Nace en Chihuahua la Coordinación Nacional Técnica del Protocolo Alba
Celebra Gobernador Javier Corral que el acto de conformación se desarrolló en este estado, por tratarse de un mecanismo que nació en 2003 en Ciudad Juárez, ante los constantes reportes de desaparición de mujeres
El gobernador Javier Corral encabezó la ceremonia de conformación de la Coordinación Nacional Técnica del Protocolo Alba, por medio de la cual, autoridades de los tres órdenes de gobierno e instituciones de la sociedad civil, se coordinarán para consolidar la homologación de los procesos de búsqueda de mujeres desaparecidas.
El evento se desarrolló en el museo Casa Chihuahua, con la presencia de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, así como funcionarios de varios estados del país.
El mandatario estatal celebró que este acto se realizara en el estado de Chihuahua, por tratarse de un protocolo que nació en 2003, justo en Ciudad Juárez, fruto de la desaparición de mujeres que eran reportadas como un mecanismo de respuesta.
Destacó también que el protocolo tiene su origen en un impulso de las mujeres que llevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el caso conocido como Campo Algodonero, en Ciudad Juárez.
Subrayó que las adecuaciones que ha tenido este protocolo, tienen que ver con el seguimiento al cumplimiento de la sentencia de la Corte sobre este caso, “por eso es tan relevante se realice en Chihuahua este acto”.
Javier Corral indicó que el protocolo debe comprometer a las autoridades en concentrarse en dar una respuesta inmediata, coordinada y proactiva, que puede salvar una vida.
Consideró que esa es la coordinación interinstitucional que merecen estos temas, que abordan grandes flagelos, realidades lacerantes y dolorosas, que debieran ser en todo momento zonas de neutralidad política “donde ni hay que estarnos peleando el mérito, ni hay que estarnos celando la parcela”.
Agregó que en estos temas “tendríamos que colocar la gran estrategia que define a un gobierno democrático y humanista, que es la estrategia de la altura de miras, para trascender las pequeñeces, las mezquindades, pero también para trascender ese gran reto que significa la burocracia en todos los niveles”.
En su intervención, Alejandro Encinas, calificó como emblemática esta reunión, porque es la primera ocasión en que se reúnen con representantes de fiscalías estatales, comisiones de búsqueda y organismos internacionales, a discutir un mecanismo que permitirá cumplir de mejor manera la responsabilidad del Estado mexicano, para garantizar el derecho de las personas a ser buscadas.
Recordó que desde el inicio de la actual administración federal, se han tenido muchas discusiones cuando se tomó la iniciativa de crear un sistema nacional de búsqueda e instalar las 32 comisiones estatales, lo cual, apenas se logró concluir a inicio del presente año.
Además de la canalización de recursos por 1,200 millones de pesos para su desarrollo, abonados como al fortalecimiento de las comisiones y la creación de los mecanismos para garantizar ese derecho, así como el protocolo de identificación forense.
El funcionario dijo que si se logra dar un paso significativo en la armonización de los protocolos para buscar en vida a las personas, se dejará de lado tantos instrumentos que limitan la acción de la autoridad para dar una respuesta inmediata en los primeros minutos, los cuales significan una amenaza de muerte para la víctima.
El fiscal de Chihuahua, César Peniche Espejel, subrayó que este esfuerzo de homologación tiene el objetivo claro y preciso de actuar todas las instancias en una forma coordinada, que garantice que esos minutos valiosos que significan la vida e integridad de una mujer o de una niña, prevalezca sobre cualquier forma mecanismo de violencia.
Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México, mencionó en su participación que este mecanismo operativo tiene como uno de sus principales desafíos la articulación interinstitucional
“El mecanismo de coordinación que hoy reúnen, es un elemento fundamental para vincular a los órdenes de gobierno y poderes del Estado con un mismo objetivo, que es garantizar la seguridad de las mujeres y niñas en México, el cese a violencia en todas formas incluida la que puede privarlas de su derecho fundamental, que es a la vida”, expresó.
Precisó que estas acciones no pueden comprenderse sin la labor de organizaciones de la sociedad civil, que han puesto su vida en buscar a sus familiares desaparecidas y que han dado grandes lecciones sobre los vacíos de la justicia y los desafíos de las instituciones.
María Fabiola Alanís Sámano, comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, explicó que desde 2006 a diciembre del año pasado, se tiene el reporte de 73 mil mujeres desaparecidas en el país, es decir, cada 2 horas se reporta la ausencia de una mujer o niña.
“Creo que no hay delito más grave y doloroso que la desaparición, las madres nos expresan el mayor dolor que representa la desaparición, por la angustia que significa el no saber qué pasó con ellas porque hay incertidumbre de dónde están sus hijas”, señaló.
Por su parte la comisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, resaltó que la integración de esta coordinación técnica es un paso importante, no solo por tratarse de una obligación internacional, sino sobre todo, para encontrarlas y dar una respuesta coordinada, sin “echarse la bolita” entre autoridades.
María Sol Berenice Salgado Ambrós, comisionada de Búsqueda de Personas del Estado de México e integrante del Comité Técnico del Programa Nacional del Protocolo Alba indicó que después de todo lo transcurrido años atrás con este tema, es oportuno replantear el instrumento para analizar, construir y acompañarlo en conjunto, para que cada estado tenga enlaces permanentes de comunicación y atención, que le den una operación eficaz.
En el lugar estuvieron además los fiscales de los estados de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca; de Morelos, Uriel Carmona Gándara y de Colima, Gabriel Verduzco; la directora general para la Promoción de una Vida Libre de Violencia del Instituto Nacional de las Mujeres, Anabel López Sánchez; la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Angélica Sánchez y la diputada presidenta del Congreso del Estado, Blanca Gámez.
