Archivos de México emprenderán diagnóstico nacional de la función archivística
Se busca generar un mapeo archivístico, con indicadores puntuales y estadísticas sobre el estado que guardan los archivos, la práctica archivística de las instituciones públicas y la preservación de la memoria nacional y de las regiones.
El Consejo Nacional de Archivo llevó a cabo su Segunda Sesión Ordinaria del 2021 de manera virtual, en la que desahogó una nutrida orden del día que consideró, entre otros puntos, aprobación del Acuerdo de Reforma al Reglamento del CONARCH, propuesto por el Banco de México, conocimiento de las Acciones de Inconstitucionalidad promovidas contra Leyes locales de archivos, avances en la implementación del Registro Nacional de Archivos, avances en la integración de las comisiones permanentes, así como seguimiento de Acuerdos.
Durante la Sesión, Carlos Enrique Ruiz Abreu, director general del Archivo General de la Nación, en su calidad de presidente del CONARCH, presentó el Programa “Memoria de los Archivos. Archivos de la Memoria”, por el cual se convocará a los archivos de los estados y municipios a tener encuentros virtuales para conformar mesas de trabajo, reflexión y diagnóstico que permitan reconocer el estado que guarda la función archivística del país y el escenario particular al que se enfrentan los archivos del país, así como habilitar un espacio de encuentro para el intercambio de conocimientos y experiencias, junto con el reconocimiento de prácticas exitosas, a partir de lo cual se orienten adecuadamente los esfuerzos y se diseñen estrategias focalizadas para el desarrollo archivístico nacional y para la correcta preservación de la memoria del país y de cada una de las regiones. Así se estará contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la generación, resguardo y preservación del conocimiento y los saberes depositados en los documentos, a la homologación de la práctica archivística, y a la divulgación y apropiación social del patrimonio documental de México.
Esta iniciativa contó con el beneplácito unísono de los integrantes del Consejo. En una ronda de intervenciones al respecto, Jorge Álvarez Fuentes, representante de Oaxaca; Claudia Velázquez, representante de Colima; y Julissa Hernández Luna, representante de Guanajuato, coincidieron en la trascendencia de la iniciativa planteada, pues promueve un ejercicio que varios de los actores archivísticos del país han estado impulsando, ya que es inaplazable conocer el estado preciso que guardan los archivos del país, además de que el conocimiento que hay en cada archivo debe ser de todos los archivos del país.
Por su parte, Issa Luna Pla, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó la relevancia de contar con un diagnóstico nacional pues resulta indispensable para saber hacia dónde se deben dirigir los esfuerzos, e hizo un llamado para que el mapeo que resulte de dichos trabajos sea acucioso y con los indicadores que el mismo AGN ha llevado para su propio diagnóstico, de forma que esto permita homologar la información y generar estadísticas nacionales en la materia.
Asimismo, Jorge Nacif, representante del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ante el CONARCH, observó la oportunidad que provee el programa “Memoria de los Archivos. Archivos de la Memoria” para generar conocimiento archivístico en el país y sistematizarlo, y se muestra como una gran oportunidad para comenzar a tener el cambio rotundo en la política nacional de archivos.
Carlos Ruiz Abreu adelantó que la primera ronda de trabajos iniciará en enero de 2022 y que el AGN se estará acercando con cada archivo para convocarles y coordinar lo conducente.
En otro tema a destacar, el Secretario Técnico del CONARCH y Director de Asuntos Jurídicos del AGN, Marco Palafox Schmid, expuso ante el Consejo precisiones sobre la naturaleza y alcance del Reglamento a la Ley General de Archivos (LGA) en el que actualmente trabaja el AGN, ante las diversas inquietudes y expectativas que se han manifestado al respecto.
Al respecto, expuso que el Reglamento de la LGA no puede aspirar a definir procedimientos específicos para la gestión documental y administración de archivos, pues al ser un instrumento emanado del Poder Ejecutivo Federal, éste no tiene competencias para regular el funcionamiento de otros poderes o instituciones que no sean de la Administración Pública Federal y sus respectivas competencias. Será, pues, un instrumento a través del cual el titular del Poder Ejecutivo Federal instruya a la Administración Pública Federal la forma en que deberá materializarse orgánicamente la LGA. También resaltó que los reglamentos no pueden definir obligaciones, facultades o derechos inéditos, pues esto es competencia de las leyes, sino que son más bien instrumentos que disponen la manera para ejecutar las leyes, para volver procedentes los contenidos de la legislación. Por lo anterior, no se puede esperar que el Reglamento sea un documento técnico que aborde procedimientos específicos de gestión documental y administración de archivos, pues la emisión de la normatividad específica en la materia, pues además eso es competencia del Consejo Nacional de Archivos, conforme lo dispone la Ley General de Archivos.
