Tabasco aplicará justicia terapéutica

Para atender recomendaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), y reducir la incidencia y reincidencia delictivas propiciadas por el consumo de drogas y alcohol, a finales de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco (TSJ), implementará un nuevo programa que ya se aplica con éxito en los cinco continentes del mundo, así como por lo menos ocho estados de la República Mexicana.

Se trata del programa Justicia Terapéutica, en el que el presidente del Poder Judicial, Enrique Priego Oropeza, ha mostrado sumo interés, dado que permite entender la problemática de las personas que padecen adicción a sustancias psicoactivas y la manera cómo darles asistencia desde un enfoque médico-legal en el que se favorece la prevención y reinserción social de las personas.

Esta iniciativa comenzará a aplicarse a finales de marzo en materia de adolescentes, previa firma del convenio con instituciones cuyos integrantes conformarán el equipo multidisciplinario que brindará apoyo legal, médico, educativo, psicológico y de seguimiento, para asegurar que quien participe de manera voluntaria supere su adicción, e incluso se prevé la participación de organizaciones no gubernamentales para propiciar que los jóvenes obtengan empleo.

Gilberto Melquiades Miranda Díaz, magistrado de la Sala Especializada en Materia de Adolescentes, explicó que se pretende establecer este esfuerzo de forma gradual, e iniciar con los adolescentes, dado que cifras del sistema especializado en la materia revelan un alto porcentaje de consumo de drogas en jóvenes de entre 14 y menos de 18 años.

De igual forma, 90 por ciento de los ilícitos sometidos al procedimiento judicial cometidos por un joven tienen su origen en el uso de drogas.

La resolución S-20/3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sostiene que los programas de reducción de la demanda de drogas deberán abarcar todos los aspectos de la prevención, desde desalentar el consumo inicial hasta reducir las consecuencias sanitarias y sociales nocivas del uso indebido de drogas, y para ello incorporarán servicios de información, educación, sensibilización pública, pronta intervención, asesoramiento, rehabilitación, prevención de recaída, postratamiento y reinserción social.

Este nuevo modelo, indicó el magistrado Miranda Díaz, está conceptualizado como una corriente filosófico-jurídica, dentro del área clínica, particularmente en las ciencias del comportamiento que estudia al Derecho como un agente terapéutico. Para ello se utilizan herramientas de la psicología, psiquiatría y medicina, a fin de mejorar el bienestar emocional de los adolescentes, como medio para la reforma de leyes, procesos y procedimientos legales.

Incluso, abundó, analiza los efectos del Derecho y los sistemas legales en el comportamiento, emociones y salud mental de las personas, es decir, cómo interactúan el Derecho y la salud mental.

Miranda Díaz detalló que el modelo, denominado también cortes de drogas, establece la aplicación de cuestionarios a cargo de personal del TSJ, conocido como procedimiento de tamizaje, el cual está dirigido a la detección del candidato a tratamiento. Si éste arroja resultado positivo, se remite al candidato al sector salud para ser sometido a estudios especializados de confirmación de adicciones al alcohol, heroína, metadona, opiáceos, barbitúricos, sedantes, cocaína, anfetaminas, cannabis, alucinógenos o inhalables.

Comentó que una posibilidad del programa es aplicar la suspensión condicional del proceso, una vez que se haya dictado el auto de vinculación a proceso y se trate de un ilícito que establezca medida de sanción distinta al internamiento conforme determina la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y que el adolescente manifieste su consentimiento debidamente informado para acceder al programa de tratamiento de adicciones.

Ello al tomar en cuenta previamente los requisitos contemplados en la ley nacional establecida para los adolescentes y se compruebe que exista relación de causa-efecto entre el problema de adicción y la comisión del delito de que se trate. Para obtener este beneficio el joven debe manifestar su consentimiento a someter a un programa de desintoxicación, de forma voluntaria e informada, dijo.

Señaló que posteriormente se celebraría una  audiencia con el equipo multidisciplinario, esto es, juez de control, fiscal del Ministerio Público, abogado defensor, representante de la Procuraduría Estatal de Protección a la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el experto en psicología, así como un representante del centro del tratamiento. Este equipo de trabajo, presidido por el juez, explicaría al adolescente en qué consiste el programa, reglas y beneficios que representa.

Con la propuesta de las partes y el consentimiento informado del adolescente se ordenaría la suspensión condicional del proceso a prueba y fijarían las condiciones a cumplir. No obstante, también se deberá tomar en cuenta la reparación del daño causado a la víctima, el cual deberá quedar comprendido dentro de la suspensión condicional del proceso judicial.

Agregó que una vez llegada esta etapa se dará seguimiento al programa mediante audiencias con la participación del equipo multidisciplinario, las cuales se programarán de acuerdo a las necesidades de atención al adolescente y los requerimientos que determine el centro de tratamiento.

Se evaluarán avances u obstáculos que enfrente el menor con la aplicación del programa de rehabilitación, se estimulará su motivación con el reconocimiento de logros y, cumplidas las condiciones y el pago de la reparación del daño en el plazo fijado, se llevará a cabo la audiencia de graduación del programa. Esto es, en un acto formal y solemne se informará sobre la rehabilitación del adolescente y se decretará el sobreseimiento de la causa con efectos de sentencia absolutoria.

El magistrado Gilberto Melquiades Miranda afirmó que en el programa podrán participar quienes ya hayan recibido una sentencia o aún están sometidos a proceso, aunque reconoció que no se aplicará en todos los delitos. Va a funcionar solamente en aquellos que no tienen como sanción pena privativa de libertad, esto es, robo y los delitos no graves, tales como lesiones que no pongan en riesgo la vida y violencia familiar, entre otros.

Refirió que las salas especializadas en materia de adolescentes de Nuevo León, Estado de México, Chihuahua, Morelos, Durango y Chiapas, donde ya se aplica el programa, han obtenido buenos resultados y se ha reducido el gasto generado cuando una persona está recluida.

Como ejemplo, citó, en Chihuahua se redujo la reincidencia delictiva. “De diez jóvenes que ingresaron al programa y lo terminaron con éxito sólo uno de ellos fue reincidente de una conducta delictiva ya como adulto, en tanto nueve de ellos habían pasado entre tres y cuatro años sin haber perpetrado un ilícito”, aseguró.

A nivel mundial, la ONUDC elaboró  el Manual sobre Tratamiento del Abuso de Drogas en el que relata las experiencias sobre el tema en Nicaragua, La India, Pakistán, Chile, Gales, Estados Unidos, Australia, Nigeria, Reino Unido, Laos, Tailandia, Kenia, Emiratos Árabes Unidos, Irlanda e Islas Mauricio.

En su elaboración participaron especialistas del Centro Nacional contra la Adición del Instituto de Psiquiatría del Reino Unido e Irlanda del Norte, el Consejo de Servicios de Lucha contra la Drogadicción y el Alcoholismo, de Adelaida, en Australia, y el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Chiang Mai, en Tailandia, así como personal de la oficina regional de México que coordinó los ensayos en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

El proyecto, que incluye marco jurídico, elementos para un tratamiento eficaz y propone la participación de la comunidad en el tratamiento del abuso de drogas, así como pautas para supervisar la ejecución del programa de rehabilitación, fue revisado por expertos de Canadá, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, de la Organización de Estados Americanos (OEA), y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y fue puesto a prueba en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y el hospital público de Georgetown, en Guyana, en América del Sur.