Asegura el GACM que licitación del acero fue legal

Una vez cancelado el Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México llevó a cabo un inventario de bienes y materiales para poder darles un fin útil, recuperando así recursos para el erario público. La mayor parte de materiales y equipo han sido entregados, con apego a lo que dispone la Ley General de Bienes Nacionales, a la Secretaría de la Defensa Nacional para la realización de Proyectos Prioritarios del país, dentro de los que destaca, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Entre los materiales disponibles, se encuentra el acero montado en diferentes estructuras como los llamados “Foniles” que formaban parte de la estructura del edificio principal, cuyo avance era incipiente, por lo que no tienen ningún uso y el mantenerlas podría implicar riesgos a la seguridad por su inestabilidad y costos inútiles para su mantenimiento. Además, se cuenta con acero procesado que tenía un fin específico y que, al suspenderse la obra queda clasificado como chatarra.

GACM analizó las opciones para determinar la mejor vía para desmontar el acero instalado y poderle dar el mejor destino. La mejor opción fue, mediante los procedimientos legales y normativos establecidos, licitarlo al mejor postor que se hiciera cargo del complejo procedimiento de desmontarlo y retirarlo, y obtener la mayor retribución en beneficio del interés público.

Con fecha del 15 de junio se publicaron en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet las bases para la licitación pública del referido acero. Se estableció de antemano, mediante el cumplimiento de la norma aplicable, como referencia y para los licitantes, el valor mínimo de venta por tonelada de acero, así como el monto máximo de costo de tonelada por desmontaje.

Entre el 15 y el 23 de junio, conforme al calendario de la convocatoria, se registraron 81 empresas y personas físicas. De acuerdo con las fechas establecidas, el día 25 de junio se efectuó la visita al sitio para que los interesados conocieran las características, magnitud y complejidad de los trabajos por realizar. La Junta de Aclaraciones tuvo lugar el 25 de junio, en la cual cada interesado entregó sus preguntas. GACM hizo llegar el 30 de junio a través del Sistema CompraNet las respuestas que se incorporaron a los Términos de Referencia de la Licitación.

El 6 de julio se realizó la recepción, de manera presencial, de las ofertas. Se recibieron 18 propuestas en sobre cerrado, los cuales fueron abiertos y dado a conocer el contenido de cada sobre, para verificar el cumplimiento de la entrega de los documentos requeridos para la licitación.

En este acto, la empresa GRUPO GILBERT ESTRUCTURAS EN ACERO, S.A. DE C.V., al entregar su sobre cerrado lo acompañó de una hoja suelta, misma que no fue aceptada. En esta hoja la empresa hacía su manifestación de No Conflicto de Interés para participar en la licitación. Dado que los documentos tenían que ser recibidos en el sobre cerrado, esta no fue recibida.

De las propuestas presentadas, y como consecuencia de su evaluación, cinco de ellas fueron desechadas por las siguientes razones:

• No haber presentado propuesta económica.
• Haber presentado propuestas por debajo del precio de avalúo.
• Haber presentado documentos alterados.

La empresa HABILITADORA DE METALES MONTE SALAS, S.A. DE C.V., ofertó el precio más alto equivalente a 4,179.00 pesos por tonelada por encima del precio de avalúo de 2, 819.82 pesos por tonelada. Sin embargo, en la revisión detallada de sus documentos se detectaron anomalías; su carta de “Opinión en sentido positivo del cumplimiento de Obligaciones Fiscales”, expedido por el Sistema de Administración Tributaria con vigencia no mayor a treinta días naturales, denotó discrepancias en su emisión, ya que la fecha plasmada en este refiere el día 17 de junio de 2020, mientras que el de la lectura del código tipo QR que contiene el mismo, data del 16 de diciembre de 2019. Además, el formato presentado no corresponde a los que son emitidos por la actual administración. Ello motivó su descalificación y se procederá a notificar al Órgano Interno de Control en GACM para las acciones pertinentes.

Con respecto a la empresa GRUPO GILBERT ESTRUCTURAS EN ACERO, S.A. DE C.V., se informa que esta presentó el segundo importe más alto equivalente a 4,030.00 pesos por tonelada, siendo que, al llevar a cabo la evaluación correspondiente de su propuesta, no se encontró situación alguna que afectara su solvencia técnica y económica, garantizando así las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, oportunidad y cumplimiento, resultando por tal motivo adjudicataria.

Procede aclarar que, conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas en el artículo 49 fracción IX, el documento que no se le recibió en la Apertura de las Ofertas, debe de ser entregado antes de la celebración del contrato.

Conforme a lo previsto en el proceso de licitación, el día 08 de julio de 2020, a las 11:00 horas se llevó a cabo el acto de fallo, al darse lectura al acta correspondiente por parte del servidor público designado, este fue agredido verbal y físicamente por algunos de los participantes que manifestaban no estar de acuerdo con el resultado. Este tipo de conductas son inaceptables y no debe permitirse, que quienes incurren en ellas lo hagan con impunidad. Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México tomará las medidas legales correspondientes.

GACM se ha conducido siempre en apego al artículo 134 constitucional que mandata administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los bienes y recursos públicos que le han sido encomendados. Para solventar las diferencias y quejas entre particulares y organismos públicos existen canales establecidos en la ley.

Cabe resaltar que, en todos los eventos de dicha licitación, estuvo como observador y acompañante el Órgano Interno de Control en GACM, con objeto de prevenir el incumplimiento a las normas en cualquier parte del proceso.

GACM vela ante todo por la salvaguarda de los intereses nacionales, seleccionando entre los participantes la empresa que garantice las mejores condiciones para el Estado.