Demanda CNDH a los tres órdenes de gobierno, familias y sociedad erradicar la violencia recurrente contra personas menores de edad

En ocasión del Día Universal de la Niñez –20 de noviembre—, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demanda a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a las familias y a la sociedad en su conjunto dejar atrás la violencia recurrente que sufren las personas menores de edad en todos los ámbitos en que se desenvuelven, y a respetar y garantizar todos sus derechos para construir una sociedad pacífica, incluyente y democrática.

• La violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes no es inevitable, pero mucho depende de que las leyes y normas se apliquen, de que existan políticas definidas de protección y de la comunicación y la promoción de esas leyes y esas políticas; se trata, en suma, de cambiar toda una cultura y de sensibilizar a toda la sociedad desde las familias y las comunidades.

• Por eso, la CNDH plantea que México necesita invertir y tomar acción de manera prioritaria para salvaguardar los derechos de 40 millones de personas menores de 18 años de edad que residen en el país y requieren de la protección reforzada del Estado. Lo primero es garantizar la igualdad de oportunidades de desarrollo pero también el combate a los distintos problemas que les afectan: la violencia intrafamiliar y en las escuelas; el incremento de problemas de salud por la contaminación ambiental, el sobrepeso y la obesidad y la discriminación, hasta situaciones tan graves como la trata de personas, la desaparición, la explotación sexual y laboral, los homicidios y las consecuencias de la presencia de grupos del crimen organizado en diversas regiones del país.

• Al cumplirse el 30 aniversario de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, esta Comisión Nacional destaca que México cuenta con un marco normativo de vanguardia en materia de niñez y adolescencia y, sin embargo, el principal problema radica en su falta de cumplimiento, y por ende en una precariedad en el cumplimiento de los derechos.

• En 2020, el Estado mexicano deberá rendir su sexto informe al Comité de los Derechos del Niño –órgano encargado del seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño— y dentro de él deberá presentar los avances de la materialización de las observaciones y recomendaciones que ha dirigido a nuestro país en el pasado, por lo que es prioritario implementar acciones urgentes que nos permitan abatir los rezagos.

• En cuanto al derecho a la salud, uno de los principales indicadores relacionados con el acceso a este derecho por parte de niñas, niños y adolescentes es el que se relaciona con la mortalidad infantil. Desde 1990, algunos indicadores presentan resultados notables y, sin embargo, mientras un Informe de UNICEF indica que la cobertura del registro de nacimientos de las niñas y niños en los dos primeros meses de vida alcanza a casi la mitad (45.7%), en Chiapas el porcentaje tiene el porcentaje más bajo de registro, antes de los 60 días (14.6%), seguido de Oaxaca (21.1%) y Tabasco (26.4%).

• En cuanto al derecho a la educación, el INEGI refiere que 7.2% de la población de 5 a 17 años no asiste a la escuela, mientras que del total de adolescentes de 16 a 17 años que no asisten a la escuela el 35% no concluyó sus estudios básicos. Además, para el ciclo escolar 2017-2018, la cobertura de educación preescolar fue de 75.7 %, la de primaria de 98.4 %, la de secundaria 84.5 %, la media superior de 64.4 %, y la superior de 29.5 % (SEP 2017). Esto implica que si bien durante los primeros años de vida, el derecho a la educación se encuentra relativamente garantizado, a medida que las niñas, niños y adolescentes crecen es mucho más difícil otorgarles y garantizarles este derecho.

• En cuanto a la situación laboral, cerca de 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentra en condición de trabajo infantil, y de ellos 89.5% realiza actividades económicas no permitidas y 61.3% labora en actividades peligrosas para su salud y seguridad.

• En el caso de la pobreza multidimensional, es de destacar que 74.4 % de niñas, niños y adolescentes en el país padecen una o más carencias sociales y más de 3.4 millones de niñas y niños eran vulnerable por ingresos, es decir, 8.5% de ellas y ellos vivían en hogares con un ingreso menor al indispensable para cubrir sus necesidades básicas. Por si esto fuera poco, tres de cada cuatro niñas, niños y adolescentes en México (29.6 millones) tenían carencia en alguno de sus derechos sociales, y uno de cada cuatro tenía tres o más carencias sociales (9.1 millones) y el derecho social en que la población infantil y adolescente presenta mayor porcentaje de carencia, es el acceso a la seguridad social, con 62.6 % (24.9 millones) (ESTUDIOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO E IMPACTO DE LAS RECOMENDACIONES GENERALES, INFORMES ESPECIALES Y PRONUNCIAMIENTOS DE LA CNDH 2001-2017).

• Además de lo anterior, una serie de desigualdades socioterritoriales inciden en las carencias que viven niñas, niños y adolescentes, de tal suerte que se encuentran regiones del país donde las carencias sociales de este grupo poblacional se agudizan y se amplían las diferencias con otras zonas geográficas más desarrolladas, especialmente entre las áreas rurales y aquellas urbanas o metropolitanas.

• Es un hecho que la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la ONU el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por México en 1990, ha permitido transformar la vieja visión de que las personas menores de edad son personas en formación dependientes de sus familias, a una donde se reconoce plenamente su carácter de sujetos de derechos, estableciéndose obligaciones concretas para que las autoridades, familias y comunidades, las cumplan. También ha permitido identificar violaciones a sus derechos que por siglos pasaron inadvertidas, entre otras el acoso escolar. Pero es un hecho que hay una enorme tarea por hacer.

• Es de destacar que hace unos días esta Comisión Nacional lanzó la campaña “Deja atrás la violencia contra niñas, niños y adolescentes”, con el objeto de concientizar a las familias de aquellas prácticas normalizadas como métodos de disciplina, pero que en realidad constituyen formas de violencia.

• La CNDH está empeñada en hacer su parte para generalizar conciencia sobre ese y otros temas, de manera que se garantice plenamente el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en el país y que los planes y programas que se diseñan en los Sistemas Nacional, estatales y municipales de Protección Integral se traduzcan en acciones concretas.