Plan B de reforma electoral pone en riesgo derechos político-electorales de personas históricamente discriminadas

El llamado Plan B de la reforma electoral limita al Instituto Nacional Electoral (INE) para emitir acuerdos y lineamientos para establecer acciones afirmativas a favor de personas históricamente discriminadas, además reduce los espacios de representación legislativa por esta vía a 25, advirtió la Consejera Carla Humphrey Jordan.

Al participar en el Conversatorio Acciones afirmativas en favor de las personas en situación de discriminación y reforma electoral, organizado por el INE y la Librería U-Tópicas, afirmó que “estamos ante un riesgo inminente de un retroceso en los derechos humanos, los derechos político-electorales, el derecho de participación política de las personas en situación de discriminación”.

Humphrey estimó que reducir los espacios por acciones afirmativas de los 65 logrados por la autoridad electoral a 25, implica una “clara regresión e incluso violación a los derechos humanos de las personas pertenecientes a estos grupos”.

La igualdad formal, insistió la Consejera, no alcanza para cubrir los espacios necesarios para la representación política y los accesos al escenario público, por lo tanto, “tenemos que ir a la igualdad sustantiva, es decir, hacer iguales a los iguales y abonar para que las personas en situación de desventaja puedan tener acceso a estos cargos”.

Acciones afirmativas deben partir del contexto

Carla Humphrey recalcó que, de acuerdo con un estudio realizado en colaboración con El Colegio de México, las acciones afirmativas deben diseñarse con base en el contexto.

“Claramente esta reforma no hace este análisis, en general, pero en el tema de acciones afirmativas no hay ningún planteamiento ni análisis de por qué se llega a este número aleatorio de 25, por qué suponen que es un número suficiente para cubrir una sociedad plural que debe garantizar estos espacios de acuerdo a cómo está constituida nuestra sociedad”, criticó.

En este sentido, la Consejera llamó a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas en lo individual para que aporten sus puntos de vista y, en caso de que crean que con esta reforma se transgreden sus derechos político-electorales, acudan a las vías jurisdiccionales a su alcance.

Además, recordó que “no hay mejor persona que garantice los derechos de determinados grupos que las personas que los integran, que saben claramente qué hacer, qué necesitan, qué presupuesto”, entre otros aspectos para dejar atrás las desventajas y el contexto histórico de discriminación que han vivido.

Acompañaron a la Consejera Carla Humphrey, Teresa Hevia Rocha especialista en temas de género y Jesús Ociel Baena Saucedo, primera persona en América Latina, con identidad de género no binaria, en ocupar una magistratura en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes.

Plan B atropella a grupos beneficiados por acciones afirmativas

Durante el Conversatorio, la especialista en temas de género, Teresa Hevia Rocha, consideró que lo más grave del Plan B de la reforma electoral es que deja suelto y en manos de los partidos políticos cómo se elegirán los 25 espacios para grupos vulnerables, lo que en su opinión “es un atropello a los grupos que habían sido beneficiarios de las acciones afirmativas y deja a un lado la certeza”.

Por ello, la consultora independiente cuestionó “con qué criterios se asignará a cada grupo un número indeterminado de candidaturas, sin diagnóstico, sin homogeneidad, sin pautas rigurosas para la adscripción y sin la posibilidad de que refleje el tamaño, vulnerabilidad o grado de discriminación de cada grupo”.

Reforma no abona a la certeza de acciones afirmativas

Por su parte, Jesús Ociel Baena apuntó que una reforma electoral debe buscar aumentar espacios de representación, no ir hacia atrás. “Es decir, dar más espacios, no menos. Tener reglas más claras, no más oscuras, porque esto no abona al principio de certeza, que es uno de los principios fundamentales de los procesos electorales”.

Baena Saucedo insistió en que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad deben ser la base y el fundamento de todo proceso electoral, “pero no se notan en esta reforma. Es una reforma regresiva, hay que decirlo”, porque además ata de manos a las autoridades tanto administrativa, como jurisdiccional.

El Conversatorio fue moderado por la politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Lina Diazconti Ramírez, en representación de la Librería U-Tópicas.