Exhorta la presidenta de la CNDH a los (as) 31 gobernadores (as) y a la jefa de gobierno de la CDMX, para que atiendan de forma prioritaria la problemática de la desaparición de personas y en favor de las víctimas, en cualquier circunstancia
Nunca debe perderse de vista la importancia de estar del lado de las víctimas, ya que, en muchos de estos casos, las familias realizan las tareas búsqueda, más allá del esfuerzo de los gobiernos
Para este Organismo Nacional, las y los titulares de los poderes Ejecutivos en los Estados y en el gobierno de la Ciudad de México, tienen una responsabilidad fundamental de generar, en cualquier circunstancia, condiciones para la atención de los casos de desaparición de personas y violaciones graves a los derechos humanos, que datan muchos de ellos, desde los años sesenta del siglo pasado y hasta el contexto en que se presentan hoy en día.
El pasado 17 de noviembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, la cual entró en vigor el 16 de enero de 2018; sin embargo, hasta el momento, los avances aún no se encuentran a la altura de las expectativas de las víctimas ni de la sociedad mexicana, por lo que se requiere una mayor voluntad política, en particular desde las y los titulares de los poderes ejecutivos en las entidades federativas, para fortalecer el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y apoyar a las instancias que lo conforman.
En la actualidad existen nuevos retos, ya que además de la problemática de la búsqueda e investigación de los casos, se ha sumado una verdadera emergencia forense a nivel nacional en razón de los miles de cuerpos y restos humanos que no han sido identificados. De nada sirve fortalecer el marco jurídico, si el contenido de esas leyes no se vuelve realidad, en detrimento de las víctimas.
En esta comunicación oficial, que se ha hecho llegar por escrito a las y los titulares de los poderes Ejecutivos en los Estados y en el gobierno de la Ciudad de México, este Órgano Constitucional Autónomo ha requerido a dichos funcionarios (as), en su calidad de mandatarios (as), a escuchar a sus mandantes, la sociedad, y con ello, a impulsar, coordinar y supervisar, en el marco de sus atribuciones y funciones, los esfuerzos de investigación y búsqueda en los casos de desaparición de personas, conforme a derecho y hasta sus últimas consecuencias, más allá de la actual emergencia sanitaria, tal como lo demandan los mejores intereses de la sociedad mexicana.
Este atento pero enérgico exhorto, que ha sido enviado a las 32 entidades, contiene 16 tareas, de las que derivan 31 acciones concretas, que se proponen para fortalecer la cooperación de las instancias encargadas de la búsqueda de personas, de atención a víctimas, de procurar justicia y brindar seguridad pública, así como de aquellas responsables de promover el desarrollo social, el crecimiento económico, el empleo, la salud y la educación, a fin de establecer una política integral que permita prevenir, perseguir y sancionar la desaparición de personas en todas la entidades federativas.
Aquí no cabe la simulación, por lo que la CNDH se pronuncia por materializar el contenido de la ley, mediante la voluntad política de las instancias de gobierno, de tal forma que esto se refleje de inmediato en la utilización de los avances tecnológicos, en la profesionalización de los actores encargados de su aplicación y la existencia de recursos suficientes para instrumentar sus contenidos, para que la Comisión Nacional de Búsqueda, sus homólogas en las entidades del país, las Fiscalías Especializadas, las áreas de servicios periciales y todas aquellas instancias que forman parte del sistema nacional de búsqueda, cumplan cabalmente con sus funciones.
Cabe señalar que en el marco de la actual emergencia sanitaria, el Consejo de Salubridad General de nuestro país, emitió el 30 de marzo de 2020, el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS – Cov 2 (COVID-19), por lo que los (as) mandatarios (as) de las 32 entidades del país, tienen la responsabilidad de continuar impulsando la investigación, búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas tanto en vida como en campo, sin poner en riesgo la salud y la vida de quienes participen en ello y armonizando estas tareas de forma puntual con las medidas y recomendaciones sanitarias que eviten la propagación del virus mencionado.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del Programa Especial de Personas Desaparecidas y de todas las áreas de este organismo que de manera transversal están dedicadas a la atención de estos casos todos los días, estará dando seguimiento a los esfuerzos que realicen el gobierno federal, los gobiernos estatales y el de la Ciudad de México y acompañando a los Colectivos de familiares y víctimas, en esta lucha por consolidar una sociedad libre de violencia, en la que impere una cultura de paz, legalidad y de respeto a los derechos humanos.
