OPINIÓN | Los retos para la seguridad en 2020: Gobierno y sociedad

Aun cuando los datos completos sobre delincuencia de 2019 estarán disponibles hasta los próximos días, ya sabemos que el año cerrará con cerca de 40 mil homicidios; siendo entonces el año más violento del que tenga registro.

La creación de la Guardia Nacional sigue en fase de concretización y acomodo, y hay la impresión de que todo el entramado de seguridad está tambaleante y que las organizaciones criminales no tienen quien les haga frente.

Los ciudadanos se sienten en estado de indefensión y viven en medio de la incertidumbre de no saber qué hacer para evitar ser víctimas de delitos que afecten sus vidas y patrimonios.

Encuestas como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) muestran con claridad tendencias al alza en los índices de victimización y de percepción de inseguridad.

Preocupante que el 71.3% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro; es decir, no nos sentimos seguros en ninguna parte.

Estos retos sólo podrán afrontarse exitosamente mediante una adecuada relación de confianza entre autoridades y ciudadanos. Y es aquí precisamente donde radica el problema principal. ¿Cómo reparar una relación rota que desde hace más de 20 años existe entre ciudadanos e instituciones de Seguridad?

Los abusos policiales tienen su origen en estructuras policiales obsoletas, antidemocráticas, opacas, llenas de vicios y que no responden a los intereses de los ciudadanos sino de los políticos.

Dada la histórica y endémica desconfianza de los mexicanos hacia sus autoridades, es ya necesario abordar la siempre incompleta y postergada reforma policial, misma que debe empezar desde las estructuras policiales, abriéndolas al escrutinio y supervisión ciudadana.

La formación policial es insuficiente y deficiente, siendo otra gran área que debe ser intervenida para incrementar los estándares de preparación de las fuerzas del orden, llevándola más allá del aspecto meramente técnico para darle un toque deontológico y de valores humanos que la hagan más completa y más empática con las necesidades reales de las personas.

Algo debe andar muy mal si en las últimas décadas sabemos que en México impera un clima de desconfianza en el sistema de seguridad pública. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía la percepción de inseguridad se ha mantenido desde 2013 en cifras superiores al 67 %, rondando ya los linderos del 80% en algunos casos.

Hay por lo tanto, una relación entre construcción de confianza, certidumbre institucional y seguridad en las comunidades, tal como lo señalan los autores Oviedo 2007; Campoy-Torrente, Chelini y Soto-Urpina 2016.

El proceso involucra cooperación policía-ciudadanos y un comportamiento ético basado en el convencimiento y no solo en la imposición, y es necesario que impere la transparencia en las instituciones de policía y un sistema lo menos injusto posible de sanciones a conductas inadecuadas en forma expedita y participativa, tal como es la política sugerida por el U.S. Department of Justice desde el año 2007.

La actuación policial debe ofrecer con sus acciones cumplir con las legítimas aspiraciones ciudadanas de paz y vida en armonía, deben ser el germen del debate público para mejorar los índices de seguridad.

Se debe tomar en serio este debate o seguiremos año con año incrementando, no sólo los índices de inseguridad, sino también el conteo de las personas que pierden patrimonio y vida en medio del vórtice de violencia en el que estamos todos inmersos en México.

El reto para todos es que la seguridad la debemos construir sobre los cimientos de la prevención, unidos sociedad y gobierno.