Organizan Chile y México seminario sobre Acuerdo de Escazú

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2024.- La actividad forma parte de la cooperación entre ambas naciones, que pertenecen a la Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental (REDLAFICA).

El seminario virtual “Fortaleciendo el artículo 11 del Acuerdo de Escazú: intercambio de experiencia entre la Profepa y la SMA” fue organizado por la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) en conjunto con la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) de Chile.

El Acuerdo de Escazú busca garantizar los derechos de acceso a la información, participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en materia ambiental, en América Latina y el Caribe, para proteger el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un ambiente sano y a tener un desarrollo sostenible.

El encuentro se llevó a cabo el pasado 31 de julio, en el marco de las actividades establecidas por la REDLAFICA, respecto a la focalización de proyectos 2024; en particular, al eje de Monitoreo Participativo en Fiscalización.

Los principales hallazgos en torno a los pilares del Acuerdo, que ambas instancias han trabajado, y finalizaron una etapa de cooperación bilateral en el marco de sus compromisos con la Red.

El seminario estuvo moderado por Maxime Le Bail, coordinador de Profepa para la Red, y por Daniela Peña, coordinadora de Redlafica y jefa de la Oficina de Gestión Estratégica de la SMA.

Blanca Alicia Mendoza Vera, Procuradora Federal de Protección al Ambiente, destacó que “México y Chile han demostrado un liderazgo, un compromiso enorme para garantizar el acceso a la información ambiental, a la participación pública en la toma de decisiones y a la justicia en asuntos ambientales”. Aseguró que los trabajos deben continuar para garantizar la implementación efectiva del Acuerdo.

Por otro lado, Carlos de Miguel, titular de la división Desarrollo Sostenible y Asentamiento Humanos, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), comentó que “Es importante también que desde la Profepa y de la Superintendencia de Medio Ambiente cuiden uno de los aspectos relevantes del Acuerdo de Escazú y que es el foco en las personas más vulnerables. Muchos de ellos no llegan a las instancias que tenemos desarrolladas en los distintos países y hay que ir hacia ellos, involucrarlos desde el primer momento. Ese foco en las personas y grupos en situación de vulnerabilidad es uno de los focos centrales del Acuerdo de Escazú”.

Por su parte, Marie Claude Plumer, Superintendenta del Medio Ambiente de Chile y presidenta pro tempore de REDLAFICA, agradeció el trabajo que han realizado ambas agencias en esta materia. “Esto representa casi un año de trabajo en las presentaciones de cada uno de los países y de las agencias. Este es un trabajo que se hizo por los equipos acá presentes, por los funcionarios y funcionarias, con un compromiso muy importante, de hecho, una de las fortalezas que se identifican para ambas agencias es el compromiso de estos funcionarios y funcionarias, traducido en el compromiso de las agencias en avanzar en el estándar del Acuerdo de Escazú”. Además, Plumer, valoró la instancia de encuentro e intercambios de los países miembros de la Red en torno a Escazú.

Luego de las palabras de apertura, el seminario abordó el papel de las agencias fiscalizadoras en asuntos ambientales respecto al Acuerdo de Escazú. Daniela Peña planteó que, “si bien en este momento no se cuenta con una pauta exacta de cómo implementar el Acuerdo en las Agencias, ya se están realizando distintas acciones en cada país que se vinculan a los pilares del Acuerdo de Escazú, y donde la cooperación entre las partes es clave para avanzar en identificar las acciones que hacemos y se asocian al Acuerdo, así como las oportunidades para fortalecer las mismas”.

Maxime Le Bail explicó que este proyecto tuvo como partida levantar un diagnóstico de las acciones de ambas agencias e identificar retos y oportunidades para mejorar el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales, y estuvo conformado por 18 servidores públicos de 4 instituciones mexicanas y chilenas, quienes, entre junio de 2023 y mayo de este año, intercambiaron 9 sesiones de encuentros y redactaron 6 artículos. Todo este trabajo formará parte de un Informe final que se dará a conocer próximamente a la Red.

Se contó con la participación de Gabriela Munguía profesional de Profepa y de Maximiliano Ramírez de la SMA, quienes presentaron los avances centrados en: acceso a la información ambiental (artículo 5); generación y divulgación de la información ambiental (art. 6); participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales (art. 7); acceso a la justicia en asuntos ambientales (art. 8); defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales (art. 9); y fortalecimiento de capacidades (art. 10).

Al cierre de la actividad, tanto Profepa como la SMA presentaron un análisis FODA respecto al proyecto desarrollo.