Atento exhorto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ante información contenida en su boletín 022
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, coincide en que México requiere medidas de austeridad para poder afrontar esta crisis que el país y el mundo estamos pasando derivado de la presente pandemia por el COVID-19, y no sólo eso sino que ha sido y será solidaria con dichas medidas; sin embargo, es indispensable señalar que existen instituciones que el Gobierno Federal que no pueden dejar de asumir a cabalidad su papel, como es el caso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), organismo clave para el correcto funcionamiento de atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito.
Ante ello, y derivado del Boletín 022 que emitió la Dirección General de Comunicación de la CEAV, llamamos la atención respecto al hecho de que, paralizar el funcionamiento de dicha dependencia, tal como ahí se anuncia, por el recorte operativo del 75% de su presupuesto o gasto corriente, implicaría consecuencias muy graves. Sobre todo si tomamos en cuenta que, derivado de las medidas adoptadas, en realidad dicha institución tendería más bien a desaparecer, toda vez que independientementge de que se informa no tener presupuesto para el pago de servicios generales, así como para el pago de su personal, lo sustantivo es que más de 7,200 víctimas que son atendidas en los Centros de Atención Integral de CEAV en todo el país, dejarán de contar con la atención médica, psicológica, social y orientación jurídica; se impedirá a las víctimas el acceso a una compensación, desaparecerá el REANVI, el cual opera el Registro de las víctimas para acceder a una reparación de daño, misma que atiende más de 500 solicitudes por día; asimismo, quedarán pendientes mil resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de esta Comisión Nacional, de la Corte Interamericana, entre otras y asuntos como Atyotznapa, Casino Royale, Guerra Sucia, Atenco, Tanhuato, ABC, Tlataya.
Es de señalar que la CEAV tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones de derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros; por ello, y derivado de lo que se expresa en el boletín antes señalado, tal pareciera que el fin para el cual fue creada la CEAV dejaría de estarse cumpliendo, pues ante las medidas que serán tomadas se estaría abandonando prácticamente la atención a las víctimas.
Esta Comisión Nacional tiene ante la CEAV el trámite de 287 recomendaciones ordinarias y/o de violaciones graves, respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por personas servidoras públicas del orden federal de gobiernos anteriores, pendientes de ser atendidas por parte de esa Institución, ya sea en cuanto al pago de una compensación económica, apoyos a éstas, atención médica, psicológica social y/o asesoría jurídica; mismas que, al no ser atendidas en términos de la Ley General Víctimas, estaría revictimizando a cada una de las víctimas directas e indirectas que se encuentran bajo el cobijo de CEAV, en sus derechos humanos.
Con el respeto que nos merece la CEAV, y las decisiones de sus autoridades, la CNDH considera que con las medidas anunciadas se estaría violentando el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que dispone en su párrafo tercero, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Reconocemos el esfuerzo de las autoridades de la CEAV para hacer frente a sus problemas de tipo presupuestario y para dar la atención a las víctimas, sin embargo también es necesario decir que existen pendientes, situaciones por las que se ha visto rebasada en el cumplimiento de sus funciones, como es el caso de la Recomendación 26/2001 “Guerra Sucia”, la cual lleva en trámite más de 19 años, sin haberse reparado el daño víctimas.
Es por ello, que esta Comisión Nacional hace un atento exhorto a las autoridades hacendarias y de la propia CEAV para que se revisen sus medidas de austeridad anunciadas, que aún cuando son indispensables, se hagan con el criterio de tomar en cuenta principalmente a las víctimas, independientemente de las medidas que para su funcionamiento administrativo sea preciso limitar.
