AMLO asegura que existirá denuncia por contratos sobre penales federales
Se preparará una denuncia civil para cancelar contratos si no hay arreglo, expresó primer mandatario
“Ofrecemos disculpa por las molestias que esto ocasiona, pero la transformación va, tenemos que limpiar al país de corrupción.”
Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al dar a conocer información sobre contratos suscritos en 2010 y 2011 con empresas privadas para la operación y seguridad de ocho centros penitenciarios en Chiapas, Durango, Guanajuato (2), Michoacán, Morelos, Oaxaca y Sonora por 266 mil 300 millones 554 mil 847 pesos.
“Hay una denuncia presentada en la fiscalía general que tiene que ver con la situación del señor García Luna, pero he dado instrucciones al consejero jurídico para que se actúe en dos vertientes:
“Que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo, porque consideramos que es un abuso, y que si tienen voluntad se debe lograr un acuerdo en beneficio de la hacienda pública. Al mismo tiempo, se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos si no se tiene un arreglo.”
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que el monto pagado durante los últimos nueve años es de 75 mil 661 millones de pesos, que corresponde al 36 por ciento del monto total, quedando pendientes por pagar 190 mil 638 millones, tomando en cuenta que los contratos tienen vigencia por 20 años. De este modo, el total proyectado en ese periodo es de 266 mil 300 millones de pesos.
Tan sólo en 2020, Prevención y Readaptación Social pagó 15 mil 562 millones de pesos equivalentes al 68.3 por ciento de su presupuesto anual. Esto significa que el monto promedio anual por una persona privada de su libertad asciende a 1.3 millones de pesos; mensual, 144 mil 588 pesos y por día, tres mil 819 pesos.
El consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, dijo que se trató de una adjudicación directa. Además, el contrato establece que, a su término, cada inmueble es propiedad de la empresa, no del gobierno federal; que el pago mensual se realiza por el cupo total de cada centro, aunque no haya internos; y que la vigencia del contrato es por 22 años.
