Aprueba INE el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022
Presupuesto aprobado permitirá al INE cumplir con sus obligaciones constitucionales
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2022, por un monto total de 18 mil 827 millones 742 mil 268 pesos, que le permitirá cumplir con sus obligaciones constitucionales, como la expedición de la Credencial para Votar, la organización de seis elecciones locales y, si así lo solicita la ciudadanía, la Revocación de Mandato y Consulta Popular.
El presupuesto estará distribuido de la siguiente forma:
Presupuesto base |
11,225,455,783 |
|
Cartera Institucional de Proyectos |
1,858,712,686 | |
Organizar Procesos Electorales Locales | 885,902,408 | |
Organizar Proceso Electoral Federal | 7,278,929 | |
Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión | 98,029,228 | |
Fortalecer la Gestión y Evaluación Administrativa y Cultura de Servicio Público | 472,365,662 | |
Fortalecer los Mecanismos de Actualización de los Procesos Registrales | 240,646,118 | |
Fortalecer el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales | 37,424,463 | |
Fortalecer la Equidad y Legalidad en el Sistema de Partidos Políticos | 106,252,682 | |
Coordinar el Sistema Nacional Electoral | 10,813,196 | |
Subtotal | 13,084,168,469 | |
Revocación de Mandato | 3,830,448,091 | |
Consulta Popular | 1,913,125,708 | |
Subtotal | 5,743,573,799 | |
Total | 18,827,742,268 |
Presupuesto precautorio de 5 mil 743.5 mdp para Revocación de Mandato y Consulta Popular
En sesión extraordinaria, el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, sostuvo que en la integración del Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022, “era nuestra obligación prever los recursos necesarios para el cumplimiento de nuestro mandato constitucional y legal”.
El INE, dijo, “refrenda la política de contención, racionalización y eficiencia del gasto” y si se compara con lo que se le otorgó en 2021, “representa únicamente 29 centavos de cada 100 pesos presupuestados por la Federación para el mismo ejercicio fiscal”.
Precisó que, además de incluir recursos para garantizar las actividades permanentes que trascienden la organización de las elecciones como el monitoreo de medios electrónicos, la fiscalización del dinero invertido en la política y la actualización y fortalecimiento de la Credencial para Votar como el principal medio de identificación de nuestro país, se han incluido recursos para la organización de seis elecciones locales y para dos ejercicios de democracia directa.
Detalló que los recursos presupuestales solicitados por el INE ascienden a 13 mil 84.17 millones de pesos y 5 mil 743.5 millones de pesos adicionales que se están solicitando de manera precautoria, ante la posibilidad de que se cumplan los requisitos constitucionales y legales para realizar tanto una Revocación de Mandato como una Consulta Popular.
“De no realizarse estos ejercicios, tales recursos se devolverán puntual e íntegramente a la Tesorería de la Federación”, aseguró.
Lorenzo Córdova explicó que una Revocación de Mandato debe ser equiparable a una elección federal y advirtió que “sin reglas claras, sin el despliegue total a nivel nacional para que todas y todos los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal puedan opinar y sin todas las garantías constitucionales y legales para garantizar el voto libre y la certeza de los resultados, pondríamos en riesgo la viabilidad y la regresión de nuestra democracia”.
Inversión indispensable en la democracia
“Los presupuestos del INE son una inversión indispensable en la democracia. Lo que se ha gastado en fortalecer y recrearla por medio de elecciones libres ha sido una buena inversión en estabilidad política y libertad para todos los mexicanos”, afirmó el presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto, Jaime Rivera Velázquez.
Agregó que el próximo año se renovará la gubernatura de los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, 39 Ayuntamientos de Durango y 25 Diputaciones de Quintana Roo y, de ser el caso, la Revocación de Mandato y la Consulta Popular.
Rivera precisó que el cumplimiento de funciones públicas requiere de recursos financieros y “el presupuesto base del Instituto ha mantenido una notable estabilidad, ya que de 2016 a 2021 registra un incremento de sólo 4.8%, en pesos constantes. De 2021 al proyectado en 2022, un incremento menor a 1%. Esto quiere decir que el INE puede realizar todas sus actividades permanentes prácticamente sin aumentar su gasto ordinario”.
Presupuesto austero y racional
En su intervención, la Consejera Norma De la Cruz Magaña anunció un voto concurrente al no compartir la metodología en la construcción del proyecto de presupuesto, pues en su opinión, el tiempo con el que se prepara no permite una revisión con la profundidad deseada.
“La fragmentación en el proceso de planeación, programación y presupuestación, así como la segmentación sin un horizonte de mediano y largo plazo, habla de la necesidad de fortalecer los indicadores del ejercicio de recursos para medir la gestión e impacto de los recursos destinados a cada actividad; el cumplimiento de las metas proyectadas para proveer de elementos objetivos y decidir la continuidad o conclusión de un proyecto tanto en la Cartera Institucional de Proyectos y en el presupuesto base”, consideró.
Para el ejercicio 2022, explicó la Consejera Dania Ravel Cuevas, se requerirán alrededor de mil 510 millones de pesos menos en comparación con 2021, “a pesar de que estamos previendo la realización de dos ejercicios ciudadanos que implican llevar a las urnas a un aproximado de 92.4 millones de personas en cada uno”.
En caso de que la Revocación de Mandato y la Consulta Popular no se lleven a cabo, subrayó, “este Instituto requerirá alrededor de 7 mil 254 millones de pesos menos que en 2021 para realizar sus actividades ordinarias y cumplir con la Cartera Institucional de Proyectos”.
En seguida, la Consejera Adriana Favela Herrera recordó que el Anteproyecto de Presupuesto se construyó con base en los principios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria, además de que se contemplaron recursos suficientes para la posible realización de la Revocación del Mandato del Presidente de la República y una Consulta Popular.
“Va a permitir que el INE desarrolle con recursos mínimos indispensables las funciones que constitucionalmente tiene encomendadas como la organización de elecciones en seis entidades federativas en las que se elegirán 436 cargos”, así como el inicio del Proceso Electoral Local 2022 y 2023.
En su oportunidad, la Consejera Carla Humphrey Jordan destacó que “en cada ciclo presupuestal el INE renueva su compromiso republicano con la eficiencia, la eficacia y la economía de su desempeño cotidiano, en cumplimiento de sus misiones y deberes democráticos y republicanos”. Enfatizó que el Instituto llega a este momento presupuestal con toda responsabilidad y plenamente consciente de los desafíos “que nos impusieron e imponen, tanto la emergencia sanitaria, como la autoridad legislativa en la materia”.
Además, manifestó la necesidad de considerar en el presupuesto la modernización electoral, que “no es sólo un deber interno; es también un conjunto de medidas, estudios y propuestas que, sin duda, abatirán costos, agilizarán procesos y acercarán a la ciudadanía a novedosos mecanismos para expresarse en las urnas, tanto en las elecciones como en los procesos de Consulta Popular y Revocación de Mandato”.
Dañar el presupuesto del INE puede resultar muy caro
“Dañar el presupuesto del INE puede salir muy caro por las funciones que cumple esta institución para la nación”, sostuvo el Consejero Ciro Murayama Rendón, al invitar a las representaciones del Poder Legislativo que van a tomar la decisión presupuestal, a sopesar bien su decisión y “valoren hasta dónde recortar por recortar, es un acto de responsabilidad, desde el punto de vista político, institucional y presupuestal”.
Explicó que, sin Revocación de Mandato y Consulta Popular, “el INE solicita 7 mil 254 millones de pesos menos que el año en curso, es decir una disminución del 35 por ciento” y advirtió que, si hay un recorte abrupto, “las funciones esenciales que realiza el INE en todo el país se verían severamente dañadas y se podría poner en riesgo el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía”.