Busca INE optimizar la inclusión de las personas indígenas en la democracia

Las acciones afirmativas implementadas para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, que han permitido la participación política de sus representantes en diputaciones federales, requieren ser optimizadas para que el ejercicio de este derecho no tenga obstáculos, sostuvo la Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Adriana Favela Herrera.

Al participar en la videoconferencia “Evaluación de las acciones a favor de la inclusión de las personas indígenas en la democracia” dijo que en una verdadera democracia todas las voces deben ser escuchadas sin ningún tipo de violencia, discriminación o marginación.

“Desde el INE buscamos que las personas indígenas puedan tener acceso a una participación en la democracia, no solamente votando, sino también teniendo acceso a los cargos de elección popular a través de las candidaturas”, señaló.

Las personas indígenas desafortunadamente están en situaciones de desventaja, de discriminación y marginación, agregó, al mencionar que de acuerdo a cifras del Plan Nacional de Desarrollo hay 7.4 millones de personas hablantes de lengua indígena; 25.7 millones que se autoadscriben como indígenas, que es el 21.5 por ciento de la población nacional; hay 64 mil 172 localidades con población indígena; 77.6 por ciento de esta población se encuentra en condiciones de pobreza y 39.4 en condiciones de pobreza extrema.

La Consejera Favela explicó que el trabajo realizado por el INE en materia de acciones afirmativas, permitió que 13 curules de los 28 distritos electorales indígenas sean ocupados por personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas.

La autoadscripción calificada, es decir que los partidos políticos y las coaliciones deben postular en 13 distritos electorales federales candidaturas integradas por personas de origen indígena, acreditando con las constancias pertinentes el vínculo de éstas con la comunidad a la que pertenecen y a la que pretendían representar.

Asimismo, paridad entre los géneros, para que en esos 13 distritos por lo menos siete candidaturas fueran para siete mujeres y seis hombres o viceversa.

Estas acciones han sido replicadas a nivel local para no sólo darles acceso a las diputaciones, sino a la integración de ayuntamientos, pero “obviamente faltan muchas cosas por hacer y también creo que algo muy importante que tenemos que estar dilucidando en los próximos meses, ver cómo hacemos para que esta autoadscripción calificada, realmente tenga un efecto más benéfico y que no se vaya a convertir en una traba para frenar la participación de las personas indígenas, pero sí se convierta en un filtro importante para asegurarnos que realmente las personas que llegan a ocupar esas candidaturas y luego los cargos de elección popular, realmente sean de origen indígena” .

No podemos permitir que sigan en la marginación

Junto con la especialista en derechos político-electorales de las personas indígenas, Ana Claudia Martínez Coutigno, coincidieron en la importancia de que las personas indígenas puedan participar políticamente, no sólo ejerciendo su derecho a votar y ser votados, sino que puedan trabajar por sus comunidades, “no podemos permitir que sigan en la marginación”.

Martínez Coutigno explicó la importancia de implementar acciones a favor de las personas de pueblos y comunidades indígenas que resulten en una participación política efectiva. “Hay que buscar medidas que no sólo se queden en la postulación o en la competencia, sino que garanticen la llegada de personas indígenas y que una vez ahí, exista el contexto que les permita participar y promover soluciones a sus problemas”.

En su exposición planteó propuestas de optimización como: mejorar o implementar una metodología para la revisión de la autoadscripción calificada; ampliar a 28 distritos federales la postulación forzosa de personas indígenas; promover la implementación de acciones afirmativas en más entidades federativas, así como el ejercicio de derechos político-electorales en radios comunitarias.

Además, añadió, implementar la reciente incorporación a la LEGIPE de la representación indígena ante ayuntamientos; emigrar a una representación indígena ante ayuntamientos con voto y no sólo con voz; socializar el financiamiento directo a comunidades indígenas, ya que lo desconocen y brindar capacitación a las comunidades que ya han recibido este financiamiento directo o modificar la manera en la que se espera que se opere.

Ponderó la posibilidad de las personas de pueblos y comunidades indígenas de participar en la política a nivel municipal, estatal y federal, ya que ello “implica la posibilidad de llevar sus problemas colectivos a las agendas gubernamentales y así contribuir directamente en la búsqueda e implementación de soluciones”.