Sedatu e Insus otorgarán certeza jurídica sobre su vivienda a 36 mil familias en 2020
“El Estado de México es la entidad con mayor irregularidad y después, esta se concentra en Puebla, Veracruz y Chiapas
Ciudad de México, 12 de mayo 2020.-La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en coordinación con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), invertirá 450 millones de pesos (mdp) en la realización de 36 mil acciones de regularización de vivienda, como parte de la vertiente de regularización y certeza jurídica del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), que este año llegará a 18 municipios –en su ejecución ordinaria- y a 68 más, como parte de la Estrategia Emergente de Vivienda Popular para la reactivación económica.
Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu, explicó que la regularización del suelo es una deuda histórica con el país, pues “un porcentaje muy importante de las y los mexicanos no tienen forma de demostrar que son poseedores de su vivienda, pues carecen de escrituras. Este es un tema fundamental cuando hablamos del proceso de reactivación económica, pues esta población no tiene capacidad de acceso a créditos porque no tienen un sustento legal para solicitarlos”.
El director general del Insus, José Iracheta Carroll, detalló que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen 6.3 millones de lotes irregulares en México y cada año se suman aproximadamente 90 mil familias a la irregularidad.
“El Estado de México es la entidad con mayor irregularidad y después, esta se concentra en Puebla, Veracruz y Chiapas. En el sur-sureste de nuestro país es donde se concentra el mayor número de familias sin un título de propiedad, lo que coincide con las características de pobreza y marginación. Esto es muy relevante porque las intervenciones del Programa de Mejoramiento Urbano justamente coinciden con las regiones que tienen un mayor problema de marginación”, detalló.
Iracheta Carroll subrayó que la irregularidad es relevante, entre otros temas, por los costos de urbanización que implican para los gobiernos locales.
“Tenemos que adelantarnos al problema mediante la gestión del suelo, generando una oferta de suelo para que las nuevas familias se puedan sumar al desarrollo urbano de forma adecuada; es decir, que haya una oferta de suelo que puedan pagar dentro de la ciudad y que vayan a un lugar adecuado, desde el principio y no que el Estado tenga que ir tapando los hoyos que se van generando con el tiempo en el desarrollo urbano”, abundó.
Tener un título de propiedad garantiza a las familias, en el corto plazo, la certeza sobre su patrimonio, les permite acceder a financiamiento público y privado para la vivienda y para la infraestructura urbana; así como al mercado secundario de vivienda.
En el mediano y largo plazo se fortalece el ordenamiento territorial, se reducen los costos sociales, económicos, territoriales y ambientales, se generan fuentes de financiamiento para el desarrollo urbano, se controla la ocupación del suelo en zonas de riesgo, de valor ambiental, paisajístico, cultural, histórico o de valor productivo.
Cabe señalar que el año pasado, el Insus logró realizar 18 mil 546 acciones de regularización a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) 2019, el Programa para Regularizar Asentamientos Humanos (PRAH) y de regularización sin subsidio.
