22 de diciembre de 2024

En Operación Justicia se deja todo ganado: Consejería Jurídica del Estado de Chihuahua

Los resultados respaldan el éxito en el combate frontal a la corrupción encomendada por el Gobernador Javier Corral Jurado: acción penal contra de 49 exfuncionarios; 92 órdenes de aprehensión, 78 vinculaciones a proceso, 16 sentencias condenatorias y 49 procesos penales vigentes

Luego de calificar como un éxito la Operación Justicia para Chihuahua, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Jorge Espinoza Cortés, señaló que todas las actuaciones realizadas hasta ahora se dejan ganadas, no hay ningún proceso que se haya caído y lo demás es puro show mediático de parte de los equipos de defensa de los acusados.

 

En conferencia de prensa, Espinoza Cortés destacó que se ejerció acción penal en contra de 49 personas en 126 ocasiones, entre las cuales se encuentran exservidores públicos y empresarios; se obtuvieron 92 órdenes de aprehensión, 78 vinculaciones a proceso, 16 sentencias condenatorias y existen 49 procesos penales vigentes ante los tribunales locales.

 

Precisó además que se han asegurado 87 inmuebles y embargado 52, todo por un monto de 500 millones de pesos (mdp).

 

Se realizaron 151 auditorías fiscales entre actos de fiscalización y Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), así como 75 procedimientos de responsabilidad administrativa.

 

En cuanto al Fondo de Operación Justicia para Chihuahua, se han recuperado 705.3 mdp, (92 por ciento (%) son por la vía fiscal y 8% por la vía penal), el cual se inició con un monto de 144.8 mdp y a la fecha ha alcanzado 560.4 mdp.

 

El consejero jurídico enfatizó la importancia de aclarar que ninguno de los procedimientos ha sido ganado por los equipos de defensa y el hecho de que obtengan amparos, no los exime de la responsabilidad jurídica ni los libra de los procesos, sino son circunstancias que se van dando y se siguen combatiendo en los tribunales.

 

“Se ha generado mucha mala intención, mala interpretación, incluso de manera dolosa por parte de la defensa de algunos de los imputados, al pretender hacer creer que la Operación Justicia se está cayendo, eso es completamente mentira”, indicó.

 

Agregó que desafortunadamente muchas de las manifestaciones de esos abogados han sido captadas por algunos medios de comunicación, en donde pretenden hacer aparecer que la Operación Justicia para Chihuahua no ha sido exitosa.

 

“Es al contrario en virtud de todo lo que hemos podido realizar en cuanto a los procesos penales, sentencias condenatorias, recuperación de bienes que se ha venido, ha sido sumamente exitoso con base al compromiso del gobernador Javier Corral de hacer un combate frontal a la corrupción”, expresó.

 

Esto, indicó Espinoza, lo hemos venido haciendo a lo largo de este quinquenio y se continuará haciendo hasta el último día de la administración.

 

Señaló que la existencia de los 49 procesos penales vigentes, las 16 sentencias condenatorias obtenidas y 78 vinculaciones a proceso de los involucrados, respaldan el señalamiento de que la Operación Justicia ha sido tan exitosa.

 

Abundó que el combate a la corrupción en este Gobierno ha sido frontal y tan es así que se tienen números tan importantes que ningún estado de la República tiene “e incluiría yo que ni el mismo Gobierno Federal en cuestión de combate a la corrupción ha podido lograr”.

 

Detalló que  hay 92 órdenes de aprehensión giradas, unas pendientes de ejecutar porque se encuentran sustraídos de la justicia, pero hay 78 vinculación a proceso, lo que significa que todos aquellos que han sido puestos a disposición de un Juez de Control han sido vinculados a proceso, es decir, que los jueces del Poder Judicial, han encontrado suficientes datos de prueba para considerarlos presuntos responsables de delitos como puede ser peculado, enriquecimiento ilícito o asociación delictuosa.

 

En cuanto a los procesos vigentes, explicó abundó que van en diferentes etapas después de la vinculación, es decir, después de que se les formuló la imputación, se les vinculó a proceso y son considerados presuntamente responsables de algún ilícito, empiezan las otras etapas de apelaciones y otras que son en donde se ha generado mucha desinformación incluso de manera dolosa.

 

En torno al proceso de extradición del exgobernador César D.J, recordó que se sigue a la espera de que la juez federal que lleva el caso en la Corte de Miami, Florida, dicte la resolución definitiva.

 

César D.J, fue detenido el 8 de julio de 2020. En esa fecha la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, notificó que fue detenido en la ciudad de Miami, estado de Florida, por el Servicio de Alguaciles federales (US Marshals Service).

 

Durante la conferencia de prensa se presentó un documento en el cual se detallan los casos de las sentencias condenatorias por la vía penal logradas hasta el momento, producto de haber comprobado ante los jueces las asesorías millonarias, becas que nunca se entregaron, paneles solares que nunca se instalaron, reparaciones que nunca se hicieron, paquetes vacacionales completos a Playa del Carmen, Cancún, San Francisco y Miami, vuelos que no se hicieron y enajenaciones de terrenos.

 

Sentencias condenatorias:

Caso 1 ASE: Kepler

De mayo a septiembre de 2014, diversos servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado (ASE), junto con personas externas, llevaron a cabo la distracción de $5,475,200.00 del erario simulando cuatro procedimientos administrativos de contratación de servicios profesionales, entre la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la moral Kepler Soluciones Integrales S.C., para supuestamente brindar servicios que nunca fueron prestados, como asesorías y consultorías.

 

Edgar Omar Ramírez Martínez (sentencia: 15/agosto/2019)

Responsable de la comisión del delito de peculado agravado con un grado de participación de coautor, por lo cual lo condenó a 2 años 11 meses de prisión, al pago de la reparación del daño por la cantidad de $5,475,200.00, al pago de una multa de $211,000.00 y la inhabilitación por tres años para desempeñar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público.

 

El MP demostró que Ramírez ordenó y autorizó el pago con recurso estatal.

 

Caso 2 ASE: Kepler

Dentro del mes de mayo de 2014, diversos servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado (ASE), junto con personas externas repartiéndose roles y actividades llevaron a cabo la distracción de la cantidad de $1,566,000.00 del erario, para lo que simularon la realización de un procedimiento administrativo de contratación de servicios profesionales entre la Auditoría Superior del Estado y la moral Kepler Soluciones Integrales S.C., consistente en “Asesoría y Consultoría en Procesos de Calidad Dentro de la Auditoría Superior del Estado”; servicios que nunca fueron prestados.

 

Germain Lezama Cervantes

Responsable de la comisión del delito de peculado agravado con un grado de participación de cómplice auxiliador, por lo que lo condenó a tres años de prisión, al pago de la reparación del daño por la cantidad de $1,566,000.00 y al pago de una multa de 500 salarios mínimos.

 

En su calidad de representante legal de la persona moral Kepler Soluciones Integrales S.C., emitió la factura con folio 1900, de fecha 12 de mayo de 2014 de la referida moral, bajo el RFC KSI121127V13, por la descripción de “Elaboración de un proceso de calidad”, documento necesario para llevar a cabo el procedimiento de pago en favor de la moral de referencia.

 

Caso 3 ASE: Viajes

Dentro del año 2014 diversos servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado (ASE) llevaron a cabo la distracción de $542,189.40 del erario, al utilizarlo para el pago de cuatro paquetes vacacionales, los cuales incluían tanto transportación aérea como hospedaje a los destinos Playa del Carmen, Cancún, San Francisco y Miami, y que disfrutó el entonces Auditor Superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores, y sus familiares, y que eran ajenos a cualquier actividad dentro de dicha dependencia.

 

Edgar Omar Ramírez Martínez

Responsable de la comisión del delito de peculado agravado con un grado de participación de coautor, por lo cual lo condenó a 2 años 8 meses de prisión, al pago de la reparación del daño por la cantidad de $542,189.40, al pago de una multa de $210,789.00, y la inhabilitación por 3 años para desempeñar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público.

 

Lo anterior, dado a que el MP demostró que el imputado, en su calidad de Director General de Administración y Finanzas de la ASE, ordenó y autorizó la emisión de cuatro cheques con recurso de esta dependencia por un total de $542,189.40, con conocimiento de su distracción.

 

Caso 4 SH: Kepler

De febrero de 2015 a octubre de 2016, diversos servidores públicos del Gobierno del Estado junto con personas externas llevaron a cabo la distracción de $120,000,000.00 del erario, para lo cual simularon la realización de un procedimiento administrativo de contratación de servicios profesionales número SH/AD/098/A/2015, entre la Secretaría de Hacienda y la moral Kepler Soluciones Integrales S.C., para supuestamente brindar un servicio de “asesoría en aplicación de mejora continua y transparencia de los procesos contables, financieros y administrativos”; servicios los cuales nunca fueron prestados.

 

Germain Lezama Cervantes (07/diciembre/2017)

Responsable de la comisión del delito de peculado agravado con un grado de participación de cómplice auxiliador, por lo cual lo condenó a 2 años 6 meses de prisión, al pago de la reparación del daño por la cantidad de $120,000,000.00 y al pago de una multa de $33,225.00.

 

Lo anterior, dado a que el MP demostró que el imputado, en su calidad de representante legal de la persona moral Kepler Soluciones Integrales S.C., aportó los documentos necesarios para la realización simulada del procedimiento administrativo de contratación, firmó el contrato de prestación de servicios de fecha 31 de julio de 2015 entre su representada y la Secretaría de Hacienda en fecha; y emitió el documento dirigido al entonces secretario de Hacienda, por medio del cual efectuó la entrega de documentos simulados de trabajo final (entregables) para tratar de justificar que los servicios fueron prestados.

 

Caso 5 SH: Bildung

Dentro de los meses de julio a septiembre de 2016, diversos servidores públicos junto con personas externas llevaron a cabo la distracción de $2,420,00.00 del erario, simulando un proceso de contratación de servicios profesionales, por conducto de la Dirección de Desarrollo Municipal, de la Secretaría de Gobierno y la empresa «Bildung Consultoría Organizacional, S &S S.A. de C.V.», servicios que nunca fueron prestados. Lo anterior, derivado de un compromiso personal pactado entre el exgobernador y el entonces diputado local Fernando Mariano Reyes Ramírez, quien efectuó la aportación de la empresa facturadora y la elaboración de los entregables, para justificar el servicio simulado.

 

Fernando Mariano Reyes Ramírez (17/diciembre/2017)

Responsable de la comisión del delito de peculado agravado con un grado de participación de cómplice auxiliador, por lo cual lo condenó a 3 años de prisión, al pago de la reparación del daño por la cantidad de $2,420,00.00, al pago de una multa de $35,520.00, y la inhabilitación por 4 años para desempeñar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público.

 

El MP demostró que el imputado, en su calidad de Diputado del H. Congreso del Estado, recibió el monto señalado, acordado con el ex gobernador, siendo él quien orquestó y coordinó el proceso de administrativo de contratación de servicios profesionales.

 

Iván Eli Sánchez Jasso (29/enero/2018)

Responsable de la comisión del delito de peculado agravado con un grado de participación de cómplice por lo cual lo condenó a 3 años de prisión y al pago de una multa de $36,520.00 (no se le condenó al pago de la reparación del daño en virtud de que ya había sido cubierta por diverso sentenciado).

 

El MP demostró que el imputado, en su calidad representante legal de la moral Bildung Consultoría Organizacional, S &S S.A. de C.V., aportó los documentos necesarios para la simulación del proceso de contratación, y firmó los documentos necesarios para simular la contratación con la moral en cita.

 

Erick Manuel Hernández Aguilar (03/mayo/2019)

Responsable de la comisión del delito de peculado agravado con un grado de participación de autor, por lo cual lo condenó a 2 años 8 meses de prisión y al pago de una multa de $36,520.00 (no se le condenó al pago de la reparación del daño en virtud de que ya había sido cubierta por diverso sentenciado).

 

Lo anterior, dado que el MP demostró que el imputado, en su calidad de Servidor Público, participó en la simulación del proceso de licitación pública, como parte integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo, firmando el acta de adjudicación directa así como el dictamen de excepción a la licitación pública.

 

Antonio Enrique Tarín García (17/julio/2019)

Responsable de la comisión del delito de peculado agravado con un grado de participación de coautor, por lo cual lo condenó a 6 años de prisión, al pago de la multa de $63,190.00.

 

Lo anterior, dado a que el MP demostró que el acusado, en su calidad de presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, firmó el dictamen de excepción, el acta de adjudicación directa y constancia de registro de padrón de proveedores a favor de la empresa Bildung Consultoría Organizacional, S &S S.A. de C.V., con lo cual se simuló el proceso de licitación pública.

 

Caso 6 SECyD: Samex, Sisas y Despacho Futura

De febrero a abril de 2016, diversos servidores públicos del Gobierno del Estado junto con personas externas, llevaron a cabo la distracción de $246,000,000.00 del erario, para lo cual simularon la realización de cuatro procedimientos administrativos de contratación de servicios profesionales de la Secretaría de Educación Cultura y Deportes (SECyD) y la Secretaría Hacienda que nunca se prestaron como:

 

  • Talleres para padres de familia de nivel preescolar y primaria.
  • Capacitación para la actualización de docentes de nivel básico
  • Evaluación de personalidades, motivaciones, áreas de oportunidad y fortalezas.
  • Cursos sobre medio ambiente.
  • Sistema integral de trámites y movimientos de personal del subsistema Estatal.

 

Ricardo Yáñez Herrera

Responsable de la comisión del delito de peculado agravado con un grado de participación de coautor, por lo cual lo condenó a 4 años de prisión, al pago de la reparación del daño por la cantidad de $246,000,000.00, al pago de una multa de $504,180.00, y la inhabilitación por 4 años para desempeñar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público.

 

En su calidad de secretario de Educación, intervino firmando los cuatro contratos y encargándose de gestionar el trámite administrativo para la extracción del erario estatal.

 

Karla Areli Jurado Bafidis

Responsable de la comisión del delito de peculado agravado con un grado de participación de coautor, por lo cual lo condenó a 3 años de prisión, al pago de la reparación del daño por la cantidad de $246,000,000.00, al pago de una multa de $280,0355.00, y la inhabilitación por 4 años para desempeñar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público.

 

En su calidad de directora administrativa de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, firmó los dictámenes de excepción a la licitación pública, las actas de adjudicación directa, los comprobantes de pago en el sistema Hacendario, las fichas de captura de comprobantes fiscales y el grupo de pago para proveedores.

 

Caso 7 SH: Aeronave

En junio de 2016 la aeronave Cessna Citation, con matrícula XC-GDC, serie 525B0062 propiedad de Gobierno del Estado y que estaba bajo la administración de la Coordinación de Servicios Aéreos de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Hacienda, se utilizó para fines personales del entonces gobernador del estado, siendo que ésta debía de ser utilizada exclusivamente para fines oficiales.

 

Jesús Manuel Luna Hernández (29/abril/2019)

Responsable de la comisión del delito de peculado agravado con un grado de participación de cómplice auxiliador, por lo cual lo condenó a 2 años de prisión, al pago de la reparación del daño por la cantidad de $154,113.02, al pago de una multa de $27,390.00, y la inhabilitación por 4 años para desempeñar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público.

 

En su calidad de Secretario particular y/o personal del entonces gobernador, ordenó el desvío del fin oficial, de la aeronave en cuestión.

 

Caso 8 Coesvi: Labor de Terrazas

El 12 de septiembre de 2012, diversos servidores públicos pertenecientes a la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (Coesvi), aprobaron y autorizaron el Acuerdo 004/2012, relativo a la traslación de dominio y/o de uso (incluyendo la enajenación) sobre los predios de la reserva territorial “Labor de Terrazas” los cuales forman parte del patrimonio de dicho organismo público descentralizado, distrayendo con ello de su objeto los inmuebles en cuestión, puesto que los mismos fueron donados a dicha dependencia por parte de Gobierno del Estado de Chihuahua para satisfacer las necesidades de vivienda en beneficio colectivo y/o la edificación de fraccionamientos habitacionales de carácter popular; y debido a la autorización antes señalada 16 predios de ésta reserva territorial fueron enajenados por la Coesvi a una empresa particular, es decir a la persona moral denominada Grupo Industrial y Constructor S.A. de C.V., el 31 de diciembre de 2012 por medio del Contrato núm. 069/2012, a un precio de $99,151,026.49, el cual es inferior a su valor actualizado comercial de $427,840,691.97.

 

Javier Alonso Garfio Pacheco (20/octubre/2017)

Responsable de la comisión del delito de peculado agravado con un grado de participación de coautor, por lo cual lo condenó a 3 años de prisión, al pago de la reparación del daño por la cantidad de $328,689,665.48, al pago de una multa de $435,515.00, y la inhabilitación por 3 años para desempeñar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público.

 

En su calidad de Secretario de Comunicaciones y Obras Pública del Estado de Chihuahua y vocal de la Junta de Gobierno de la Coesvi, aprobó y autorizó, la traslación de dominio y/o de uso, incluyendo la enajenación sobre los predios de la reserva territorial «Labor de Terrazas».

 

Caso 9 SH: JetCom

Entre los días 20 y 23 de diciembre de 2015, diversos servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, junto con personas externas llevaron a cabo la distracción de $1,740,000.00 del erario Estatal, mediante la simulación de dos procedimiento administrativos de contratación de servicios profesionales que nunca fueron prestados, como:

  • Impermeabilización
  • Reparación de aires
  • Materiales y mano de obra
  • Contratos de vuelos

 

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez (20/mayo/2019)

Responsable de la comisión del delito de peculado agravado con un grado de participación de cómplice auxiliador, por lo cual lo condenó a 3 años de prisión, se le absuelve al pago de la reparación del daño y se le condena al pago de una multa de 35,050.00.

 

En su calidad de apoderado legal y socio de una de las empresas beneficiadas y padre de del apoderado legal de otra de las empresas beneficiadas.

 

Cabe señalar que, derivado de un recurso de apelación presentado por la FGE, Consejería jurídica y la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda, en fecha 27 de noviembre de 2011, la Sala de Apelación Colegiada integrada por el Magistrado de la segunda sala Penal, Juan Rodríguez Zubiate, la Magistrada de la sala regional Hidalgo Norma Angélica Godínez Chávez y la Magistrada de la Séptima Sala Penal Angélica Sánchez Córdova, modificaron la Sentencia dictada al imputado Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, condenándolo a 6 años de prisión sin beneficio de condena condicional.

 

Luego de distintas argucias y maniobras judiciales, se le arrebató el caso a Chihuahua y un juez federal terminó por sobreseer el expediente y exonerar a Gutiérrez.

 

Caso 10 Seech: Día Mtro – Becas Media Sup.

De abril y mayo del año 2016, diversos servidores públicos del ente paraestatal Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech), en coordinación con personal de la Secretaría de Hacienda del Estado, repartiéndose roles y actividades, llevaron a cabo la distracción de $5,000,000.00 del erario, simulando un proceso administrativo de otorgamiento de Bono por concepto del día del maestro por un monto de $1,200,000.00, así como Becas de Nivel Medio Superior para los hijos de los trabajadores de la educación, por un monto de $3,800,000.00. Apoyos que jamás fueron entregados a los trabajadores de la educación.

 

Martha Patricia Bandera Barrera (17/julio/2019)

Responsable de la comisión del delito de peculado agravado con un grado de participación de coautor, por lo cual la condenó a 2 años 8 meses de prisión, al pago de $2,200,000.00 por concepto de reparación del daño, al pago de $3,620.00 por concepto de multa, así mismo la inhabilitó por un lapso de 3 años para desempeñar cargo o comisión dentro de la administración pública.

 

En su calidad de directora de Administración de SEECH, instruyó a personal a su cargo y coordinó la simulación del proceso administrativo simulado.

 

Caso 12 SH: Caja

Dentro de su cargo como secretario de Finanzas del PRI, Pedro Mauli Romero Chávez, recibió: $14,609,5883.00 provenientes de la retención mensual de las compensaciones de trabajadores del Estado, así como $63,833,333.00 desviados del erario estatal, mediante la simulación mensual de pagos a nómina.

 

Pedro Mauli Romero Chávez (22/agosto/2018)

Responsable de la comisión de un delito electoral por el que se le condenó a 3 años y 4 meses de prisión, al pago de una multa de 5000 salarios mínimos al momento de la comisión del delito y lo inhabilitó de sus derechos civiles y políticos por un lapso de 3 años y 4 meses.

 

Cabe señalar que el MP formuló imputación y vinculó a proceso al ex secretario de Finanzas del PRI, en fecha 11 de octubre de 2017, y en esa misma fecha el juez de Primera Instancia del Distrito Judicial Morelos decidió declinar competencia a la Federación.

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