El dinero no debe controlar a la política: Consejera Claudia Zavala
Coinciden académicos que dinero y política son inevitables en el contexto de la democracia actual
Al participar en la mesa “Reformas al financiamiento público: ¿se puede hacer política sin dinero?”, la Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Zavala Pérez, afirmó que reducir el financiamiento público a los partidos políticos sin contar con un diagnóstico preciso, podría debilitar el consenso democrático que hoy, con sus aciertos y debilidades, han sostenido al país.
Dinero y política constituyen una materia clave para la calidad y estabilidad de la democracia y, teniendo claro que se requiere de un mínimo de razonabilidad en la asignación de recursos para generar equilibrio en el sistema, llama la atención que no exista un estudio riguroso e integral, indicó la Consejera en el marco del 5° Ciclo de Conferencias sobre Gobernanza Electoral que se realiza en el Instituto de investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Expuso que ese diagnóstico tendría que partir de la base de que el dinero no debe otorgar ventajas ilegítimas a ninguno de los contendientes; pero considerando que existe una exigencia ciudadana para reducir el financiamiento a los partidos y campañas electorales, bajo el principio de que el financiamiento público prevalezca sobre el privado.
“El dinero no debe controlar la política, pero también la política institucionalizada debe contar con recursos debidamente controlados, porque si bien la democracia no tiene precio, sí tiene un costo de funcionamiento y el uso de recursos económicos es indispensable para la competencia electoral”.
Las modificaciones de fondo deben atender a que los partidos realizan una actividad sustancial y democratizadora al interior del sistema, por lo que cualquier reducción no debe suponer una lesión a su actividad ordinaria, manifestó.
Derroche, corrupción e impunidad han viciado la política
Acompañada de Rosa María Mirón Lince, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM; Guadalupe Salmorán, académica del IIJ; Arturo Espinosa Silis, estratega electoral, y Omar de la Cruz, estudiante de Posgrado de FCPyS, la Consejera Zavala subrayó que el desafío en el financiamiento público se encuentra en los sistemas de fiscalización, en el control del origen y destino del dinero, del respeto a la ley y de la denuncia ciudadana de los excesos de los servidores públicos.
“Justo esa relación del dinero entre el derroche, la corrupción y la impunidad es lo que ha viciado la política, que la ha desprestigiado y alejado de la gente”, sentenció.
Esos tres temas, dijo, se han convertido en temas recurrentes en la vida pública, por ello, se pronunció por crear una especie de pedagogía pública, sobre todo lo relacionado con las finanzas que va desde la recaudación, sus dificultades, sus fines, límites del ejercicio y de sus reglas.
“Sólo de esa forma será posible explicarle a la sociedad que el dinero no es siempre el demonio de la vida pública, sino que se instituye como una inversión que realiza la administración pública como motor de desarrollo”.
En su exposición, Rosa María Mirón Lince indicó que dinero y política es una relación inevitable, pero hoy toma relevancia por la disminución al financiamiento como un tema político ya que “vende muy bien”; no obstante, agregó, es necesario diseñar un esquema acorde a las necesidades del país, pues “la democracia se perfecciona con más democracia, no con menos”.
Arturo Espinosa Silis detalló que 94% de los países de América Latina, excepto Bolivia y Venezuela, tienen financiamiento público para hacer política; sin embargo, el gasto más generoso es en el modelo mexicano, porque cuenta con financiamiento local y federal, además de distintas prerrogativas como acceso a medios de comunicación, entre muchos otros beneficios, que no han sabido administrar de forma adecuada.
Como alternativas, mencionó que los nuevos partidos no deben tener financiamiento público, eliminar el doble financiamiento –local o nacional-, y abrir las aportaciones de la militancia.
A su vez, Guadalupe Salmorán propuso repensar las fórmulas de cálculo, distribución o disminución de recursos en un proceso de deliberación con el mayor consenso posible de las fuerzas políticas, para que no comprometa la equidad en la contienda y la representación del pluralismo político.
Omar de la Cruz se decantó por eliminar el financiamiento público a los partidos políticos o determinar una nueva distribución, otorgando los recursos públicos de forma igualitaria entre los partidos, pero disminuyendo en un 50% de la bolsa actual.
