Preocupa a CNDH falta de políticas que beneficien a indígenas con discapacidad

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), manifestó su preocupación porque las personas indígenas con discapacidad de comunidades de Chihuahua, Hidalgo y Yucatán que corresponden a los grupos originarios Tarahumara, Otomí y Maya, se encuentran en situación de desventaja social y en condición de vulnerabilidad severa al ser discriminadas y excluidas de programas específicos destinados a mejorar el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Así lo señaló la Presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, quien destacó que históricamente los pueblos y comunidades indígenas han sido apartados del progreso social, en especial las mujeres con discapacidad que son doble o triplemente excluidas de disfrutar plenamente de sus derechos fundamentales como el acceso a la educación.

Durante la presentación del primer “Estudio sobre el Marco Jurídico de Protección de los Derechos de las Personas Indígenas con discapacidad en las comunidades Maya, Otomí y Tarahumara”, realizado por esta Comisión Nacional, detalló que hay que trabajar por el respecto de los derechos indígenas, ya que el rezago social acentúa las condiciones de miseria de las comunidades.

Sabemos que hay un rezago en los sistemas educativos para que las personas con alguna condición, sea cual sea puedan acceder a la educación, dijo la Ombudsperson, quien agregó que no se cuenta con maestros preparados que dirijan la educación de este grupo poblacional a la inclusión laboral para que sean autónomos durante todas las etapas de su vida.

Acompañada en el presídium por Israel Martínez Ruiz, Violeta Hernández Andrés y Joaquín Alva Ruiz, representantes de la Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, CDMX (SEPI), del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) del Programa de Atención a Personas con Discapacidad de la CNDH, así como por José Martínez Cruz, Director General de la Primera Visitaduría General de la CNDH, añadió que esta Comisión seguirá impulsando todo aquello que beneficie los derechos de las comunidades indígenas, o de cualquier área o población del país.

José Martínez Cruz, destacó que el estudio se enfoca específicamente en hacer visibles a las personas indígenas con discapacidad ante el Estado mexicano, la sociedad y las comunidades donde viven, por lo que se requiere preservar lo mejor de estas y mostrar los conflictos, contradicciones y dificultades que enfrentan en términos de discriminación y exclusión, cómo se han superado, y lo que se requiere para lograrlo.

En este sentido, dijo, el informe contribuye de manera importante a colocar lo que está en las leyes, convenios y tratados internacionales en la construcción de políticas públicas en beneficio de las comunidades indígenas.

Joaquín Alva, comentó que la discapacidad se tiene que entender desde la perspectiva de derechos humanos, lo que implica una evolución en el pensamiento y acción de los Estados y de todos los sectores de la sociedad, para que las personas con discapacidad dejen de ser consideradas receptores de servicios de beneficencia u objetos de decisiones de otros, y pasen a ser titulares de derechos.

Violeta Hernández Andrés, mencionó que el diagnóstico da un aporte claro y analiza qué representa ser mujer indígena con discapacidad, en la mayoría de los casos pobre y vivir en una comunidad, quienes no buscan acceso a sus derechos básicos desde el paternalismo, sino las herramientas para ser independientes y autónomas.

Israel Martínez Ruiz, reconoció que cuando se aborda el tema de los derechos indígenas solo se tiene presente la población en condición de pobreza, marginación y carencias, sin identificar que se presentan otras situaciones que, desde el ámbito de las políticas públicas, no se llegan a abordar como es el caso de las personas indígenas con discapacidad.

El Estudio sobre el Marco Jurídico de Protección de los Derechos de las Personas Indígenas con Discapacidad, revela la necesidad de implementar estrategias que deriven en la inclusión de este grupo poblacional, mediante planes, programas y acciones que generen desarrollo y sostenibilidad al interior de esas comunidades, que suelen tener menos oportunidades económicas, el peor acceso a la educación y las tasas de pobreza más altas, vulnerándose de manera constante y sistemática sus derechos básicos.

Las comunidades que se consideraron en este este estudio cuentan con el mayor número de personas con discapacidad que viven en extrema pobreza y marginación, además se realizó una exhaustiva investigación documental que arrojó las siguientes propuestas para las y los titulares de las Secretarías de Bienestar y Gobernación, el CONADIS y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas:

Formular un Plan Nacional de Desarrollo que tenga como prioridad a las personas indígenas con discapacidad mediante planes sectoriales que sienten las bases para el diseño e implementación de políticas, programas, estrategias y acciones con recursos presupuestales suficientes, entre otros.

También pidió al Estado mexicano llevar a cabo acciones específicas en materia de salud, al derecho de la habilitación y rehabilitación de personas con discapacidad, a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad, a la educación el trabajo y el empleo, a un nivel de vida adecuado y a la protección social.

Previo a la presentación del estudio, que se llevó a cabo en la sede del Centro Histórico de la CNDH, un conversatorio en el que participaron mujeres indígenas con discapacidad de las comunidades Santiago Atitlan, Mixe y Santa María Tlahuitoltepec, Mixe de Oaxaca, quienes hablaron de la discriminación, exclusión y falta de servicios básicos y apoyo por parte del gobierno para ser independientes y autónomas.