticas como la tortura, detenciones y retenciones ilegales, ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas, lo cual se ha planteado ante instancias internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y también se han evidenciado problemáticas tan graves como la violencia contra las mujeres, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, miembros de la comunidad LGBTTTI, trata de personas y abusos contra las personas migrantes, entre otras.
Subrayó que la corrupción también ha sido objeto de pronunciamientos por la CNDH, que ha emitido informes especiales y estudios al respecto, documentando y señalando el vínculo que esta práctica guarda con las violaciones a los derechos humanos, como en el caso del “Paso Exprés”, en que se evidenciaron posibles actos de esa nociva práctica por autoridades en la contratación y realización de obra pública, que derivaron en la muerte de 4 personas. En el ámbito público, dijo, esa irregularidad es abuso o ejercicio indebido del poder que vulnera derechos fundamentales e implica, necesariamente, la actuación de autoridades al margen o por encima de la ley para obtener de un beneficio económico o de cualquier otra índole. Donde la ley se respeta es más difícil que la corrupción se presente y más fácil que los casos en que exista se investiguen y sancionen.
Las instituciones, comentó, trascienden personas y coyunturas de toda índole, siendo uno de los cimientos esenciales de toda democracia. Si consideramos que las instituciones marcan pautas e imponen límites a la actuación de personas y autoridades, generando certidumbre en la sociedad y dando cauce a la conciliación de intereses individuales y colectivos, es claro que en la medida en que las mismas se debilitan, se abre la puerta para que la actuación del Estado sea más discrecional y la vigencia de las normas se diluya, lo cual termina afectando los términos de convivencia entre las personas. Frente al predominio del Poder Ejecutivo, cuestión que reiteradamente evidenció y criticó, Jorge Carpizo consideraba que las instituciones constituían un medio de control para evitar que existiera la posibilidad de arbitrariedades y que, si éstas se daban, el derecho violado fuera susceptible de ser resarcido.
Las instituciones, enfatizó, son garantía de que los derechos sean vigentes y se respeten. El que una institución sea un contrapeso efectivo ante el poder, implica ejercer sus atribuciones ante casos o situaciones que así lo ameriten, al margen de intereses o influencias de cualquier índole, buscando el respeto de la ley y la vigencia de los derechos. Bajo ningún concepto se debe buscar denostar instituciones o autoridades, los contrapesos deben fortalecer la institucionalidad democrática y republicana, no debilitarla.
González Pérez concluyó al señalar que, con independencia de personas, la CNDH es, ha sido y seguirá siendo una institución viva al servicio de México, que alce la voz por defender los derechos y trabaje, junto a las demás instancias del Estado, para que en nuestro país el respeto y vigencia efectiva de los derechos sea una realidad. El trabajo que realice en favor de la legalidad y el empoderamiento efectivo de la gente mediante la vigencia de sus derechos ha sido y será su mejor testimonio de ello.
Por su parte, Laura Gurza Jaidar detalló que, de los 451,981 expedientes de queja integrados por la CNDH desde su creación en 1990, 133,979 se recibieron durante la presente administración, lo que representa el 29.6% de ese total; además de ello, de 35 Recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos emitidas desde que este Organismo Nacional inició sus actividades, 30 de ellas se generaron en el periodo comprendido entre 2014 y noviembre de 2019.
Subrayó que durante la gestión que concluye se elaboraron 20 Recomendaciones Generales (48.8% del total histórico) que abordan temas relacionados a la protección de los derechos de la niñez, discriminación, migración, agresiones a periodistas y defensores civiles de derechos humanos, sistema penitenciario, protección de la salud y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre otros; además, se elaboraron 28 informes especiales sobre diversas temáticas de protección y defensa de los derechos de las personas, cifra que supera el 41% del histórico y añadió que esta administración emitió 1,699 medidas cautelares que constituyen 59.66% del gran total histórico de 2,849 acciones preventivas.
Tras señalar que durante esta administración se realizaron 79,253 acciones inmediatas de protección de derechos humanos, de las cuales 71,228 mil fueron en estaciones migratorias y 8,025 en Centros Federales de Readaptación Social, Gurza Jaidar también destacó las contribuciones de este Organismo Nacional a reformas constitucionales y legales, la puesta en marcha del portal Educa CNDH con 20 cursos disponibles en línea, capacitando de manera presencial y en línea a tres millones de personas; Escuelas Itinerantes para personas indígenas y de Igualdad de Género; conversatorios y foros temáticos que impactaron a millones de personas; la Red Interinstitucional en Derechos Humanos mediante la cual se imparte una maestría y un doctorado sobre este tema; la creación del Centro de Análisis e Información Geoespacial (CAIG), así como la puesta en marcha del Observatorio y Alertamiento sobre Derechos Humanos, entre otras importantes acciones.
El texto íntegro de la Memoria de Gestión de la CNDH 2014-2019 puede consultarse en la siguiente liga:
