La CNDH emite informe especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en centros penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria generada ante el virus SARS-COV2 (COVID-19)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el Informe Especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en centros penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria generada ante el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en el que se da cuenta de los resultados obtenidos tras el seguimiento puntual de las condiciones que prevalecen y viven las personas privadas de la libertad ante la pandemia COVID-19, recopilando en dicho instrumento, los resultados obtenidos y, derivado de éstos, se formularon peticiones específicas dirigidas a las autoridades de los diversos órdenes de gobierno, a nivel nacional y estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias, para que conforme a los principios de trato humano, oportunidad y debida diligencia sean atendidas. 

El Informe Especial de referencia, es resultado de los insumos y datos proporcionados por las personas designadas como enlaces por las y los titulares de los sistemas penitenciarios, las respuestas de las autoridades involucradas en su atención, la documentación que han adjuntado a éstas y a través de las visitas de observación in situ. Así como de las acciones realizadas por este Organismo Nacional relacionadas a la vinculación interinstitucional, con Organizaciones de la Sociedad Civil e Instancias Internacionales y de los datos observados día a día en el Monitoreo Nacional por COVID-19 en los Centros Penitenciarios.

El Informe Especial se centra sustancialmente, ante el presente contexto, en los siguientes ejes de acción: Obligación del Estado de adoptar medidas conforme a un enfoque diferencial y especializado; garantizar el derecho a la salud a través de dotar y suministrar hasta el máximo de sus recursos de todos los insumos médicos, humanos y de infraestructura hospitalaria en los centros penitenciarios; garantizar una vida digna de las personas privadas de la libertad a través de la protección de los derechos a la alimentación, al agua y saneamiento, a una habitabilidad digna, reducción del hacinamiento y dotación de insumos de protección, higiene y sanitización desde un enfoque diferencial y especializado, a la separación de hombres y mujeres en los centros penitenciarios y a visibilizar las necesidades específicas de grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados; al respeto y protección del derecho a la información y contacto con el exterior; a garantizar el derecho a la seguridad e higiene en el trabajo; así como, a la urgencia de continuar impulsando acciones en el marco de la ejecución penal, la despresurización de las cárceles y contribuir a una eficaz reinserción social. 

Es por ello, que esta CNDH emitió cuarenta y ocho propuestas específicas dirigidas a autoridades de los tres órdenes de gobierno a nivel nacional y local para que, en el ámbito de su competencia, realicen todos aquellos ajustes, modificaciones, lineamientos, protocolos, programas e incluso promulgación de leyes, que son imperantes y que deben ser adoptados de manera permanente conforme a un enfoque diferencial, especializado y con perspectiva de género, colocando en el centro de esas acciones, la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en especial de aquellos grupos en situación de vulnerabilidad y de los que históricamente han sido discriminados. 

Al respecto, en las medidas solicitadas, este Organismo llama la atención de las autoridades en la materia, respecto de su obligación y responsabilidad que en calidad de garantes tienen ante la protección de los derechos a la salud, a la integridad personal y a la vida en transversalidad con otros derechos humanos de las personas privadas de la libertad y/o de que aquellas que han obtenido su libertad en el marco de la contingencia sanitaria, enfatizando que no se podrán invocar prohibiciones de carácter económico para la realización de las mismas.

En el presente informe, este Organismo Autónomo pone de manifiesto que la emergencia que se vive en nuestro país, y particularmente en los centros penitenciarios a nivel nacional, no solo es de carácter sanitaria sino también social, laboral y económica que requiere de acciones efectivas e inmediatas de las autoridades para la implementación de medidas oportunas y eficaces de prevención, control y, en su caso, manejo y gestión de emergencias que, de no atenderse, podría desencadenar en sistemáticas violaciones a derechos humanos incluso irreparables. 

Por lo que las acciones realizadas por esta CNDH por conducto de la Tercera Visitaduría General reflejadas en el instrumento mencionado, están encaminadas a la protección y defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, sin dejar de considerar y visibilizar la obligación de garantizar las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo de las y los servidores públicos involucrados en el deber de custodia y prestación de servicios en el sistema penitenciario, así como a incidir para que se garantice, en todo momento, la implementación de medidas homologadas de prevención, atención y mitigación de riesgo, por la pandemia de SARS-CoV2.

Es importante destacar que las acciones generadas en el marco de la emergencia sanitaria en colaboración con esta CNDH, en las últimas semanas han permitido, en el ámbito federal tener un seguimiento adecuado y mitigar sus efectos teniendo hasta ahora en únicamente de un total de 51 personas privadas de la libertad, de los cuales en la última información recibida el 1 de julio se tiene 12 personas activas positivas confirmados, 33 casos recuperados y lamentablemente han perdido la vida 6 PPL, sumado a la medida emergente de haber realizado un traslado importante de personas privadas de la libertad en el CEFERESO 2 de Puente Grande, Jalisco hacia un CPS con la finalidad de despresurizar el Centro y dar atención adecuada a posibles casos positivos.

Por lo anterior, esta Comisión Nacional expone a la opinión pública el presente Informe Especial, urgiendo a las instituciones del Estado mexicano a centrar su actuación de manera preventiva y coordinada ante los nuevos retos que representa la compleja situación sanitaria, lo que involucra a replantear y recalcular las actividades, acciones, espacios y medidas al interior de los centros de reinserción y considerar una oportunidad para fortalecer las buenas prácticas y la despresurización de las cárceles.