La Profepa da seguimiento a la reparación y compensación correspondientes para resarcir los daños ocasionados por el siniestro en Balandra
Vigilará el cumplimiento de las medidas correctivas que fueron impuestas.
La oficina de representación de la Profepa en Baja California Sur recibió el reporte de un incidente marítimo, específicamente del incendio de un yate en el Área Natural Protegida, Área de Protección de Flora y Fauna-APFF Balandra, en el municipio de La Paz.
En coordinación con autoridades ambientales federales y locales, así como de la Secretaría de Marina y la Capitanía de Puerto, se han realizado diversos recorridos a fin de identificar las afectaciones que se ocasionaron a la zona derivado del incidente y, posterior hundimiento del yate.
La Profepa realizó una visita de inspección a los representantes legales y al encargado de la embarcación e hizo de su conocimiento diversas medidas de urgente aplicación, indicándoles que independientemente de la estrategia que instrumentaran era urgente tomar acciones para evitar que el naufragio continuara contaminando de combustible y otros desechos al ecosistema.
Aunado a lo anterior y tomando en consideración el pronóstico meteorológico no favorable para la zona, se reiteró al inspeccionado que se llevara a cabo de forma inmediata el cumplimiento de las medidas correctivas que fueron impuestas.
El 24 de agosto de 2022 la Profepa presentó la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General de la República por hechos que podrían constituir un delito contra el ambiente y la gestión ambiental previstos en el artículo 414 del Código Penal Federal, por la embarcación siniestrada dentro de la Poligonal del APFF Balandra. La pena a la cual podrían ser acreedores es de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil
días multa, por ser el caso de que los presuntos ilícitos se llevaron a cabo en un área natural protegida, la pena de prisión se incrementa hasta en tres años y la pena económica hasta en mil días multa.
La denuncia penal la presentó la Profepa ante la FGR, instancia competente para conocer e investigar todos aquellos hechos que afecten directamente el derecho humano a un medio ambiente sano y sean probablemente constitutivos de un delito contra el ambiente.
La Profepa llevará a cabo las diligencias tendientes y necesarias para la debida integración de la carpeta de investigación correspondiente, en su calidad de coadyuvante.
