OPINIÓN | Violencia, homicidios y educación

Por Fernando de Jesús Hernández Estrada

En 2010, México apareció en la lista de los 20 países más violentos del mundo por primera vez, con poco menos de 20 homicidios por cada cien mil habitantes; desgraciadamente, para 2019 (que es el más reciente reporte al cual tuve acceso) se situaba en el lugar número 10 de los países más violentos y si desagregamos el dato por ciudades, entonces encontramos que por lo menos tres ciudades mexicanas están en los primeros 10 lugares en cuanto a violencia mortal.

Por otra parte, en México, los habitantes de 15 años y más tienen 9.7 grados de escolaridad en promedio. Si tomamos en cuenta que la educación básica es obligatoria (12 grados), estamos ante un gran rezago educativo y la obligatoriedad constitucional parece sólo una máscara para guardar apariencias, si no, entonces dígame qué medidas se toman ante los padres de familia que incumplen con esta obligatoriedad constitucional.

Seis de cada 10 personas que fueron asesinadas en México en 2019 tenían, como mucho, la secundaria terminada; y tres de cada 10 apenas la primaria. La cuarta parte de todas las víctimas eran jóvenes menores de 29 o menos años.

A esta problemática se agrega una cifra que corrobora el fracaso de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en su rol preventivo contra la violencia y en su eficacia para retener a los estudiantes: “algunos análisis estiman que hay, por lo menos, 30 mil niños y adolescentes menores de 18 años que cooperan activamente con la delincuencia organizada”.

La organización México Unido Contra la Delincuencia sostiene que la ruptura de la ley y el orden ocurre cuando las instituciones estatales pierden el monopolio del uso legítimo de la fuerza y se tornan incapaces de proteger a sus ciudadanos, en tanto que la irrupción de grupos armados, cárteles, mafias y milicias son quienes realmente ostentan el monopolio del uso de la fuerza que gradualmente irán desplazando al Estado.

¿Cómo lograr que los niños y jóvenes permanezcan dentro de educación obligatoria y cómo imprimir en ellos que toda expresión de violencia les genere indignación, rechazo y una necesidad imperativa de actuar contra ella?

La educación es un proceso de proveer el aprendizaje de conocimientos y habilidades a través de la enseñanza, esto con la finalidad de inculcar y arraigar normas y valores para que los niños a lo largo de su vida adquieran actitudes, sentimientos y acciones bien definidas que lleven como fin el bien común.

Es de vital importancia subrayar que la educación de los niños y jóvenes inicia en el núcleo familiar, luego en la escuela, con una adecuada supervisión y coordinación entre padres de familia, docentes y alumnos, y por su parte, será el Estado quien tendrá la responsabilidad de ofrecer las condiciones sociales necesarias para la seguridad y las oportunidades de desarrollo actuales y futuras.

La estadística es clara: una persona con poca educación es más propensa a cometer delitos en comparación con una persona con mayor educación. Sin embargo, también se puede interpretar esta estadística exactamente al revés: una persona más propensa a cometer delitos es menos probable que permanezca en la escuela en comparación con una persona que no es propensa a cometerlos.

En ambos casos toca a la triada mencionada de padres de familia, escuela y Estado invertir fuerte para solucionarlo en el plazo corto o mediano. La educación, el empleo y la vida digna son derechos universales ineludibles que todo gobierno debería proporcionar a sus gobernados puesto que también son los pilares indiscutibles para el desarrollo del propio país.

En México, al igual que en la mayoría de países iberoamericanos, lamentablemente no existe equidad en la impartición de tales derechos, y el Estado se está viendo cada día más y más rebasado.

De acuerdo a FORBES, el impacto de la inseguridad en la economía de México ascendió a 4.71 billones de pesos, lo que equivale al 22.5% de su PIB, por lo que me nace una reflexión: ¿No sería mucho más productivo invertir por lo menos la cuarta parte de esa cantidad y derivarla a educación familiar, escolar y de las instancias del Estado relacionadas con la formación humana y la atención a la infancia y el apoyo a las organizaciones civiles que pugnan a brazo partido por mejorar las condiciones de las poblaciones más vulnerables?

En 2020, el porcentaje del PIB para educación fue 3.5%, pero en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021, se propuso en un 3.3%, lo que nos permite ver que el régimen definitivamente no hará una reflexión como la que aquí propongo.