El martes 30 resolverá Juez de Control de Chihuahua la vinculación o no a proceso de la alcaldesa con licencia
Concluye la audiencia de imputación de cargos en contra de María Eugenia C., y los exdiputados Rodrigo D.R, y María A S., por el cargo de cohecho
El juez de control, Samuel Uriel Mendoza Rodriguez, encargado de la causa 2821/2020, resolvió esta madrugada que la audiencia de vinculación o no a proceso en contra de la alcaldesa con licencia María Eugenia C., y los exdiputados Rodrigo D.R, y María A S., se realizará el próximo martes 30 de marzo del 2021 a las 9 de la mañana.
Lo anterior, luego de concluir la audiencia de imputación que inició el jueves 25 al mediodía con la lectura de todos los cargos por parte del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.
El Ministerio Público solicitó como medida cautelar, que cada uno de los acusados se presenten cada mes ante el juez correspondiente, dejar una garantía económica por el dinero desviado, no salir del estado, además de no reunirse con testigos protegidos o personas relacionados con el caso de la “nómina secreta” en el expediente 2821/2020.
La defensa de la alcaldesa con licencia María Eugenia C, y María A, y Rodrigo D.R., solicitó a su vez, la duplicidad del término constitucional de 144 horas, para presentarse en la audiencia de vinculación o no a proceso.
María Eugenia C., como diputada local del PAN, en la legislatura local 2013-2016, es acusada de recibir indebidamente 9 millones de pesos del erario público estatal durante los años 2014, 2015 y 2016.
Rodrigo D.R., del PRI, es acusado de recibir para su beneficio personal, 2.5 millones de pesos; en tanto que María A.S., del Partido Verde Ecologista de México, está acusada de recibir 3.8 millones pesos, como cohecho que recibieron por apoyar las iniciativas y la deuda estatal promovidas por el exgobernador de Chihuahua que se encuentra preso en una cárcel federal de Miami, Florida, en espera de su extradición.
El Ministerio Público señaló que existen diversas propiedades de los ahora imputados, para establecer que cuentan con una garantía ante los tribunales, para responder por el dinero desviado.
