Hasta un penthouse en los embargos fiscales de la Operación Justicia para Chihuahua
Los bienes suman 583.5 mdp como parte de la estrategia fiscal para recuperar los recursos saqueados en la pasada administración; en la lista hay 34 propiedades, 206 vehículos, 8 marcas comerciales y acciones o participaciones en 26 empresas
Embargos mediante créditos fiscales por un monto de 583.5 millones de pesos (mdp) en bienes muebles e inmuebles, además de marcas comerciales y acciones en empresas, son el resultado de la estrategia fiscal de la Operación Justicia para Chihuahua, a través de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.
La Operación busca recuperar los recursos saqueados por la red de corrupción presuntamente encabezada por el exgobernador de Chihuahua, hoy preso en Miami, Florida, donde enfrenta un proceso de extradición, acusado de los delitos de peculado y asociación delictuosa.
Entre los embargos destacan 34 propiedades con valor de avalúo y catastral por 278 millones 197 mil 268 pesos; 206 vehículos a valor factura por 50 millones 841 mil 378 pesos y maquinaria y equipo por 26 millones 880 mil 310 pesos.
Además existen cuentas bancarias embargadas y por cobrar, por la cantidad de 161 millones 629 mil 371 pesos; 8 marcas comerciales y 26 empresas con valor de 17 millones 490 mil 183 pesos.
Entre las propiedades figuran 15 lotes urbanos y residenciales, 7 residencias, 1 penthouse, 7 terrenos rústicos o parcelas, 4 locales comerciales, 3 bodegas y una plaza comercial.
Mientras que entre los vehículos embargados y bloqueados, se encuentran los siguientes: una Tacoma Toyota 2018; una Ram Promaster Dodge 2018; un BMW X6; un KIA Sorento 2016; un camión Internacional 2018; un Cadillac SRX 2013; un AUDI A4 2013; una Yukon GMC 2018; un camión Internacional 2014 y dos BMW X5, uno 2018 y otro 2019.
Gracias a los créditos fiscales obtenidos hasta la fecha, se cuenta con fianzas entregadas como garantía por un monto de 48 millones 500 mil pesos.
La Secretaría de Hacienda informó que los embargos de bienes se realizan durante los procedimientos administrativos para garantizar la recuperación de los recursos saqueados.
