Pide Coparmex establecer medidas claras para asegurar la continuidad de políticas en favor de la mejora regulatoria

20 de noviembre de 2024.- Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) destacamos la importancia de avanzar en la simplificación y digitalización de trámites, una medida clave para agilizar la atención ciudadana, reducir costos para las empresas y combatir la corrupción. Reconocemos, además, el interés del Gobierno Federal en impulsar estas acciones prioritarias.

Particularmente, celebramos las propuestas del Gobierno Federal encaminadas a la atención de casos concretos como son el proceso de apertura de negocios, la simplificación de trámites aduanales y fiscales, entre otros. Consideramos que un esfuerzo coordinado enfocado a reducir trámites, requisitos y tiempos de respuesta, pueden generar ahorros y mejoras para la población y las empresas.

También valoramos la intención de asegurar que la información y los medios de presentación de trámites estén siempre disponibles y sean de fácil acceso, minimizando así la discrecionalidad en la actuación de las autoridades. Sin embargo, para lograrlo resulta esencial que se asegure la armonización en los tres niveles de gobierno con el propósito de evitar duplicidad de requisitos, plazos incompatibles o cualquier otro elemento que suponga descoordinación e incertidumbre para los solicitantes.

Por ello, seguimos de cerca las propuestas de modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal enviadas al Congreso de la Unión, especialmente en lo referente a la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Observamos que esta nueva instancia desempeñaría un papel crucial en la política de mejora regulatoria vigente, ya que estaría facultada para presidir el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria y proponer al titular del órgano encargado de dicha política, asumiendo de facto un rol preponderante en su aplicación.

En línea con lo anterior, advertimos la intención de emitir una Ley General de Simplificación y Digitalización (LGSD) que reemplazaría a la Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR) vigente desde 2018. Nos preocupa que esta nueva ley suprima aspectos fundamentales de la política de mejora regulatoria actual, como la publicación de la Agenda Regulatoria, el Análisis de Impacto Regulatorio, la Consulta Pública y los Programas de Simplificación. Estos mecanismos son indispensables para una mejora regulatoria efectiva, ya que permiten una supervisión sistemática de los avances de las autoridades.

No debemos perder de vista que varios de los elementos que contempla la LGMR son parte de los compromisos que México asumió en el T-MEC, por lo que su eliminación o modificación podría afectar acuerdos vigentes con nuestros socios comerciales y generar roces a futuro en la renegociación del tratado. Esto resulta aún más relevante ante los próximos cambios de gobierno en Estados Unidos y Canadá.

México enfrenta grandes desafíos en materia de mejora regulatoria. Según el estudio B-Ready del Banco Mundial, nuestro país ocupa el lugar 16 de 50, con una buena calificación en la calidad normativa (puesto 9), pero con una muy baja puntuación en la facilidad de cumplimiento (puesto 30). Además, datos del INEGI muestran que el 28.2% de las empresas consideran el marco regulatorio como un obstáculo para el logro de sus objetivos, mientras que el 46% percibe que existe un aumento sistemático en las cargas administrativas que se les aplican, y un 83.1% de la población considera frecuentes los actos de corrupción.

Todo ello subraya la necesidad de fortalecer la mejora regulatoria y simplificación de trámites; más aún, nuestro indicador #GastoRegulatorio en #DataCoparmex muestra que el 56.5% de los socios COPARMEX han enfrentado algún problema para realizar trámites.

Apoyamos la simplificación y digitalización de procesos que está proponiendo el Gobierno Federal; sin embargo, vemos con preocupación la posible omisión de elementos esenciales de la política de mejora regulatoria que podría afectar de manera importante la competitividad del país.

Reafirmamos nuestro compromiso para impulsar una agenda de mejora regulatoria y competitividad que beneficie tanto a la ciudadanía como a las empresas. Creemos firmemente que un entorno regulatorio eficiente y transparente es esencial para construir un México más justo, próspero y competitivo.