Aprueba INE financiamiento a los partidos políticos para 2023 con fórmula establecida en la Constitución

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el financiamiento público de los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2023, a partir de la fórmula establecida en la Constitución, por un importe de 6 mil 233 millones 510 mil 798 pesos, conforme a lo siguiente:

En sesión extraordinaria, el Consejero Presiente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que “el modelo de financiamiento predominantemente público de los partidos políticos es uno de los pilares de nuestro sistema electoral y es el producto de la evolución de dicho sistema a partir de una serie de reformas que, consensuadas entre las propias fuerzas políticas, se han ido perfeccionando y mejorando las condiciones de legalidad, certeza y equidad en la contienda política”.

El modelo de financiamiento público, sostuvo, ha contribuido a un triple propósito: “la legalidad y certeza sobre el financiamiento de la política, la equidad en la competencia, así como la transparencia en el manejo de los recursos por parte de partidos, candidatas y candidatos”.

Con la creación y perfeccionamiento del Sistema de Fiscalización, “el modelo de financiamiento público ha contribuido al tercer propósito: el de la transparencia y la rendición de cuentas, no solamente porque se conoce la fuente principal de los recursos, sino porque además el dinero que reciben los partidos, tanto el público como el privado, es escrupulosamente escrutado”, insistió el Consejero Presidente.

Córdova recordó que cada año el INE calcula el monto del financiamiento que reciben los partidos, con base en una fórmula establecida en la Constitución. Dicha fórmula de cálculo, enfatizó, no admite debate o negociación alguna, sino que es un mandato establecido en el artículo 41 de la Constitución.

Financiamiento público evita tentación de venderse a intereses privados

Por su parte, el Consejero Uuc-kib Espadas Ancona, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, recordó el origen histórico de por qué está en las leyes el financiamiento público a los partidos políticos y cómo se ha convertido en una contribución a la democracia mexicana.

“El Estado mexicano va a gastar algo más de seis mil millones de pesos en financiar a sus partidos políticos y ese gasto le ahorrará a la sociedad a lo largo y ancho del país, muchísimo más dinero, evitando compromisos, evitando la tentación de venderse a los intereses privados”, dijo.

El Consejero Espadas agregó que “cada uno de los pesos que la sociedad mexicana va a invertir en 2023 financiando a los partidos políticos es una cantidad muy superior de dinero que se ahorra en relación a lo que ocurriría, si las elecciones estuvieran sometidas a subasta entre los grandes capitales”.

Con base en la fórmula que establece la Constitución mexicana y la Ley General de Partidos Políticos, tomando en cuenta los resultados de la elección ordinaria federal para elegir diputaciones por el principio de Mayoría Relativa y el porcentaje de votos obtenidos por cada fuerza política, el financiamiento que corresponde a cada partido político aprobado por el Consejo General, es el siguiente:

Llaman a partidos políticos a hacer uso responsable de financiamiento

En su intervención, la Consejera Norma De la Cruz Magaña llamó a los partidos políticos a hacer un uso responsable de los recursos asignados, “demostrando que serán empleados de acuerdo con la normativa aplicable vigente y que cumplen con la funcionalidad para la que son designados, que deberán de aplicar el financiamiento para los fines establecidos en la normativa, transparentando su uso y destino, así como rendir cuentas no sólo a esta autoridad, sino a la sociedad”.

“Es el momento de refrendar su compromiso con el cumplimiento de los principios de racionalidad, austeridad, eficacia, eficiencia, economía y rendición de cuentas”, manifestó.

El 3% en promoción y liderazgo político de las mujeres es el piso mínimo

Respecto al tres por ciento del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes que cada partido político debe destinar para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, la Consejera Dania Ravel Cuevas recordó que ese porcentaje es un piso mínimo.

“Este recordatorio es aún más necesario en un contexto en el que seguimos presenciando violencia política contra las mujeres por razón de género y viendo a políticos y políticas que descalifican o dan un trato diferenciado a las candidatas por el simple hecho de ser mujeres”, lamentó.

Sistema de financiamiento a partidos ha logrado combatir recursos ilícitos

Por su parte, la Consejera Carla Humphrey Jordan reconoció que hasta ahora el sistema de financiamiento a partidos políticos ha logrado combatir de forma adecuada el uso de recursos ilícitos en las campañas electorales.

Sin embargo, llamó a promover, junto con las y los legisladores, “diversas medidas para hacer frente a nuevos problemas que enfrentamos en el financiamiento en efectivo a las campañas, a dinero del crimen organizado y, por supuesto, a fiscalizar de una manera mucho más adecuada cómo se están gastando e ingresando estos recursos”.

Financiamiento público favorece la equidad en la contienda

El Consejero Jaime Rivera Velázquez coincidió en que, por consenso de una serie de reformas electorales pactadas por las distintas fuerzas políticas, se acordó el financiamiento público de los partidos políticos como un mecanismo que favorece las condiciones de equidad en la competencia por el poder.

“Morena mientras fue oposición no reclamó la disminución del financiamiento público porque lo necesitaba para competir por el poder, ¿por qué será que ahora desde el gobierno lo desdeña e incluso pretenda desaparecerlo o al menos el financiamiento ordinario para que los partidos puedan funcionar de manera permanente?, cuestionó.

INE no impulsa financiamiento a capricho o beneficio de ningún actor político

“El INE no está impulsando ningún acuerdo a capricho o a beneficio de uno u otro actor político, sino aplicando literalmente la Constitución como venturosamente lo hace desde que esta disposición de financiamiento público predominante quedó en la Carta Magna, allá en 1996”, defendió el Consejero Ciro Murayama Rendón.

Pero el financiamiento público predominante, precisó, “es parte de un modelo, es una pieza que también incluyó permitir el financiamiento privado, pero con límites y acotado y, a la vez, prohibió de manera clara y terminante que hubiera otra forma de llevar recursos públicos a los actores políticos o a sus campañas que no fueran los que expresamente contemplan la Constitución y las leyes y que dan las autoridades electorales”.

Fiscalizan a organizaciones observadoras de Revocación de Mandato

En otro punto de la sesión, las consejeras y los consejeros conocieron y aprobaron el Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de Fiscalización y la Resolución respecto de los Informes de Ingresos y Gastos de las actividades realizadas por las organizaciones de observación electoral, correspondientes al proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República.

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, aprovechó este punto para reconocer a las organizaciones que realizan tareas de observación electoral. “Es un momento para poder resaltar una figura que ha cobrado ya, desde hace 28 años, carta de naturalización en nuestro sistema jurídico electoral”.

“Creo que es muy importante conocer hoy este informe, este proyecto de dictamen, no solamente porque el INE tiene la función legal de revisar las cuentas de las organizaciones que realizan observación electoral, sino es un magnífico pretexto para poder reiterar el llamado a la sociedad mexicana y a los actores políticos ahora que se ha iniciado un proceso abierto e incluyente, que desde aquí celebramos, de discusión sobre nuestras normas electorales, sobre nuestro sistema electoral”.

Al respecto, el Consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, destacó la importancia que la observación electoral ha tenido en México desde hace ya varias décadas. “Ha sido éste un derecho ciudadano que ha fortalecido la democracia como un puntal para la confiabilidad en las elecciones”, subrayó.

En total, se acreditaron como observadores electorales 91 organizaciones. “De éstas, 10 presentaron en tiempo y forma sus informes relativos a su actividad y, en su caso, el ejercicio de recursos para su actividad. 81 organizaciones no entregaron su informe a tiempo y cuando fueron requeridas, 23 de ellas presentaron su informe reportando, en todos los casos, que no tuvieron financiamiento”, detalló Rivera. El resto, si bien no presentaron informe de ingresos y gastos, tampoco hubo evidencia de que realizaran gastos o que hubieran tenido ingresos, por lo que a ninguna se le impuso sanción, aclaró.

No se puede prescindir de la transparencia al fiscalizar

La Consejera Dania Ravel llamó la atención sobre el hecho de que del 100% de las organizaciones de observación electoral registradas, el 63.73% no cumplió con su obligación de declarar el origen, monto y aplicación del financiamiento que hubiesen obtenido para el desarrollo de actividades relacionadas con la observación de la Revocación de Mandato.

“No podemos prescindir de la transparencia y de la rendición de cuentas, toda vez que son elementos fundamentales para la óptima realización de las encomiendas institucionales”, como es la función de fiscalización establecida en la Constitución, consideró.