CNDH inicia investigación y solicita medidas cautelares en favor de personas migrantes deportadas de EE. UU.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inicia investigación de oficio para verificar la observancia y el efectivo cumplimiento de los Derechos Humanos por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Salud Federal (SSA), así como de las autoridades estatales y municipales competentes, luego de los casos de deportaciones masivas que el gobierno de los Estados Unidos de América ha realizado en agravio de diversas personas en contexto de migración.

La presidenta de este Organismo Autónomo, Rosario Piedra Ibarra, instruyó esta medida debido a la situación que enfrentan las personas que han arribado a la frontera norte de nuestro país sin ningún control migratorio ni sanitario frente a la pandemia por Covid-19.

Asimismo, se solicitaron medidas cautelares a 31 diferentes autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno, a fin de evitar la consumación irreparable de hechos violatorios de derechos humanos que pudieran afectar la salud, integridad, seguridad e incluso la vida de personas en contexto de migración internacional que son deportadas desde los Estados Unidos de América entre ellas niñas, niños, adolescentes, familias, mujeres y población con enfermedades crónico-degenerativas, que se alojan en el albergue San Juan Bosco, de Nogales, Sonora, así como de las puestas a disposición del INM, institución que a su vez, de ser necesario, los canaliza a algún recinto de los Sistemas Nacional o locales del DIF, Centros de Integración para Migrantes o albergues de la sociedad civil.

Lo anterior después de que los pasados días 29 de julio, 2 y 6 de agosto de este año, personal de la CNDH realizara una serie de visitas a dicho albergue, en las que se observó un creciente flujo de personas en contexto de migración provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador que arriban a ese recinto debido a las deportaciones masivas que el gobierno de Estados Unidos efectúa con base a lo establecido en el Titulo 42, como una política de salud pública de ese país. Además, como el responsable y asesor legal del mencionado albergue indicó, el 29 de julio se alojaron a 380 personas migrantes que fueron expulsadas del país vecino, las cuales no fueron recibidas por el INM, aunado a que el problema de contagio de COVID-19 se está presentando no solo con los extranjeros, sino también entre sus colaboradores, ya que en los últimos quince días se han contabilizado 20 casos positivos.

Al respecto, esta Comisión Nacional advirtió, mediante visitas al albergue de referencia, así como a la zona fronteriza en Nogales, Sonora, respectivamente, que el flujo migratorio que arriba por medio de las deportaciones masivas requiere de atención y ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas, alimentarias, de salud, sanitarias y de seguridad, ya que tal sitio carece de los insumos necesarios para su subsistencia y, como medida preventiva, aplicación de pruebas para el diagnóstico de la COVID-19, así como vacunas e instalaciones sanitarias.

Para tal efecto, las medidas cautelares ya han sido notificadas a sus destinatarios, se solicitará información a las autoridades involucradas en los hechos y, en su momento, se emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.

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