El INE cumple cabalmente con la organización y difusión de la Revocación de Mandato y llama a la ciudadanía a participar

Estamos a sólo tres días de la Jornada de Revocación de Mandato, un inédito ejercicio de democracia participativa que nuevamente convoca a la ciudadanía a las urnas, para ejercer sus derechos políticos de manera libre e informada.

Hoy, es muy importante informar a la ciudadanía, con hechos y datos correctos y verificables, sobre las acciones emprendidas por el INE para hacer posible la Jornada de Revocación de Mandato que está por celebrarse el próximo domingo.

Desde agosto de 2021, cuando el Consejo General aprobó la primera versión de los Lineamientos para la organización de la Revocación de Mandato, el Instituto ha venido cumpliendo con todas sus obligaciones constitucionales y ejerciendo sus atribuciones legales, incluida la solicitud formal y legal de una partida presupuestal suficiente para la instalación de todas las casillas requeridas en un proceso de dimensiones semejantes a las de una elección federal, pese a que en ese momento no contaba aún con la ley reglamentaria y debíamos cumplir con el mandato constitucional que tenemos en el INE.

Aun cuando el Congreso de la Unión había sido omiso 454 días para aprobar la ley federal en la materia, el INE emitió estos lineamientos, comenzó a trabajar en la preparación del proceso y aprobó un Anteproyecto de Presupuesto para 2022 que consideraba la posibilidad de que, tal como lo establece el artículo 35 de la Constitución, la ciudadanía solicitara la Revocación de Mandato del Titular del Poder Ejecutivo Federal por pérdida de confianza.

La solicitud de tres mil 830 millones de pesos como partida precautoria, en caso de que se cumpliera el supuesto de que un 3 por ciento de la Lista Nominal de Electores solicitara la Revocación de Mandato, fue incluida en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a petición del INE, y fue explicada detalladamente a las diputadas y diputados; sin embargo, la Cámara de Diputadas y Diputados, no autorizó los recursos, y eso constituyó el primero y más importante de los muchos obstáculos que el INE tuvo que enfrentar en la organización de este proceso.

La partida aprobada por la Cámara de Diputados para este ejercicio fue de 830 millones de pesos, únicamente, y tuvo que ser complementada por el INE con ajustes a su gasto operativo y, cuando formalmente se solicitaron los recursos faltantes a la Secretaría de Hacienda, éstos fueron negados sin fundamentación o sin motivación alguna, y con una propuesta de “plan de austeridad” calculada sin rigor técnico, ni información real, sobre las necesidades presupuestales para la organización de la Revocación de Mandato.

Cuando el Instituto recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer una controversia constitucional en contra del presupuesto asignado, y cuando una mayoría de consejeras y consejeros aprobamos un acuerdo que posponía la organización de la Revocación de Mandato, en tanto se resolvía el fondo de dicha controversia, se interpuso desde la Presidencia de la Cámara de Diputados una denuncia penal en contra de seis integrantes de este Consejo y el Secretario Ejecutivo del INE; una denuncia sin precedentes en la historia de la democracia, por la cual se iniciaron indagatorias desde la Fiscalía General de la República y que, a la fecha, sigue abierta pese al anuncio de quien la promovió en el sentido de “tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del INE”.

El INE ajustó sus lineamientos, primero en septiembre de 2021, cuando el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato, y después en noviembre, cuando a raíz de una impugnación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos ordenó aceptar formatos impresos en todo el país para la captación de los apoyos ciudadanos para el ejercicio, y no sólo la aplicación electrónica que se había habilitado con el fin de facilitar y dar plena certeza a la recolección de firmas de los interesados en que el proceso se llevara a cabo.

Pese a todas las trabas, el INE cumplió con su deber constitucional de validar más de dos millones 845 mil firmas (más del 3 por ciento de la Lista Nominal con una dispersión de por lo menos en 17 entidades federativas, como lo pide la Constitución), con lo que se cumplieron los requisitos constitucionales para emitir formalmente la convocatoria al proceso de Revocación de Mandato; lo cual ocurrió, como es conocido, el 4 de febrero pasado.

Ante la negativa de los tres Poderes de la Unión a otorgar recursos suficientes para la Revocación de Mandato, el INE llevó a cabo dos ajustes presupuestales y logró conformar una bolsa de mil 567 millones de pesos para la organización y desarrollo del proceso, y procedió a un nuevo ajuste de los lineamientos para redefinir el número de casillas y fijarlo en 57 mil 517, incluyendo 300 casillas especiales para votantes en tránsito; es decir, una por cada distrito electoral.

En paralelo, el INE trabajó en el diseño e impresión de todos los materiales requeridos para que el proceso se lleve a cabo, incluidas las más de 94 millones de papeletas que serán puestas a disposición de la ciudadanía en la jornada del próximo 10 de abril, y que ya han sido debidamente distribuidas en todos los rincones del país.

Se instrumentó un sistema de votación por internet para mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero.

Se aprobaron más de cuatro mil 400 solicitudes de personas que serán observadoras de la jornada del 10 de abril.

Se acreditó a 98 visitantes extranjeros provenientes de 25 países, interesados en atestiguar este inédito ejercicio de democracia participativa que, por el número de posibles votantes, es uno de los procesos de esta naturaleza más grandes que se hayan llevado a cabo a nivel mundial.

Además, se acreditó a más de 13 mil representantes generales y a más de 161 mil representantes en casilla de diversos partidos políticos nacionales.

Desde el INE, se emprendió un extraordinario esfuerzo institucional para difundir el proceso y promover la participación de la ciudadanía en la jornada del próximo domingo.

Contrario a lo que se dice, se llevaron a cabo miles de acciones de difusión y comunicación, acordes con la capacidad y los recursos con que cuenta la institución: así, se realizaron tres foros nacionales de discusión, con la participación de personas que defendieron las dos posibles respuestas a la pregunta que encontrará la ciudadanía en la papeleta el próximo domingo.

Además de 36 foros estatales y 243 foros distritales informativos; se difundieron más de un millón 95 mil spots pautados en radio y televisión; se desarrolló un micrositio especializado que, hasta esta mañana, había alcanzado más de 579 mil visitas; se emitieron 769 boletines, tanto desde oficinas centrales como desde las Juntas Locales del INE.

Se otorgaron 874 entrevistas de consejeras, consejeros e integrantes de la Junta General Ejecutiva; se hicieron más de mil publicaciones orgánicas en las redes sociales del INE, que alcanzaron más de 23.5 millones de impresiones; se difundió la Revocación en inserciones en 16 periódicos nacionales, 179 periódicos estatales, alcanzando un tiraje acumulado de más de 7.2 millones de ejemplares a nivel nacional.

Se utilizaron más de mil 700 espacios de publicidad exterior en la Ciudad de México y el Estado de México y se aprovecharon los 2 mil 248 espacios otorgados por el gobierno de la ciudad, de los cuales mil 480 corresponden al Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el que diariamente, como saben, circulan millones de personas.

Y las Juntas Locales y Distritales desplegaron campañas de difusión en mil 726 espacios, distribuyeron más de 39 mil volantes y más de 24 mil carteles. De ahí que sea rotundamente falso que el INE no haya cumplido con su deber constitucional y legal -y su atribución exclusiva- de difundir el ejercicio de Revocación de Mandato y promover la participación ciudadana en el mismo.

Desde el 14 de marzo, conforme a lo establecido en sus lineamientos, las Juntas del INE comenzaron a difundir en sitios públicos la ubicación de las 57 mil 517 casillas que serán instaladas el día de la jornada de votación.

Y, desde el 26 de marzo, comenzó a funcionar el sitio ubicatucasilla.ine.mx para que cualquier persona pueda consultar el domicilio exacto en el que estará su casilla, simplemente tecleando el número de su sección electoral, localizado en la parte frontal de la Credencial para Votar con Fotografía.

Invitamos pues a la ciudadanía a que consulte este sistema en los días que aún faltan para la jornada. El INE, en síntesis, en ningún momento ha ocultado, como falsamente se ha venido diciendo, la ubicación de las casillas.

Para este proceso, el INE contrató y desplegó en todo el territorio nacional a 12 mil 064 personas supervisoras y capacitadoras electorales, que visitaron en apenas 26 días a 6.1 millones de mexicanas y mexicanos que resultaron sorteados para ser funcionarias y funcionarios de casilla. Y, tras dos etapas de capacitación, hoy contamos con más de 287 mil personas plenamente capacitadas, designadas y nombradas para recibir y contar el voto de sus vecinas y vecinos.

Este dato, además de dar cuenta de la enorme capacidad operativa del INE a través de sus 32 Juntas Locales y 300 Juntas Distritales, es el reflejo de la alianza lograda entre el Instituto y la ciudadanía. Es decir, pese a las campañas de desprestigio que se han emprendido contra el INE, la ciudadanía mantiene intacta su confianza en su Instituto Nacional Electoral.

Nuevamente, la ciudadanía aceptó la invitación a fungir como funcionarias y funcionarios de casilla, y se apropió del proceso, para recrear así nuestra democracia.

El 10 de abril operará un sistema de Conteo Rápido con una muestra de mil 800 casillas, que nos permitirá contar con una estimación confiable de la participación y el resultado de la consulta esa misma noche. Estimamos, por cierto, que los resultados del Conteo Rápido puedan hacerse públicos en esta mesa del Consejo General entre las nueve y las diez de la noche, aproximadamente.

Y, desde el cierre de las casillas, conforme los paquetes electorales sean trasladados a los 300 Consejos Distritales del INE, iniciará el cómputo legal de votos, a diferencia de lo que ocurre en las elecciones federales, que comienzan, como saben, dos días después. Mismo que será visible para la ciudadanía en un sistema que se irá actualizando en tiempo real a través de internet, esto permitirá dar certeza y transparencia al ejercicio, y hará posible que, al día siguiente de la jornada de votación, el INE dé a conocer los resultados definitivos.

Como puede constatarse, el INE ha hecho todo para hacer posible este inédito ejercicio de participación ciudadana, pese a todos los retos, los desafíos y los obstáculos que hemos tenido que superar.

Sin embargo, desde el 4 de febrero, al emitirse la convocatoria formal y legal para la Revocación de Mandato, se ha observado una actitud por parte de diversos actores políticos que contrasta con la vocación democrática y cívica de la ciudadanía. Desgraciadamente, una de las características de este proceso ha sido la violación permanente de las normas que regulan la difusión de la propaganda gubernamental y el principio de imparcialidad al que están obligadas las personas funcionarias públicas.

La reforma constitucional de 2019 otorgó al INE la facultad exclusiva de promover la Revocación de Mandato, prohibió la difusión de propaganda gubernamental a partir de la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, y ordenó que no se emplearan recursos públicos ni partidistas en un ejercicio que debía ser plenamente ciudadano.

El mismo modelo de comunicación política, las mismas restricciones, fueron introducidas en la Ley Federal de Revocación de Mandato aprobada por la mayoría legislativa en el Congreso de la Unión y, sin embargo, fueron quienes se presentan como los principales impulsores de la Revocación de Mandato los primeros en violar estas restricciones constitucionales y legales. De hecho, fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 151/2021, la que determinó que los partidos políticos no debían promover el ejercicio de Revocación de Mandato.

Durante este proceso, el INE ha recibido 172 quejas por presuntas violaciones a diversas disposiciones legales, cometidas principalmente por funcionarios públicos tanto del nivel federal como estatal, y ha otorgado 25 medidas cautelares, ordenando el retiro de publicidad y mensajes, tanto en espacios físicos como en medios digitales. Es importante mencionar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha confirmado todas esas decisiones.

Lo dijimos desde el inicio del proceso: las restricciones a la propaganda gubernamental y las limitaciones a las expresiones de servidores públicos no las decidió el INE, sino el Poder Legislativo, que las puso en la Constitución y la ley. Esta autoridad electoral no censura a nadie; simple y sencillamente se apega a su obligación legal de hacer valer las leyes vigentes.

Pese a todo, la Revocación de Mandato va, y va muy bien.

Todo está listo para que el próximo 10 de abril acudan a votar todas las personas interesadas en participar en este proceso. Las 92 millones 823 mil 216 ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores tendrán una papeleta esperándoles en la casilla que les corresponde, donde encontrarán condiciones de seguridad sanitaria para el libre ejercicio de su opinión.

Invitamos a todas las mexicanas y a todos los mexicanos a participar y ejercer sus derechos políticos a plenitud.

En esta recta final, las consejeras y consejeros electorales del INE renovamos el llamado a que todos los actores políticos, sin excepción, se conduzcan con un espíritu democrático y observen las disposiciones legales a que están obligados en este proceso.

Todos tenemos el deber de cumplir con las obligaciones constitucionales y legales a que estamos mandatados. Así lo hacemos, así lo haremos en el INE y, estamos seguros, así lo harán millones de mexicanas y mexicanos que, nuevamente, darán una muestra de civilidad y compromiso democrático.