Irma Eréndira Sandoval presenta Informe del Sistema Nacional de Fiscalización

En su calidad de copresidenta del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, presentó esta tarde el Informe Anual 2019 de este órgano y sus grupos de trabajo, el cual fue entregado el 28 de febrero, antes de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.

Al participar en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la secretaria Sandoval Ballesteros subrayó la relevancia que para el Gobierno de México tiene la fiscalización, a fin de prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, y destacó la proximidad del proceso electoral como una de las oportunidades más claras de cumplir con el reclamo ciudadano de vigilar en su totalidad el uso de los recursos públicos.

Por ello, advirtió que desde la Función Pública se vigilará que se cumpla la ley y se fiscalizará que los recursos públicos federales se ejerzan con total transparencia e integridad, “y quien no lo haga, será sancionado, sin importar el partido político de quien los desvíe o la entidad federativa donde se generen los abusos”.

Manifestó que “la corrupción y el fraude electoral ya se tipifican en nuestro Código Penal como delitos que merecen cárcel. Tenemos una cita histórica con la democracia y todos, seguramente, estaremos a la altura de este momento histórico, para que no haya defraudación de los recursos ni de la voluntad popular”.

Tras señalar la urgencia de fundamentar el SNF en un sistema jurídico con normas que exijan y aseguren la rendición de cuentas, un sistema ético y uno de fiscalización integral, indicó que este organismo aprobó el año pasado sus principales directrices y líneas de acción a desarrollar entre 2019 y 2021, con el objetivo de impulsar el trabajo en común por todos sus integrantes.

La titular de la Función Pública expuso que entre las directrices del SNF para el período 2019-2021 están el fortalecimiento de su profesionalización, la interacción de la participación ciudadana y de la contraloría social en el SNF y en el SNA, así como la armonización de la vigilancia, control y fiscalización en la administración municipal con los sistemas estatales anticorrupción y con el SNA.

También, la homologación de los sistemas de control y fiscalización de órganos constitucionalmente autónomos y empresas productivas del Estado; el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y leyes análogas; la coordinación e inteligencia fiscalizadora; la prevención de conflictos de intereses, y políticas de integridad.

Precisó que, para conocer avances y retos de la fiscalización, en enero de este año la Función Pública y la ASF aplicaron una encuesta a los 64 integrantes del Sistema de las entidades federativas. Entre los resultados destacan que 48 instituciones cuentan con un sistema en materia de control interno; 62 con una política institucional de integridad o de ética; 61 con un Código de Ética y 56 con un código de conducta; 56 tienen indicadores para medir el cumplimiento de objetivos y metas, y 32 consideran a diversos sectores de la sociedad en la planeación de sus auditorías.

Los datos obtenidos permitirán diseñar e implementar acciones para mitigar y gestionar los riesgos identificados y fortalecer el desempeño del personal auditor y los órganos fiscalizadores.

Por otra parte, añadió que para asegurar un ejercicio correcto de los recursos públicos, en 2019, la Función Pública realizó más de 2 mil 500 auditorías que superaron las 10 mil observaciones y los 544 mil millones de pesos.

Estos resultados dieron origen a más de 400 procedimientos de responsabilidades administrativas o informes de irregularidades, afirmó la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

Durante la sesión, hizo una reflexión sobre los amparos interpuestos contra la obligación de presentar la declaración patrimonial y de intereses con el nuevo formato aprobado por el SNA y su publicidad, como ocurrió con varios servidores públicos de instituciones federales, principalmente de organismos que en su momento fueron promotores de la llamada Ley 3 de 3, como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE),

Expresó el respeto de la Función Pública al derecho de amparo, no obstante, acotó que por encima de los intereses particulares están los del bien público y el bien común, por lo que llamó a cerrar filas y fortalecer la construcción de la nueva ética pública y crear las condiciones necesarias para poner en el centro la obligación de rendir cuentas.

“Como servidores públicos debemos ser ejemplo de transparencia, honestidad y promover los valores que rigen el servicio público”, aseveró la secretaria Sandoval Ballesteros.

Finalmente, en cuanto al Programa de Trabajo Anual 2020 del Comité Coordinador del SNA, destacó que la Función Pública impulsa el protocolo de actuación en contrataciones públicas, al que se deberán ceñir los servidores públicos que intervengan en esos procedimientos, con lo que se busca detectar vínculos entre particulares y servidores públicos. Asimismo, subrayó como objetivos a alcanzar el fortalecimiento de la coordinación a nivel nacional de los sistemas anticorrupción, y la elaboración de los estatutos del SNA.