SCJN declara inconstitucional la «Ley Bonilla»… ¿qué implica esto?

Con votación unánime, los 11 ministros de la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucional la llamada «Ley Bonilla», por lo que ésta quedará sin efecto y la gubernatura actual de Baja California tendrá una duración de dos años y no cinco.

Para entender qué implica la decisión de la SCJN, primero hagamos un resumen sobre qué es, cómo surgió y cómo entró en vigor la «Ley Bonilla»

Qué es la «Ley Bonilla»

El 2 de junio del 2019, Jaime Bonilla Valdez, candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ganó la elección para gobernador de Baja California; sin embargo, había polémica por el plazo que duraría su gubernatura.

Aunque en la convocatoria para registro de candidatos se establecía un periodo de cinco años,  dos meses antes de la elección, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el ganador de la elección gobernaría Baja California por dos años.

Ningún candidato apeló la decisión y, aún conociendo esto, decidieron seguir participando en el proceso electoral.

Una vez que Jaime Bonilla se supo ganador, desde el Congreso local de Baja California se comenzó a trabajar la llamada «Ley Bonilla», con la cual se cambiaba el plazo del gobernador que comenzaría su gestión el 1 de noviembre del 2019.

La «Ley Bonilla» se ajustaba para que Jaime Bonilla gobernara a Baja California durante cinco años y no dos, como lo había establecido el TEPJF.

Con votos de legisladores de Morena y del Partido Acción Nacional (los cuales fueron separados del PAN tras apoyar la iniciativa morenista), el Congreso de Baja California aprobó la «Ley Bonilla» y parecía que, con esto, Jaime Bonilla lograría quedarse en el gobierno del estado durante cinco años.

TEPJF, SCJN y la consulta ciudadana

Luego de la determinación del Congreso local, partidos opositores a Morena interpusieron recursos de inconstitucionalidad, los cuáles fueron recibidos en el Tribunal Electoral y la Suprema Corte.

El TEPJF validó el triunfo electoral de Bonilla, pero aclaró que antes de la votación se había establecido que el periodo de gobierno por el que Morena ganó era de dos años, aunque descartó pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la «Ley Bonilla» y dejó esa tarea a la SCJN.

En ese momento, la Suprema Corte no pudo intervenir, ya que la ley no estaba publicada en el Diario Oficial de Baja California.

Antes de hacerlo, se realizó una consulta ciudadana en la que se le preguntó a la población su opinión sobre extender el mandato de Bonilla; dicho ejercicio fue acusado de tener poca participación ciudadana, de hacer preguntas tendenciosas y de ser ilegal, de acuerdo con el INE.

Finalmente, el 17 de octubre del 2019 la Ley Bonilla se publicó el el Diario Oficial y entró en vigor al día siguiente.

Después de esa acción, los proyectos de incosntitucionalidad para impugnar la ley fueron enviados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

La determinación  de la Suprema Corte de Justicia sobre la «Ley Bonilla»

El PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano de Baja California, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), promovieron acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley Bonilla.

En dichas acciones, demandaron la invalidez de la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución de Baja California, publicada en el periódico oficial de esa entidad el 17 de octubre de 2019.

Ante esto, el ministro José Fernando Franco González Salas realizó una ponencia del proyecto para invalidar la Ley Bonilla.

El proyecto fue discutido en sesión remota este lunes 11 de mayo y aprobado de forma unánime por los 11 ministros de la SCJN.

¿Qué implica la determinación de la SCJN sobre la Ley Bonilla?

En principio, la Suprema Corte de Justicia determina que la Ley Bonilla carece de validez, por lo que la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución de Baja California debe ser corregido.

Esto implica que Jaime Bonilla no podrá gobernar durante cinco años y sólo estará en el poder dos años.

Sin embargo, existen recursos para apelar la determinación de la SCJN y la semana pasada se anunció que ya existía un equipo legal armando la defensa a la «Ley Bonilla», aunque luce complicado que una votación unánime pueda cambiar de proceder.